Según el canciller Felipe Solá ya se repatrió al 90 por ciento de los 200 mil argentinos varados en diferentes puntos del mundo. Cada semana, la Cancillería, en coordinación con los ministerios de Transporte, Interior, Salud, Defensa y Seguridad, repatrían a 400 argentinos en los vuelos que realizan Aerolíneas Argentinas, la Fuerza Aérea, el Ejército y compañías privadas.

Oficialmente se informó que quedan alrededor de 20 mil personas por regresar al país, aunque esa cifra es de referencia, porque "se suman constantemente otros argentinos", indicó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en su reciente visita a Salta. Los que se suman son compatriotas que perdieron su trabajo, estudiantes que estaban en becas o jóvenes en programas de trabajo.

La llegada de los repatriados a Salta, que habían quedado varados en el exterior o dentro del mismo país, atravesó diferentes etapas. Primero llegaron en vuelos, micros comerciales y luego en colectivos que se alquilaban por grupo. Allí comenzaron los repudios de los vecinos; sin embargo, la repatriación se mantenía.

El episodio del trabajador golondrina que habría viajado de polizonte en un colectivo, desde Río Negro, fue la gota que rebalsó el vaso y el gobernador Gustavo Sáenz decidió interrumpir la llegada de micros de larga distancia. La restricción se mantuvo por pocos días, luego continuaron llegando colectivos, con más controles.

Los que debieron pasar por mil peripecias hasta llegar a sus casas, en vez de sentir alivio al cruzar el expeaje de Aunor, comenzaron con otra "pesadilla": el hostigamiento de los vecinos. Cada repatriado tiene derecho a regresar a su domicilio, la única obligación que el Estado le impuso es guardar estricta cuarentena. "No deben salir ni a comprar", indicó el fiscal federal Ricardo Toranzos, cuando inició el debate por los repatriados.

La discriminación por "sospechoso de portar el virus" tuvo como uno de sus blancos de ataques nada menos que al personal de salud, al que se le colgaban carteles pidiéndole que se fueran de sus casas. Incluso, algunos tuvieron que mudarse por el hostigamiento. Pero ahora esa discriminación alcanza a cualquiera que regrese a su casa.

En los últimos días, el Inadi alertó que aumentaron 40 por ciento las consultas por discriminación a repatriados. "Primero comenzó con personas de origen asiático, luego las consultas fueron por el personal de salud. En las últimas semanas se dieron fuertemente casos de discriminación a personas que fueron repatriadas, que la cuarentena las encontró viajando o haciendo alguna actividad particular", explicó Gustavo Farquharson, titular del Inadi en Salta.

Los ejemplos en Salta comenzaron de a poco, y en los últimos días los episodios se multiplicaron. En barrio Unión un colectivo de Saeta que se disponía a dejar a ocho repatriados en sus casas fue apedreado.

En zona sur, B.G. (no quiere dar su nombre por temor a represalias) llegó a la casa de su madre que le cedió la vivienda para que realizara la cuarentena obligatoria. Llegó escoltada por la policía y apenas llegada, comenzó a sufrir durante varios días amenazas e insultos. "Si salía a recibir la comida que me venían a traer me insultaban, me decían que me iban a quemar la casa, me apedreaban por la noche, y que debía haber pedido permiso", contó.

Lo mismo le advirtieron sus vecinos a Lucía Dapueto, de 31 años, cuando recibió a su mamá esta semana, que llegó desde Buenos Aires. La enfermera de 53 años había quedado varada porque se fue a entregar las llaves de su casa que alquiló, para finalmente mudarse con su hija en Salta.

Lucía fue a buscar a su mamá a la terminal de ómnibus, pero le dijeron que la llevarían hasta su casa, en inmediaciones de la plaza Alvarado. "La esperé con guantes y barbijo. Llegó en un colectivo de Saeta escoltado por patrulleros. Eso se hace como un circo que alerta más a la gente", advirtió Lucía.

Los modos

Las formas de repatriación son uno de los cuestionamientos. Aseguran que alimenta el miedo de las personas al llegar con varios móviles policiales, ambulancias y hasta efectivos vestidos "como astronautas".

Cuando la mamá de Lucía entró a su departamento comenzaron a llegar las quejas: "Me llamó el administrador y me dijo que le tenía que haber avisado que llegaba una persona y me dijo que todos los vecinos habían comenzado a llamar por teléfono preguntando quién era y cómo había llegado", contó. Lucía envió por WhatsApp el certificado de salud con el que su madre había atravesado los "varios controles" en la ruta hasta llegar a Salta. "Les tuve que dar más explicaciones que a la policía", dijo.

La joven señaló que entiende el miedo, pero "ya es paranoico, además no es un edificio, es un PH, entonces el único lugar en común es la entrada", advirtió. Las explicaciones a los vecinos cesaron, y los saludos también, "no me contestan ni el buen día", contó Lucía que pidió "informar más a la gente y tener protocolos de llegada menos exagerados" para evitar la estigmatización.

El caso de la estudiante que volvió de Tucumán a su casa en Chicoana y que llegó hasta ser amenazada por redes sociales, a pesar de que tenía certificados sanitarios y pasó por cinco controles en la provincia vecina y quince en territorio provincial, es otro episodio de los que se registraron.

El Inadi emitió un comunicado oficial en el que indicó que las agresiones, a través de las redes sociales, van desde insultos a amenazas de muerte.

En la Justicia hasta el momento no se registraron denuncias formales, pero señalaron que si se tiene que denunciar el hostigamiento contra los repatriados.

Gustavo Farquharson analizó que esto sucede por "desconocimiento, porque en realidad se esconde el miedo a poder enfermarse. También falta de empatía, compromiso y solidaridad", indicó el funciario que además pidió que los mandatarios sean concientes y acompañen. "Que no manden a hacer una caza de bruja y estigmatizar", solicitó.