El decreto nacional que prohíbe las reuniones sociales y familiares levantó ayer críticas de juristas y resistencias en las provincias.

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó severamente el decreto del Gobierno nacional que prohíbe las reuniones y encuentros sociales en todo el país y aseguró que esa legislación refleja "un desconocimiento total del derecho penal".

En tanto, la provincia de Corrientes adelantó que no impondrá la prohibición de reuniones sociales, mientras que San Juan y San Luis analizan el texto del DNU para tomar una postura, aunque son reticentes a incrementar las restricciones a su población.

"Está estrictamente prohibido legislar a través de un decreto de necesidad y urgencia en materia penal", explicó Sabsay, quien comentó que la decisión del Poder Ejecutivo rompe con el principio de legalidad.

Además, debido a que el decreto del Gobierno contempla la enmarcación de los encuentros sociales como delitos ya existentes en materia de salud pública, remarcó: "No se puede legislar por analogía".

En ese sentido, el Gobierno argumenta que no se está legislando, sino que se está remitiendo, por decreto, esas conductas delictivas a un juez.

Sabsay consideró "una barbaridad" esta idea, ya que explicó que los jueces solo pueden interceder en el caso de que exista un delito: "Lo que están diciendo refleja un desconocimiento total del derecho penal".

El experto en derecho constitucional incluso cuestionó la idea de que una prohibición semejante pueda ser tomada por el contexto de emergencia que rige en la pandemia.

"El estado de emergencia no puede arrasar con el estado de derecho. Eso lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", sostuvo en declaraciones radiales.

Discrepancias

No todas las provincias apoyan el decreto presidencial, sobre todo en distritos sin circulación del virus.

Por caso, el Gobierno de Corrientes del radical Gustavo Valdés afirmó que se mantendrán los encuentros familiares y sociales, mientras que en pagos peronistas menos comprometidos que el resto del país, como San Juan y San Luis, las administraciones de Sergio Uñac y de Alberto Rodríguez Saá analizan la letra chica.

"Estamos evaluando los alcances del decreto, aunque sería óptimo continuar como hasta ahora", dijo el gobernador sanjuanino.

El distrito cuyano es el de menor cantidad de contagios, y avanzan en el plano social hacia la nueva normalidad. También desde la gestión puntana mencionaron que el Comité de Crisis discutía la situación y se esperaban definiciones.

En Corrientes, en tanto, fueron más taxativos. El ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, indicó que la norma deja a salvo excepciones, "en las que Corrientes funda la decisión de no prohibir las reuniones sociales".

El funcionario agregó: "Nosotros estamos en una situación sanitaria buena, sin circulación viral comunitaria; no hay razones para suspender las encuentros sociales y familiares".

El decreto deja márgenes abiertos que pueden parecer contradictorios, ya que no hay prohibición para la apertura de bares y restaurantes que rige en una buena cantidad de distritos.

En Catamarca, el ministro de Seguridad, Hernán Martel, confirmó que los locales gastronómicos se mantendrán abiertos y que al mismo tiempo se suspenderán las reuniones sociales y familiares.

Proyecto de repudio

El diputado de Juntos por el Cambio Álvaro de Lamadrid presentó ayer un proyecto de declaración para repudiar el decreto del presidente Alberto Fernández que prohíbe las reuniones sociales en todo el país, al considerar que la medida es “desmesurada e inconstitucional.
Expresamos nuestro repudio al decreto presidencial que dispone la prohibición en todo el país de reuniones sociales e instamos al presidente de la Nación a revisar y levantar esta medida que atenta contra las libertades de todos los argentinos”, indicó el proyecto del legislador radical.
Además, De Lamadrid resaltó su inquietud por los casi 150 días de aislamiento y las consecuencias económicas, sociales, psicológicas y emocionales en la población.
 

Qué es lo que prohíbe el texto presidencial

La prohibición para las reuniones sociales en todo el país a partir de ayer abarca eventos públicos o privados con hasta diez concurrentes, y reuniones en casas familiares con cualquier tipo de número de personas más allá de los convivientes.
Según los detalles del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que fue publicado en el Boletín Oficial, quedan prohibidos en todo el territorio nacional los “eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a 10 personas”.
Asimismo, no están permitidos los “eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente”.
Además, se señala que las infracciones deberán ser denunciadas “por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal”.
En el decreto se advierte que gran parte de la propagación del coronavirus se produce “debido a la realización de actividades sociales en las cuales no se respeta el distanciamiento social y es mayor el riesgo en las aglomeraciones de personas, principalmente en lugares cerrados”.