¿Cómo está directora?
Reponiéndome lentamente, pero dentro de todo bien a como estaba. En los orbitales el oftalmólogo dice que me estoy recuperando, ahora veo destellos de luz. En el maxilar tengo una fisura, en la costilla también. Me tienen que sacar los clavos del dedo mayor de la mano derecha y lo que sí me trae mal son los hematomas de la cabeza porque sigo con mareos cuando hago movimientos bruscos. La conversación telefónica era con María Esther Coca que el 7 de agosto pasado vivió un calvario en la escuela del paraje Campo Largo, a unos 150 kilómetros de Aguaray, en la frontera con Bolivia. Esa noche, mientras dormía, un delincuente la golpeó de forma salvaje e intentó violarla y ahorcarla con una soga. Afortunadamente se salvó porque llegaron docentes a auxiliarla.
Después del terrible hecho, el miedo a la inseguridad entre los docentes, especialmente de escuelas rurales, se potenció recordando la tragedia de la maestra Evelia Murillo, asesinada a sangre fría en la escuela de El Bobadal en octubre de 2014.
En los primeros meses de 2016 se lanzó oficialmente un Plan de Seguridad en Establecimientos Educativos que preveía dar protección (nombrar serenos y entregar medios de comunicación) a escuelas de Orán, Tartagal y Salvador Mazza, que entonces ya registraban mayores índices de conflictividad. Sin embargo, de acuerdo a docentes de esas zonas y de otras, donde la inseguridad también está latente, desde la muerte de Evelia hasta la fecha todo sigue igual, nada cambió.
"En lo que va del año, en la escuela del paraje El Chorro -Salvador Mazza- nos entraron a robar cuatro veces. Hay cuatro aulas que hace cuatro años las tendrían que haber terminado y ahora no tienen puertas ni ventanas y es usada por los malvivientes los fines de semana", contó Verónica, que enseña en la ruralidad hace 30 años.
La docente también trabajó años atrás en el paraje El Sauzal, uno de los más peligrosos, dice. Allí, ella y una colega, fueron amenazadas con un machete por el padre de una alumna por haber denunciado el abuso sexual de su hija. "Que el Gobierno no se olvide de las escuelas del interior, necesitamos seguridad en los establecimientos y también en los caminos desolados y sin luz. Hay chicos que vienen a clases drogados, la Policía se moviliza cuando sucede algo, hay venta de drogas cerca de los colegios y hasta padres violentos", reclamó Verónica.
Javier, un profesor de Matemáticas, de las localidades de Orán, Yrigoyen, Pichanal y Misión Chaqueña - Embarcación, siente mucha "impotencia" por los constantes ataques de vándalos que sufren los docentes. "Si bien nos quejamos, elevamos notas, nos solidarizamos con los colegas, va más allá de eso porque no podemos hacer nada. Nadie nos da una respuesta, trabajamos con miedo porque muchas veces los delincuentes son alumnos o familiares de los alumnos", manifestó.
Aula donde daba clases Evelia Murillo, asesinada en 2014. Archivo
Se había ofrecido a la Policía una habitación en uno de los colegios de la zona de Pichanal para que puedan hacer base o incluso un destacamento, pero no avanzó. Tampoco logran que haya presencia policial en los horarios de entrada y salida escolar. Algo que creen ayudaría a disminuir los asaltos.
Si bien hay ataques en plena luz del día, por las noches es terrible. Por eso, piden que se revise los horarios y que estos sean más acordes a las zonas para evitar la exposición. "Hay secundarios que salen a las 21 y el BSPA a la media noche, y el mismo sistema educativo no nos protege después de las 19 porque la ART cubre horarios generalizados, de 8 a 18.30", reveló Javier, a quien hace dos años le abrieron toda la mano derecha con un cuchillo para robarle a la salida del BSPA.
Alejandro tiene que declarar hoy en Pocitos por el caso de la directora María Esther Coca. Es uno de los docentes que la auxilió, por ahora está con licencia pero sabe que en algún momento tendrá que volver a Campo Largo. "Si dejan libre al chico, ¿qué seguridad tenemos de que no vuelva a buscarnos para desquitarse?", planteó.
El puesto policial más cercano está en el Valle de Acambuco, a unos 30 kilómetros de la escuela, y para comunicarse por alguna urgencia deben avisar a una comisaría de Tartagal que luego informa por radio a Acambuco, donde no hay señal telefónica. En Campo Largo, por su parte, los docentes se manejan solo por WhatsApp que habilitan con un chip boliviano, la escuela no tiene radio.
Fuente: El Tribuno
