La pandemia develó que el sistema sanitario entra en crisis ante situaciones que lo ponen a prueba. Si bien las críticas al sector público eran comunes, el privado quedó ahora también bajo la lupa.

La peregrinación de los pacientes con síntomas de COVID-19 que no encuentran atención a pesar de contar con cobertura médica es la punta del iceberg de un sistema sanitario deficitario que muestra su peor cara cuando más se lo necesita. Los pacientes que buscan respuestas terminan siendo rehenes de un mecanismo que apenas conocen, pero que deja a las obras sociales en el ojo de la tormenta.

Hace años que los hospitales públicos esperan que los privados les paguen por la atención a sus afiliados bajo cálculos totalmente desactualizados, publicó El Tribuno.

"Entre el 35% y 40% de las prestaciones que proveen los servicios públicos son recibidas por habitantes que tienen un seguro de salud", indica un proyecto de ley que elaboró el gerente del hospital Arturo Oñativia, Marcelo Nallar, junto a la exsenadora Sonia Escudero. El proyecto tiene por objetivo intentar que las obras sociales y prepagas se hagan cargo de la atención que recibieron sus afiliados en los nosocomios estatales y aún no fue presentado por ningún legislador nacional.

En 1993, mediante la ley 573, se creó la figura de los hospitales de autogestión para que no dependieran solo de los aportes estatales y percibieran además fondos del sistema privado. La idea era mejorar la calidad de atención para las personas de bajos recursos.

El sistema no funcionó bien porque costaba que los hospitales le cobren al sistema privado por los servicios. En 2000, mediante el decreto 939, se introdujo a la Superintendencia de Servicios de Salud para que ayude a gestionar los cobros.

Sin embargo, desde esa fecha no se logran avances y el cálculo de las prestaciones que deben pagar los privados a los hospitales públicos no se actualiza desde el 2011.

A raíz de que el Gobierno presentará un amparo para que las clínicas atiendan a los pacientes con síntomas COVID-19, hubo una reunión. “Les pedimos que individualicen las clínicas porque no somos todas”, advirtió Mariano Abdo , presidente de Aclisasa. Además se convino que el Gobierno los ayudará con respiradores y gestiones para poder ampliar la capacidad de atención. 

"Cobramos hasta 15 veces por debajo de los costos de la práctica y, si llegamos a cobrar, es meses después, por lo que ni se llega a cubrir los servicios de anestesistas, que son los más altos", contó Marcelo Nallar. En el último mes, en el hospital Oñativia se atendió a un 67 % de pacientes sin obra social, un 14% con Profe y Sumar y un 19% con obras sociales.

Con respecto a la situación actual, Nallar indicó que hay "culpas compartidas" entre las clínicas por "no haberse sentado antes a conversar y así quedar al margen de la pandemia. Las obras sociales están cómodas, derivando a sus pacientes al sector público y así pagando muy por debajo de los costos de lo que cuesta un enfermo. A las clínicas le quieren pagar por un paciente COVID como si fuera un paciente común", resaltó Nallar. La atención de una persona con coronavirus es mucho más costosa ya que un kit de bioseguridad, por ejemplo, sale $2.400.

"Luego de décadas de aportes, este es el momento en el que los servicios deben ser volcados en sus afiliados, no en hoteles en Mar del Plata, ni en congresos. Si no tienen, la Justicia debe intervenir para ver qué hicieron con la plata. Es un subsidio, están sacando fondos para financiar a las obras sociales nacionales", advirtió el gerente.

Sobre la situación en la que quedarán los hospitales, el médico indicó que "no pueden quebrar", pero sí "van a bajar la calidad de las prestaciones".