Con la expectativa de lo que puede ocurrir en Tartagal tras el registro del primer paciente con COVID-19, del que no se sabe, aún, cómo adquirió la enfermedad, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de la Provincia, Ricardo Villada, visitó la redacción de El Tribuno y brindó un panorama sobre cómo se empezó a trabajar en la frontera con Bolivia, entre otros temas.

¿Qué es lo que pasó con el médico de Tartagal que dio positivo con COVID-19? ¿Cómo se contagió?
Lo primero que se hizo es la identificación de todas las personas que tuvieron contacto con él, que son aproximadamente 25, a las cuales ya se les hizo el hisopado, con lo cual ahora tenemos que esperar los resultados para tener más certezas respecto a cuál ha sido el impacto y si eventualmente generó contagio en otras personas. Se está trabajando para la determinación de la raíz del contagio, su esposa también es médica y ellos dicen que no han salido de la ciudad de Tartagal, pero sí sabemos que atienden a muchas personas que vienen de Bolivia, en particular de Yacuiba. Bolivia está viviendo una situación muy particular, el lunes pasado tuvieron más de 1.100 casos en un solo día, que es equivalente a que Argentina tuviera 6.000 casos en una jornada, por lo tanto, el impacto es muy importante y entendemos que tiene que haber sido por ahí la raíz, pero de todas maneras el área de epidemiología está haciendo todo estos estudios y los seguimientos pertinentes.

Ya sea que el contagio haya sido en Bolivia o a través de pacientes de ese país, que son las hipótesis que se manejan, es preocupante el tránsito que existe en la frontera...
Sin dudas que nos preocupa y, por eso, además de preocuparnos, el gobernador se ha ocupado en establecer medidas que parecen muy duras pero que requieren una firme decisión como fue la de solicitar al Gobierno nacional que el Ejército despliegue efectivos a los fines de garantizar mayor control en una frontera, que es muy extensa. La gente no es que cruza por el paso habilitado, cruza por decenas de pasos que son ilegales y lo hacen simplemente caminando y en eso la Gendarmería, que está haciendo un esfuerzo muy importante, no daba abasto para controlar, es necesario desplegar recursos, hacer un control aéreo en la zona, hacer una vigilancia en el monte y que mejor que el Ejército para esa tarea.

¿Y cómo realizará específicamente el Ejército ese trabajo ya que existe un límite constitucional para su actuación?
Siempre la intervención del Ejército, y esto ha quedado absolutamente claro en los diálogos con el Presidente y todos los ministros nacionales que participaron de esto, es en el marco de la legislación que nosotros tenemos. El Ejército no puede intervenir en cuestiones de seguridad interior, por lo tanto va a trabajar coordinadamente haciendo la vigilancia de la frontera en el marco que establece su competencia como defensa, pero no va a intervenir y en todo caso de manera coordinada será la Gendarmería y las fuerzas de seguridad provinciales las que van hacer las intervenciones en caso de que sea necesario. Creemos que la propia presencia del Ejército en la frontera ya es disuasiva para quienes pretenden ingresar de manera ilegal al país.

Por el cierre de la frontera en Salvador Mazza y la situación de Tartagal que volvió a fase 1 de cuarentena, como lo estuvo Orán también, ¿se está pensando en alguna ayuda especial para vecinos de esas localidades?
Desde el comienzo de esta situación, el Gobierno nacional fue arbitrando recursos para poder contribuir y ayudar económicamente al pago de salarios, de contribuciones y excepciones de determinados tributos y, en ese marco, el Gobierno provincial permanentemente está en diálogo con los diferentes sectores también para construir soluciones. Hemos generado líneas de crédito a tasa cero y una serie de ayudas. Sabemos que estar en esta situación de emergencia desde el 20 de marzo es complicado para todos los sectores económicos.
Más que nada me refería a la gente que no está contenida en ninguna empresa, la que no tiene un trabajo formal. Una dimensión de esa precariedad se pudo ver a principios del año pasado, cuando el Gobierno nacional intentó controlar a los bagayeros y no pudo avanzar por las nefastas consecuencias sociales que esa medida iba a generar. 

¿Cómo se va a atender a esa población vulnerable?
Se la viene atendiendo a través del ingreso familiar de emergencia (IFE), con el refuerzo de las asignaciones que da el Gobierno nacional; nosotros también con la emergencia sociosanitaria que se declaró para el norte de la provincia estamos repartiendo mensualmente más de 40 mil módulos alimentarios en la zona. Se ha desplegado todo el programa de tarjetas Alimentar donde hay un número importantísimo de beneficiarios. La verdad es que se está haciendo una inversión desde lo social muy importante, pero igual sabemos que la situación es muy complicada.

El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, dijo en una entrevista radial (en CNN Radio) que hay dos mil personas que quieren volver a Salta y que desearía que no vengan quienes no son familiares, ¿usted considera lo mismo?
Obviamente que no. Todas las personas que son de Salta y que tienen domicilio en la provincia tienen derecho a volver. Es importante que ese retorno se haga de acuerdo a protocolos que no pongan en riesgo a la gente que vive en la provincia, donde no tenemos una situación epidemiológica en la que esté circulando el virus como ocurre en otras provincias. Lo que hemos planteado es una serie de medidas. El salteño que quiera retornar, que venga de zonas donde hay circulación, debe hacerse un análisis PCR que debe dar negativo para que pueda retomar. A su vez, cuando retorne ya sea que venga de zona con circulación o sin ella tiene que ir a aislamiento centralizado, a hoteles que paga el Gobierno durante 14 días para garantizar que esa persona realice la cuarentena como tiene que ser. Eso lo que hace es determinar una cantidad de gente que puede volver a la provincia. Es decir, la cantidad de gente que vuelve a la provincia va tener que ver con la cantidad de camas que se va desocupando.

¿Cuál es el límite operacional?
Aproximadamente tenemos una disponibilidad de 1.200 camas y diariamente hay una liberación de unas 100 camas. Es decir que nuestro tope es de 100 a 150 personas que podemos recibir por día.

¿Cuántos empleados de la Provincia se sumaron al fondo solidario que anunció el gobernador para las medidas de prevención contra la pandemia?
Todo el personal de planta política aporta mensualmente a un fondo solidario. No sé exactamente la cifra, pero más de 10 millones de pesos se han invertido en el sistema de Salud solamente de recaudación económica y también hemos recibido una gran cantidad de elementos; nos han donado alcohol en gel, telas para barbijos, alimento y una serie de elementos que se han reunido con este fondo solidario que se llama Codo a Codo. Entre otras cosas, hemos adquirido camas e insumos de protección personal para el sistema de salud.

¿El fondo continúa?
Sí, exactamente igual.

Los últimos datos del mercado laboral de Salta capital y alrededores que brindó el Indec sobre el primer trimestre del año, en prepandemia, son nefastos: había 32 mil desocupados y el trabajo en negro ronda el 45%, ¿cómo se va atacar ese panorama que ya era catastrófico y se supone que empeoró en los últimos meses?
Apenas asumió, el gobernador dijo que había que poner en marcha un sistema productivo que estaba absolutamente dormido y que no había sido apoyado en muchos casos, como a una gran cantidad de productores que tenían la capacidad de producir en vez de en 50 hectáreas en 500 hectáreas, industriales que podían duplicar y triplicar la producción, tenemos muchos ingenios que pueden producir más alcohol, pero nunca fuimos a pelear a Nación ese cupo que Salta se merece. Nos propusimos hacer una gran cantidad de cosas, pero en el medio nos encontró esta pandemia que paralizó buena parte del aparato productivo. Tenemos una firme decisión de generar mayor certeza en el ámbito minero y por eso hemos firmado un convenio con Catamarca para que no tengamos más controversias en la zona del Salar del Hombre Muerto y poder avanzar y generar más inversiones y un marco de industrialización. Hablamos con los sectores madereros, hemos empezado a trabajar sobre una acería que se va instalar en Güemes. Hay muchas cosas que nos planteamos hacer para transformar la realidad productiva de la provincia porque entendemos que la única solución para el empleo informal y el desempleo es permitir que el vigor productivo que naturalmente tiene nuestra provincia se ponga en marcha.