A más de dos meses de que una médica denunciara que la amenazaron por negarse a atender a una paciente que llegaba desde Tarija, Bolivia, los centros privados pidieron mayor seguridad. Aseguran que este es el caso de mayor relevancia, pero que los episodios violentos que sufren los trabajadores de la salud son una constante.

"La Asociación elevó una nota al Ministerio de Salud en la que le solicitamos que interceda ante el Ministerio de Seguridad para que la Policía ponga guardias en los sanatorios por estos casos", indicó Mariano Abdo, flamante presidente de Aclisasa (Asociación de Clínicas y Sanatorios de Salta).

No solo extranjeros

Si bien la denuncia que llegó a la Justicia fue a raíz de un episodio con una ciudadana boliviana y su familia, se advierte que las rispideces se dan también en la atención con residentes salteños.

Las consultas o estudios que no son de urgencia comenzaron a regularizarse luego de varias semanas en las que la atención ambulatoria estuvo restringida por el aislamiento social. La pandemia provocó que se acumularan demandas, que comenzaron a ser atendidas bajo los protocolos sanitarios que impone la situación epidemiológica.

Pero las nuevas disposiciones provocan enfrentamientos entre pacientes, sus familiares y el personal sanitario. "En muchos casos, los familiares no entienden que no pueden ir a las instituciones de salud como antes, por el distanciamiento social. En las salas de espera no puede haber gente", indicó Abdo.

Pero los enojos no surgen solo de la limitación en la cantidad de personas que pueden permanecer en un espacio, sino también a raíz de la administración de los turnos. "Estuvimos un mes sin atención y hubo una demanda contenida. Ahora comenzaron a darse turnos, pero con intervalos de 30 minutos entre una consulta y otra. Es el tiempo que se necesita para higienizar las herramientas de trabajo del médico", explicó el ingeniero industrial.

Desde la asociación que nuclea a 9 clínicas y 1 centro médico privado, se indicó que la solicitud responde a la necesidad de adelantarse a hechos que pueden ser más graves y que la medida llevaría calma para que los trabajadores sanitarios realicen su trabajo. "Estamos solicitando que se vaya evaluando esto. En otros países se vio la molestia y se tuvo que trabajar mancomunadamente la seguridad y salud. Ojalá no lleguemos a eso, pero no podemos no tenerlo evaluado", advirtió Abdo.

El caso de la médica

El primer episodio de inseguridad que se conoció públicamente ocurrió a principios de mayo. Una médica, que además es propietaria de una clínica privada, recibió una solicitud de médicos bolivianos que le pedían trasladar a una paciente desde Tarija para un estudio de rutina. Ante la disposiciones por la pandemia y, en conocimiento que dicha ciudad es considerada zona roja, la profesional negó la atención y alertó a autoridades sanitarias y centros médicos sobre la posible llegada de la mujer. La paciente había sido atendida en otra oportunidad en el centro médico privado mediante el PAMI ya que tiene la doble nacionalidad.

Pese a la negativa, la paciente llegó junto a su familia durante la madrugada "en dos autos sin patente" al San Bernardo. En el hospital no los atendieron, por lo que a la mañana siguiente se presentaron en la clínica donde trabaja la médica que, si bien se había negado, finalmente atendió a la mujer. Sin embargo, dispuso que sus familiares no ingresaran al centro médico, como manda el protocolo. Entonces comenzó la agresión. "Dijeron que me iban a violar, que me iban a encontrar muerta", contó la profesional.

Denuncian faltante de insumos

“Estamos con problemas para conseguir insumos”, indicó Mariano Abdo, presidente de Aclisasa (Asociación de Clínicas y Sanatorios de Salta).
Abdo contó que a la escasez de barbijos, que de “98 centavos pasaron a $76”, se suma el encarecimiento de los guantes de látex. “Los guantes de examinación, los guantes descartables, por caja estaban a $400. Ahora están a $1.200”, indicó. Los barbijos bajaron de precio, ahora se pagan entre 18 y 20 pesos.
El ingeniero industrial agregó que los centros privados tampoco recibieron “ningún respirador extra” a los que ya tenían.
Abdo, que preside el organismo que reúne a 9 clínicas y 1 sanatorio privado, señaló que la semana pasada pidieron una reunión con el Ministerio de Salud y el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, para tratar estos temas. “Hasta el momento no tuvimos respuesta”, aseguró.