Uno de los puntos más importantes establecía que los anuncios en cuestión deberían “ser retirados o borrados por el partido (político) responsable en cada caso, en un plazo no mayor a treinta (30) días corridos posteriores al acto eleccionario”.

La ordenanza fue promulgada bajo el número 15.597 en septiembre de 2019 y, desde entonces, se encuentra vigente. En el artículo referido a las penalidades, la normativa prevé multas de hasta $114.000 para los partidos políticos, agrupaciones, frentes electorales, precandidatos o candidatos, que no cumplan con lo que allí se establece como obligatorio: el retiro de todos los anuncios de la vía pública, luego de treinta días de transcurridos los comicios.

“Es una ordenanza que se trabajó a conciencia y pensando en la ciudad que queremos, siempre buscando lo mejor. Yo amo la política, pero tengo otra mirada, quizás hoy el tiempo nos dé la razón de que tenemos que hacer política de otra manera. La clase política debe pensar por qué gastan millones en cartelería y no lo usan para otras cosas”, dijo en Radio Pacífico el concejal Santiago Alurralde, uno de los impulsores de esta ordenanza.

Uno de los puntos que también se modificó es el tema de la multa, antes eran de $500 o $600, algo ínfimo teniendo en cuenta la cantidad de dinero gastado por los partidos políticos para poner la cartelería, por lo que se elevó a 1500 unidades tributarias.

“La idea no es sacarles plata a los partidos políticos ni señalarlos con el dedo a los infractores. La idea es que la clase política nivele para arriba y se modifique la forma de hacer campaña. Esto no es señalar con el dedo a nadie, porque hay propios y ajenos. Es tener el gesto de primero, dejar de gastar millones en mostrar la cara. Aprovechar los medios de comunicación y las redes sociales para mostrar proyectos, hacer debates”, sostuvo Alurralde.

El edil además aseguró que hasta es “competencia desleal “que uno con la billetera pueda tener tanta campaña y que lo que se busca es tener una ciudad limpia.