El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, trabaja contra reloj para evitar que el miércoles próximo se apruebe en el Senado el proyecto de ley que salió de Diputados y que retrotrae el precio de las tarifas a noviembre del año pasado.

La mesa chica del Gobierno advierte que, si esto sucede, puede llegar a provocar un nuevo cimbronazo en la economía del país. Calcula, en principio, que generaría una pérdida de recaudación de más de 150 mil millones de pesos. Explica, que, además del impacto fiscal, su aprobación se verá, en el mundo, como una nueva prueba de que el populismo, en la Argentina, no se terminó de retirar.

O para ponerlo de otra manera: que existe un Gobierno, en minoría, tratando de hacer de la Argentina un país más o menos normal, contra un peronismo fragmentado, pero que se une para debilitarlo, y que podría volver en 2019 para terminar de transformar a esto en algo muy parecido a Venezuela.

Esto lo piensa y se lo dice a sus ministros el mismo presidente Mauricio Macri.

¿Le está queriendo meter presión a gobernadores como Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Gustavo Bordet, con el objeto de que instruyan a "sus senadores" y a la oposición no le alcance el número para aprobar la ley que, el jefe de Estado, se sostiene, tardará segundos en vetar?

Para que el proyecto que salió de Diputados sea al final refrendado en el Senado, elPeronismo Federal y el Frente para la Victoria, es decir Miguel Ángel Pichetto y Cristina Fernández, precisan una mayoría simple de 37 votos.

Sostienen cerca de Pichetto que ya tienen más de 40. Porque además de contar con asistencia perfecta de los propios, afirman, lograrán una ayudita de uno o dos senadores de Santiago del Estero, la provincia que gobierna Gerardo Zamora.

Los voceros de Frigerio explican que este proyecto es un mamarracho, porque borra con el codo el presupuesto que el Parlamento aprobó hace cinco meses, y porque pasa por encima de las audiencias públicas que se celebraron precisamente para discutir los aumentos de las tarifas de los servicios públicos.

Los hombres que están cerca del Presidente van más allá. Afirman que la eventual aprobación es producto de un pacto preelectoral entre Pichetto, Sergio Massa, Cristina Fernández y Máximo Kirchner, y que tiene como objetivo de mínima debilitar al gobierno nacional, y de máxima volver al poder en diciembre del año que viene.

Pichetto se cubre repitiendo que el primer conato de rebeldía contra la política tarifaria nació en el seno de Cambiemos, con las protestas de Elisa Carrió, Alfredo Cornejo y otros referentes del radicalismo.

"No me pidan que haga oficialismo cuando los oficialistas hacen oposición", se justificó una vez más.

Macri y sus asesores políticos ya están pensando en un plan B: transformar su debilidad política en fortaleza.

¿Cómo? Saliendo a explicar el veto. Poniendo sobre la mesa un supuesto pacto del peronismo para debilitarlo. Explicando cada vez con más insistencia por qué la baja del déficit es la madre de todas las batallas. Y mostrando todos los días cómo se recortan los gastos políticos: desde las pensiones por invalidez mal otorgadas hasta los salarios de muchos choferes de la AFIP y el Banco Central, que van desde los 120 mil hasta los 200 mil pesos.

Fuente: Infobae