Lo había anunciado Mauricio Macri tras la devaluación y la derrota electoral en las PASO, el miércoles por la mañana, pero durante el resto de la jornada se produjeron entredichos, reacciones en contra de voceros de las petroleras y hasta amenazas de algunas de estas últimas de accionar judicialmente contra el gobierno si se concretaba el congelamiento, publicó Nuevo Diario.
Ayer se supo que la decisión sigue firme y que se oficializará este viernes con la publicación en el Boletín Oficial de una resolución de la Secretaría de Energía a cargo de Gustavo Lopetegui, donde se dispone el congelamiento del precio de los combustibles (naftas y gasoil), conforme a las facultades que le otorga la Ley de Abastecimiento.
La norma resuelve además el congelamiento, por igual período, del precio del crudo, que deberá ser entregado a las refinerías en las condiciones de mercado vigentes al 9 de agosto pasado, con un precio de referencia del crudo Brent de 59 dólar por barril, y tipo de cambio mayorista de 45,19 pesos por dólar.
La decisión unilateral del gobierno fue adoptada tras frustrarse el intento de acuerdo con las empresas petroleras (YPF incluída) para llegar al mismo punto pero por consenso.
Los petroleros dijeron que no estaban dispuestos a resignar la actualización con el dólar a $60 y lograron que Lopetegui convoque al diálogo. También intervinieron gobernadores de provincias productoras que vieron amenazadas sus inversiones en petróleo y gas, principalmente en Vaca Muerta. La misma postura tuvieron las empresas que producen hidrocarburos, pero no refinan: Vista, Tecpetrol, Exxon, Chevron, Equinor, entre otras.
Qué dice la ley de abastecimiento
La resolución apelará a la vetusta ley de abastecimiento, que fue sancionada por el Congreso de la Nación el 20 de junio de 1974 para controlar supuestas maniobras realizadas por industriales y empresarios del transporte de mercaderías.
La polémica 20.680 brinda al Poder Ejecutivo la facultad de fijar precios mínimos y máximos a bienes esenciales e incluso lo autoriza a recurrir a las Fuerzas Armadas y de seguridad para restablecer la cadena de abastecimiento, ante una eventual falta de productos. También establece la aplicación de sanciones que van desde multas hasta 4 años de prisión para aquellos empresarios que provoquen maniobras de desabastecimiento.
