Este sistema consiste en que se realice una sola audiencia para definir la sanción, notificación de la sentencia en un plazo no mayor a 48 horas y además, que se publique el nombre y apellido de los infractores en el Boletín Oficial.

“Es un proyecto que tiene como objetivo evitar dilaciones y realizar un trámite urgente para dar cumplimiento al cobro de las infracciones por fiestas clandestinas. Sabemos que esas fiestas son los eventos que más ponen en riesgo a nuestra población”, sostuvo en Radio Pacífico la concejala Frida Fonseca, autora de la ordenanza.

Lo que más causó polémica fue la idea de que se publique nombre y apellido de los organizadores en el Boletín Oficial, como una especie de “escrache”. “Todas las sentencias son públicas, esto es una premisa legal, de modo que publicar en el Boletín Oficial el nombre de estas personas no viola ninguna normativa”, aseguró Fonseca.

En últimos informes que realizó el Tribunal de Faltas se puede ver que hay locales o personas que tienen entre 8 y 9 infracciones. La multa por la realización de una fiesta clandestina es de $180.000 y esa suma se duplica si se reincide. “El tema es que si no se cobra efectivamente las multas es en vano todo el esfuerzo que se hace. Lo que falta es un convenio que debería celebrarse entre el municipio y el área de la policía de la provincia para que cuando se detecte una fiesta se dé parte a los inspectores para que vayan y hagan la infracción”, expresó la edil.