El Gobierno nacional reglamentó, a través de la Resolución 566/2023, el mecanismo a través del cual los usuarios del transporte público podrán renunciar al subsidio del Estado y así pasar a pagar una tarifa completa de 700 pesos.

No se espera que la medida tenga una adhesión significativa, dentro de un contexto de alta inflación, aumento de la pobreza y pérdida de poder adquisitivo de los salarios, pero aquellas personas que voluntariamente quieran dejar de ser beneficiarios del subsidio, podrán informar al Gobierno nacional y así sumar su “grano de arena” para reducir el déficit fiscal.

En concreto, en el artículo 1 la normativa establece un mecanismo para que los usuarios de los servicios públicos de transporte por automotor y ferroviario de pasajeros que así lo deseen, puedan manifestar su renuncia a los subsidios que el Estado Nacional a través del Ministerio de Transporte viene destinando para compensar la tarifa de dichos servicios.

“A los efectos de dicha renuncia, los usuarios deberán completar un formulario con carácter de Declaración Jurada, que permitirá que los mismos abonen la tarifa plena de tales servicios mediante el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)”, señala la resolución.

En tanto, aquellas personas que habitan en zonas en las que no se ha implementado la SUBE, podrían manifestar su renuncia voluntaria al subsidio al momento de comprar el boleto correspondiente.

En Buenos Aires, las personas que renuncien al subsidio deberán pagar un valor cercano a $700 por los pasajes de colectivo y a $1.100 en el caso de los boletos para viajar en tren.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 3, los usuarios que renuncien voluntariamente al subsidio pasarán a pagar tarifa plena justo después de haber llenado la declaración jurada. El diseño del formulario estará a cargo de la Nación Servicios Sociedad Anónima.

El Gobierno invitó a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a los municipios a adherir a la resolución.

El objetivo de la medida implementada por Nación y a la que espera que adhieran las provincias, es reducir el gasto en subsidios. De acuerdo a los datos de ejecución presupuestaria, en el primer semestre el Estado destinó $188.000 millones a subsidiar el sistema de transporte.

Se debe tener en cuenta que el impacto de un usuario renunciando al beneficio será diferente de acuerdo a la zona del país en la que se encuentre. Según un informe del Ieral, mientras el AMBA recibió en el primer semestre del año un subsidio en torno a 48 mil pesos por habitante, la asignación para el resto de la provincia de Buenos Aires fue de $133 per cápita.

En el NOA, en tanto, las transferencias fueron en promedio de $600 por habitante para La Rioja y Santiago del Estero. Es decir, que el AMBA recibió 80 veces más por persona que esas dos provincias del noroeste argentino. Fue algo menor la diferencia con Tucumán y Salta, donde las transferencias se ubicaron en torno a los $2.000 por habitante.

No es muy diferente la situación del NEA (Noreste). En términos per cápita, se observan mayores fondos asignados a la provincia de Corrientes y Chaco ($950 en el primer semestre aproximadamente), en contraposición a la provincia de Formosa, que recibió $607 en el semestre. Las participaciones relativas de los fondos recibidos respecto del total nacional no presentan diferencias significativas entre el primer semestre 2023 e igual período 2022, salvo para el caso de Misiones, cuya participación cayó 0,3 puntos porcentuales en el corriente año respecto igual semestre del año anterior.

En Cuyo, mientras que en Mendoza recibió $1.109 por habitante, en San Luis la cifra ascendió a $1.273 y en San Juan a $3.186, siempre referidas al primer semestre. Por otro lado, si se compara las participaciones relativas de los fondos recibidos, con lo acontecido en el primer semestre del año 2022, se encuentra una reducción en la participación de la provincia de Mendoza, que en 2022 recibía 2,1% de los fondos totales, mientras que en 2023 esa participación cayó al 1,2%.

La Patagonia es la región que recibe menos recursos asignados a este servicio en términos nominales. No obstante, medido en términos poblacionales, Neuquén percibió $1.487 por habitante en el primer semestre, mientras que Santa Cruz apenas recibió $14 por habitante en ese período.