Ayer, el Gobierno informó que el fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, presentó una acción de amparo para que las clínicas, sanatorios y hospitales privados tomen todos los recaudos para atender a los pacientes que se presenten con síntomas de coronavirus.
El juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, hizo lugar a la medida cautelar y ordenó que las instituciones privadas de Salta prioricen la atención de pacientes con COVID-19, y atiendan cuestiones médicas esenciales.
Por lo tanto, el sistema sanitario privado se deberá abstener de derivar automáticamente a los hospitales públicos a los pacientes afiliados de obras sociales con sintomatología compatible con coronavirus.
Malestar de las clínicas
Anoche, el sector privado de la salud hizo circular un comunicado en el que rechazaron las actuaciones del Gobierno y la Justicia.
Las empresas, que firmaron la nota como "Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Salta", se dirigieron al gobernador "en relación a las versiones periodísticas que nos imputan falsamente desinterés e indiferencia por pacientes de COVID-19 y que lo han determinado a la presentación de una acción judicial tendiente a obligarnos a que cumplamos con el deber de asistencia médica".
“El gobernador dio instrucciones para tomar una acción judicial frente a una actitud de poca solidaridad ante la situación que estamos viviendo”. (Agustín Pérez Alsina)
"Consideramos necesario informar a la comunidad de Salta que, a la fecha, el sistema privado de salud se encuentra prácticamente colapsado por la expansión de la pandemia, lo que se traduce en la ocupación plena de las camas para internación, como también en la saturación de consultas por guardia y por vía telefónica vinculadas con la patología que nos afecta transversalmente", expusieron.
Además, se quejaron por no recibir ayuda económica estatal para hacer frente a la mayor demanda de atención como consecuencia de la pandemia: "Pusimos desde el primer momento nuestra infraestructura a disposición del Gobierno provincial. Es por ello que un alto porcentaje de los casos vinculados al coronavirus han contado con respuesta eficiente en el servicio de salud privado, el que no ha recibido auxilio económico alguno. Por el contrario, información oficial ha divulgado que el aparato estatal se ha visto beneficiado con la inversión de $2.000.000.000".
Finalmente, consideraron que la Justicia no puede obligarlos "a cambiar una realidad que habla de: aumento del costo de manera exorbitante en medicamentos, material descartable, oxígeno, la existencia de vacantes de toda la rama del personal de salud abocada a la atención de pacientes con patología COVID-19 y su expansión a niveles con duplicación de la cantidad de contagios prácticamente todas las semanas".
