Con el fantasma del Lava Jato sobre sus espaldas, YPF le entregó a la Justicia una minuciosa auditoría interna y externa sobre la megaobra que la petrolera le adjudicó a Odebrecht. El informe expone posibles irregularidades en el contrato otorgado al gigante brasileño para construir una planta en Ensenada entre 2009 y 2013, cuyo costo fue de US$285 millones, según reconstruyó LA NACION sobre la base de documentos y siete testimonios.

Las sospechas se concentran en una subcontratación que benefició a Petersen, la constructora de la familia Eskenazi, que a su vez conducía YPF en el momento de la adjudicación. Además, revela la renegociación del contrato que llevó a más que duplicar el costo final de la obra, y la entrega de un millonario "premio" a la regional platense de la Uocra, por entonces liderada por Juan Pablo "Pata" Medina, hoy preso.

El período bajo la lupa abarca tanto la gestión de la familia Eskenazi al frente de YPF, junto con los españoles de Repsol, como la intervención por parte de Cristina Kirchner y el posterior arribo de Miguel Galuccio.

Con los resultados preliminares de esa auditoría, la cúpula actual de YPF remitió los datos a Comodoro Py (donde se instruye una investigación) y radicó una denuncia por el robo o extravío de documentación interna, que resultó inhallable tras meses de búsqueda.

La decisión de YPF de avanzar con la auditoría se gestó a fines de 2016, cuando trascendió a nivel mundial que Odebrecht reconoció el pago de sobornos en la Argentina y otra decena de países. Revelaciones periodísticas posteriores sacaron a la luz, además, planillas clandestinas de Odebrecht en las que constan "pagos indebidos" a una persona con el alias Pato, sin identificar, pero vinculada a la planta de Ensenada.

Consultados por LA NACION, desde Odebrecht se defendieron: "No hubo sobreprecios con YPF". Explicaron que las variaciones del valor original se debieron a que "con la ingeniería de detalle, los insumos locales y la mano de obra realmente necesaria, el presupuesto se elevó".

El informe de auditoría interna, que el directorio de YPF le encargó a un comité ad hoc conformado por Fabián "Pepín" Rodríguez Simón (titular de la Comisión de Compliance), Carlos Felices (presidente del Comité de Auditoría) y Miguel Gutiérrez (el presidente de YPF), se realizó con la ayuda de auditores externos. Y expone cuatro zonas grises:

Subcontratación millonaria
Poco después de que Sebastián Eskenazi firmó la adjudicación a Odebrecht por US$130 millones, los brasileños subcontrataron a la constructora Petersen, de los Eskenazi, por $29,6 millones, una operación que podría haber sido triangulada.

Consultados por LA NACION, voceros de Eskenazi defendieron esa operación, negaron que fuera un delito o siquiera "repudiable éticamente", indicaron que la ejecución final se redujo a $17 millones y remarcaron que el análisis del proyecto debería analizarse "en su contexto". "Cuando llegamos a YPF, el contrato ya estaba preadjudicado por Repsol a Techint, nosotros logramos bajarlo y que a Odebrecht se le adjudicara solo un tramo por U$130 millones. Cuando nos fuimos, volvieron a subirlo a casi US$300 millones. ¿Quién actuó bien, entonces?", desafiaron.

Consultados por LA NACION, desde Techint defendieron su proceder. "En diciembre de 2007 participamos en el concurso privado para esa obra que lanzó YPF bajo gestión de Repsol con una oferta por 295 millones de dólares", indicaron. De ese monto global, abundaron desde Techint, "cerca de 150 millones de dólares correspondían a la compra de equipamiento".

Ese concurso se cayó a fines de 2008 y, ya con los Eskenazi dentro de YPF, se registró el segundo intento. "En abril de 2009 volvimos a participar, pero la modalidad contractual no incluía los equipamientos", aclararon desde Techint. Perdieron frente a Odebrecht, que llegó con el valor agregado del financiamiento del Bndes brasileño.

La expansión del contrato
Según la auditoría interna, el contrato con Odebrecht se renegoció y amplió en octubre de 2012 -ya durante la gestión de Galuccio-, cuando a los US$ 130 millones se sumaron otros US$ 96 millones, para dos meses después fijarse una consolidación final que llevó la cifra a los US$285 millones.

Ambas readecuaciones, además, fueron suscriptas por un gerente que carecía de autorización para aprobar con su sola firma esos montos. Pero los auditores no encontraron ningún aval del directorio.

Según Galuccio, no obstante, la auditoría es "inexacta" y los Eskenazi contaron una versión sesgada de los hechos. "El contrato original no se firmó por US$130 millones, sino por 290 millones. Ocurre que US$120 millones fueron a la compra de equipamientos y, de esos, US$95 millones fueron a Odebrecht", sostuvo ante la consulta de LA NACION. "Nuestra gestión fue impecable, los valores originales se trastocaron por la inflación y por la ineficacia en la construcción? Teníamos una relación muy complicada con el Pata Medina".

"Premio Uocra"
Según lo que pudo reconstruir la auditoría interna, ya en la recta final de la obra, desde YPF se entregó a Odebrecht una partida de US$ 4 millones, que se identificó como "premio Uocra" y bajo el concepto de "final de obra". Pero esa partida carece de documentos respaldatorios que permitan verificar su destino final.

Galuccio indicó que ese premio era parte de un convenio colectivo que YPF firmó con la Uocra hace diez años, que calificó de "superestándar" en todas las obras grandes.

Documentación faltante o robada
Los auditores verificaron que faltan papeles. ¿Se perdieron o se los robaron? En particular, la documentación respaldatoria que Odebrecht debió presentar para cobrar certificados de obra por cerca de US$ 70 millones entre agosto de 2012 y mayo de 2013.

Es decir, el mismo período durante el cual se renegoció y amplió el monto del contrato.

Anticorrupción quiere que se indague a Aníbal
La Oficina Anticorrupción (OA), cuya titular es Laura Alonso, pedirá hoy la declaración indagatoria de Aníbal Fernández por presunto desvío de fondos para construir 23 canchas de hockey que nunca se hicieron.

La OA, según informó ayer Clarín, pedirá que se indague al exfuncionario kirchnerista como imputado por haber malgastado presuntamente 56 millones de pesos del Estado para redireccionarlos a la compra de veintitrés canchas de césped sintético para jugar hockey.

Se trata de una operatoria en la que pudo estar implicado en negociaciones incompatibles con su cargo en la función pública y defraudación al Estado nacional. 

Fuente: El Tribuno Salta