Ayer, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero se llevó a cabo una nueva audiencia pública convocada por el Enargas para el tratamiento de la adecuación semestral tarifaria del servicio de gas.
Los temas a tratar fueron la aplicación de la metodología de adecuación semestral de la tarifa de distribución y transporte, el traslado del precio del gas en boca de pozo. Dentro de ese contexto, el pedido de aumento que hizo la distribuidora de gas en la provincia, Gasnor, fue de un 30%, y que el nuevo tarifazo comience a regir a partir del 1 de octubre. Por ejemplo, un usuario residencial que está en la categoría R3.1, si tiene una factura mensual de $739 pasará a pagar a partir del mes que viene $959.
Desde Energía de la Nación adelantaron que el aumento final a partir de octubre en la factura de gas residencial, manteniendo el mismo consumo del año pasado, no superaría el 30%. "Estará por debajo de lo que se espera que sea el alza del IPC (Índice de precios al consumidor) en 2018", informaron.
A la grave situación económica que sufre el país, en el que hubo una pérdida real del salario, se siguen sumando los aumentos en las tarifas, que continúan castigando el bolsillo de los salteños. Desde que asumió Macri las subas alcanzaron más del 1.500% en la tarifa de gas.
Representantes salteños
Frida Fonseca, titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, y Nicolás Zenteno, en representación de la Asociación Protectora Salta, participaron de la audiencia pública a través de una terminal virtual que se instaló en la sede del organismo nacional, ubicada en Alvarado 1143.
La defensora del Pueblo rechazó categóricamente este aumento y pidió que se congelen las tarifas hasta que se resuelva el tema del dólar. La presentación de la funcionaria municipal hizo eje en la situación crítica social y económica de Salta. Pidió que el Estado, la Secretaría de Energía y el Enargas le exijan a la empresa que cumplan con las inversiones que planearon.
Además, Fonseca afirmó que se debe pensar en una tarifa diferencia para las pymes, que son las que sostienen más de 70% del empleo y que no se debe cortar el servicio a los que no pueden pagar.
"Un incremento en este servicio, que es fundamental para la vida del vecino, significa erosionar más el bolsillo y la verdad que las economías familiares están en una situación crítica. Nosotros habíamos pedido antes la suspensión de la audiencia pública, porque entendíamos que habiendo reconocido el Gobierno nacional la situación de crisis económica, con un escenario económico fluctuante el aumento de la tarifa es una situación inconcebible", añadió Frida.
Por su parte, Nicolás Zenteno dividió su petición en dos ejes: el primero en los usuarios industriales y el segundo en los consumidores domiciliarios. Zenteno hace hincapié en que las industrias puedan participar en la subasta de metros cúbicos para poder comprar gas en el mercado mayorista con un precio internacional, que es sensiblemente menor al que se paga actualmente.
"Es decir que le permitan a los grandes usuarios de gas de la provincia comprar y participar de la necesidad de gas en la época donde haya exceso, desde agosto hasta mayo. Que se dé la posibilidad a los industriales salteño de industrializar la materia prima, poder venderla y que sea destinada a la exportación o sea a la generación de divisas", comentó el representante de la asociación.
En tanto para los usuarios domiciliarios hizo referencia a la resolución 30/18 del Enargas, en la cual se había sacado la autorización para que los municipios trasladen la tasa de uso de suelo a la boleta del usuario final. "Esto si bien se aplaudió muchísimo no tuvo ningún efecto práctico, lo que nosotros estamos pidiendo es que se eliminen las tasas por el uso del suelo y que se elimine la posibilidad de trasladárselo al usuario final", comentó.
El representante de la Asociación Protectora Salta también se refirió a la tarifa social y pidió la eliminación del requisito que los beneficiarios no deben tener un auto que tenga una antigedad menor a 15 años.
Quita de subsidios a la luz
A través de la resolución 122/2018, la Secretaría de Energía de la Nación determinó que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán hacerse cargo de la tarifa social de luz desde el 1 de enero de 2019. En Salta, esta medida afectará alrededor de 80 mil usuarios de luz.
Para alcanzar el objetivo de reducir el déficit fiscal, el gobierno de Mauricio Macri resolvió delegar esa responsabilidad a los gobernadores, ya que las tarifas sociales se sostienen con aportes del Tesoro Nacional.
Fuente: El Tribuno
