Alberto Fernández abrió su despacho de Olivos a la empresa Pfizer cuando aún no había iniciado las conversaciones reservadas con Vladimir Putin para comprar la vacuna rusa Sputnik V. Y seis meses más tarde la negociación continúa trabada con la compañía farmacéutica que ya vendió miles de dosis en Estados Unidos, Europa y ciertos países de América Latina.

Las diferencias son jurídicas vinculadas a la inmunidad legal, y todavía no hay un acercamiento que permita anunciar un acuerdo satisfactorio para ambas partes en conflicto. Y si finalmente hay contrato comercial entre la Argentina y Pfizer, llegarían a Buenos Aires una cantidad de dosis con escasa capacidad numérica para competir con el volumen de vacunas que Putin y Xi Jinping prometen desde Moscú y Beijing.

“Yo quiero la mayor cantidad de vacunas que podamos comprar para aplicar en la Argentina. Y de Pfizer también. Estamos en plena negociación y soy optimista”, repitió ayer el Presidente en su oficina de la Casa Rosada.

Alberto Fernández es protagonista en la inesperada batalla jurídica que enfrenta a Balcarce 50 con los cuarteles generales de Pfizer en Argentina y Estados Unidos. La compañía extranjera exige una protección legal que va más allá de la ley de Vacunas que las bancadas oficialistas aprobaron en Diputados y Senado. Pfizer considera que su articulo 4 -reformado por sugerencia de Graciela Ocaña- es confuso y pretende una nueva norma ad hoc.

El Presidente solicitó a Vilma Ibarra que negocie con los abogados de Pfizer y que encuentre una solución jurídica que proteja los intereses del Estado Nacional y a su vez satisfaga los intereses corporativos de la empresa farmacéutica. Ibarra junto a su staff de la Secretaría Legal y Técnica preparó un memo con tres opciones que Alberto Fernández leyó una y otra vez en su despacho de Gobierno.

Al final, el jefe de Estado se inclinó por una variable jurídica que fue remitida a los abogados que trabajan para Pfizer en Estados Unidos. Y esos abogados corporativos, en lugar de revisar la enmienda Ibarra, regresaron a sus conocidos planteos: una nueva ley, sí o sí. No les alcanzaría con una cláusula en el contrato, y menos todavía con un artículo específico en la reglamentación pendiente de la ley de Vacunas.

Alberto Fernández recibió a las autoridades de Pfizer en la quinta de Olivos

Alberto Fernández ya conoce la respuesta informal de Pfizer, pero instruyó a Ibarra para que continuara las negociaciones. La secretaría Legal y Técnica junto al consejero jurídico de González García prepara un nuevo encuentro reservado con Pfizer que sería en enero de 2021.

“No los entiendo: me pidieron los voluntarios, me pidieron la ley, me pidieron las instalaciones del Ejército. Le dimos todo. Y están pagando mal. La verdad estoy desilusionado con Pfizer”, dijo el Presidente en Balcarce 50.

Alberto Fernández mastica arena con Pfizer, pero aún es optimista. Se trata de una posición política que apunta a tener la mayor cantidad de dosis posibles, y a evitar que en Estados Unidos y Europa se asuma que la Casa Rosada se plegó como aliado táctico de Rusia y China en la batalla que libran contra Occidente por los eventuales éxitos geopolíticos y comerciales de sus vacunas.

En este contexto, en Gobierno causó cierto desagrado que ayer Ginés González García apuntará contra Pfizer. El ministro no estaba jugando a policía bueno-policía malo con el Presidente, y sus declaraciones rozaron las negociaciones complejas que aún se mantienen para lograr 1.500.000 dosis de la compañía farmacéutica de los Estados Unidos.

“No entendemos por qué tienen tantas exigencias, pareciera que no le tienen fe a la vacuna”, gatilló González García sin haber recibido una instrucción presidencial que avalara ese movimiento contra Pfizer.

El ministro de Salud está convencido de su perspectiva sobre el contrato que se negocia con Pfizer. Pero esa posición enfrenta la estrategia global de Alberto Fernández. El Presidente optó por callar y ni siquiera envió un whatsapp a su amigo y compañero de militancia. No quiso abrir un nuevo frente interno a pocas horas de iniciar la aplicación de la vacuna Sputnik que llegó a cuenta gotas y sin autorización legal para su uso en mayores de 60 años.