El Ministerio de Trabajo elabora un proyecto de ley para garantizar la paridad salarial entre hombres y mujeres, y analiza que la adecuación arranque por las empresas más grandes.
La presentación de la iniciativa todavía no tiene fecha, pero algunos detalles ya llegaron al Congreso: será un "proyecto integral" que incluirá la extensión de las licencias por paternidad y la creación de mecanismos que aseguren la inserción igualitaria de las mujeres en el mercado laboral, informaron al diario La Nación diputados del oficialismo.
Los funcionarios y legisladores que trabajan en la iniciativa reconocen que el derecho ya está presente de manera general por el artículo 14 bis de la Constitución, que sostiene el principio de "igual remuneración por igual tarea".
El desafío es desarrollar mecanismos que permitan hacer efectivo ese derecho y sobrellevar las resistencias que puedan surgir de las empresas, dijeron en la bancada oficialista.
La reforma tendrá costos: para equiparar salarios, las compañías deberán otorgar aumentos que no tenían previstos.
El diagnóstico del que partió la propuesta del Presidente es contundente. Además de las inequidades salariales, que hacen que las mujeres ganen hasta un 30 por ciento menos que los hombres por igual tarea, la disparidad se da en las trabas que enfrentan las mujeres a los cargos mejor remunerados.
De acuerdo con un estudio del Ministerio de Trabajo, el 71% de los trabajadores que ocupan el decil de salarios más altos son hombres, mientras que en el decil de sueldos más bajos 7 de cada 10 son mujeres. Por esa razón, el ingreso promedio de las mujeres en el primer trimestre de 2017 era de 10.708 pesos y el de los hombres, de 14.687, un 37 por ciento más.
La propuesta del Poder Ejecutivo estará en línea con el proyecto que presentó ayer el diputado de Pro Martín Medina, un dirigente muy cercano al ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
La iniciativa propone modificar dos artículos de la ley de contrato de trabajo y crear un "registro de empresas y organizaciones sindicales con paridad salarial", en la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo.
El proyecto establece que, en un plazo de un año, deberán inscribirse en ese registro de manera obligatoria las empresas con más de 200 empleados y todas las organizaciones de representación sindical y empresarial.
La inscripción será voluntaria para las empresas de menos de 200 empleados. Para ser parte del registro, las compañías deberán demostrar su adecuación a la ley. ¿Cómo? Podría tener que acompañar la liquidación de salarios por categoría.
La presión social también deberá hacer su parte, dado que el registro será de acceso público. "A ninguna empresa le va a gustar quedar escrachada en un tema tan sensible como ese", dijo a LA NACION un dirigente de Cambiemos.
De aprobarse la iniciativa, el artículo 172 de la ley de contrato de trabajo garantizará "la plena observancia de la igualdad de género en la aplicación del principio constitucional de igual remuneración por igual tarea", "en los contratos individuales, convenciones colectivas de trabajo, reglamentaciones y todo acto por el cual se fijen o estipulen salarios".
El proyecto dejó para la instancia de reglamentación un detalle primordial: los controles que ejercerá el Estado y las multas que aplicará para verificar que se cumpla la ley.
La iniciativa de Medina deja gran parte de la tarea en manos de los propios empleados. Ante la sospecha de una disparidad salarial, tendrán derecho a solicitar información al empleador. En caso de comprobarse la irregularidad, podrán presentar una queja ante el Ministerio de Trabajo.
Otro detalle que dependerá de la reglamentación es la definición de criterios objetivos que permitan alterar la paridad, como por ejemplo, los títulos académicos o la antigüedad.
"El principio general es que todos los trabajadores deben ganar lo mismo por la misma tarea, al menos en salario básico por categoría", explicaron en la bancada que preside Nicolás Massot
Fuente: El Tribuno Salta