“Nena lee espontáneamente a los 3 años”, tipeó Carina Correa un día, hace ya dos años, en Google. Al instante se topó con una catarata de información que devoró en cuestión de horas. Ni bien empezó a leer, se le aceleró el pulso. Todo se ajustaba. Era una radiografía de su hija, de lo bueno y lo malo: usaba palabras sofisticadas, leía sin que nadie le hubiera enseñado, resolvía problemas de lógica avanzados para la edad, pero también se aburría hasta el hastío en clase, no conectaba con sus compañeros y somatizaba. Debe ser eso lo que le pasa, pensó su mamá: tiene altas capacidades intelectuales.

“En sala de 3 los malestares fueron esporádicos. La sala de 4 fue el colapso total. Decía que no quería ir porque los nenes no querían jugar con ella, no se sentía parte. Me decía: ‘Me aburro. No me mandés más por favor’. Y lloraba desconsoladamente. Horas enteras llorando. Decía que se sentía mal y al poco tiempo levantaba fiebre”, contó la madre a Infobae.

Durante ese año, pasó por distintas enfermedades: fiebre, sinusitis, otitis, faringitis. A.T. -se protege la identidad- somatizaba. Desde el domingo arrancaba con los síntomas y los sostenía hasta el lunes a la mañana. Cuando la mamá le decía que no se preocupara, que no iba a ir al jardín, automáticamente le bajaba la temperatura, se le desinflamaba la nariz o le calmaba el dolor en los oídos.

Después de esa lectura frenética en Internet, tanto Carina como su marido empezaron a buscar un especialista. En Caleta Olivia, la ciudad santacruceña donde viven, dieron con una psicopedagoga que les confirmó que las capacidades de la niña eran “superiores a la media”. Con una segunda consulta a una psicóloga, confirmaron un “diagnóstico compatible a la superdotación”. Les recomendaron que por edad intelectual y emocional, A.T. -hoy de 6 años- debía saltear primer grado y hacer directamente segundo.

“El año de la pandemia la pasó bomba. No tener que ir nunca a la escuela le vino bárbaro. El jardín se comprometió a hacerle complejizaciones en las tareas. No se enfermó nunca y la pasaba bien haciendo los ejercicios más difíciles que le proponían”.

El certificado de aprobación de primer grado

En septiembre le entregaron el psicodiagnóstico a la escuela, la misma institución privada donde había hecho el jardín. Al principio hubo reparos. Les dijeron que ellos no veían nada fuera de lo normal en su hija, que solo era tímida. “Me tiene harta que nunca se les crea a los padres. Llegué a creer: ‘¿No seré yo una madre demasiado orgullosa?’. Pero no. Ella buscaba camuflarse, no llamar la atención en clase”, comentó la mamá de la niña.

Cuando intervino el gabinete pedagógico de la escuela, llegaron a un entendimiento y al final respaldaron la idea de la aceleración. Faltaba un paso: la vacante debía ser autorizada por la Dirección de Gestión Privada que depende del Ministerio de Educación de Santa Cruz.

Si bien no era necesario, en noviembre le propusieron a su hija rendir libre primer grado. Sabían que la Ciudad de Buenos Aires brindaba esa opción y que, por la pandemia, el examen sería en forma virtual. “Ya con el psicodiagnóstico alcanzaba, pero decidimos hacerlo para tener un segundo papel”. Le tomaron prácticas de lenguaje y matemática en un zoom, con la cámara prendida y supervisión de los profesores. Lo superó sin problemas.

La negativa

Recién el primero de marzo, el mismo día que estaba previsto el inicio del ciclo lectivo en la provincia, llegó la respuesta oficial. La Dirección de Gestión Privada, a través de su máximo representante, les denegó la vacante en segundo grado. Les informó por escrito que el ministerio santacruceño no reconocía el certificado de CABA, cuya validez es nacional, y que su hija debía volver a hacer primer grado.

“Esta Dirección efectuó un pormenorizado análisis de situación y pedagógico a través del cual se evidencian los fundamentos que sustentan la imposibilidad de admitir la pretensión de los solicitantes, dado que la misma carece de sustento legal y en igual sistema constituiría un perjuicio para el trayecto formativo educativo de la estudiante A.T. quien debe transitar el primer ciclo del nivel primario en su totalidad”, dice en los considerandos el dictamen.

La resolución no solo desestima un certificado válido en todo el país, sino que desconoce lo que contempla la misma ley provincial de Santa Cruz, que cita textualmente la Ley de Educación Nacional, cuyo artículo 93 estipula: “Las autoridades educativas jurisdiccionales organizarán o facilitarán el diseño de programas para la identificación, evaluación temprana, seguimiento y orientación de los/as alumnos/ as con capacidades o talentos especiales y la flexibilización o ampliación del proceso de escolarización”.

A su vez, en los considerandos, habla de “presunta adquisición de capacidades superiores”, con cierto escepticismo, como si se tratara del capricho de una madre y no del diagnóstico de una especialista. Al margen, el fallo desconoce que las altas capacidades no son habilidades adquiridas, sino innatas.

A Carina Correa le cuesta encontrar razones. Tienen todos los papeles en regla: un psicodiagnóstico de una especialista que recomienda el salto de grado, el respaldo de la escuela que apoya la estrategia y, por si fuera necesario, un certificado de validez nacional que dice que su hija aprobó primer grado como alumna libre. La única razón para la negativa, infiere, es que se trate de una disputa política-partidaria, que el ministerio de Santa Cruz desconoce el certificado porque la evaluación se tomó en CABA, y que su hija quedó en medio de ese dislate.

“Es una situación tan ilegal esta negativa que la única explicación solo puede entenderse porque hay un conflicto de intereses político-partidarios, porque de otra manera no nos explicamos cómo pueden desconocer una certificación oficial nacional expedida por el Estado, el mismo Estado que ellos dicen defender. Nuestra hija termina quedando atrapada en medio de una discordia política y siendo la protagonista de la vulneración más grande”.

Ahora la familia se quedó sin instancias administrativas para apelar el dictamen. La única alternativa que conservan es iniciar un juicio, con el engorro y la angustia que eso significa. Mientras tanto, A.T. está en un limbo. Se siente estafada porque rindió un examen que, le dijeron, le permitiría pasar a segundo grado y estar con chicos de inquietudes más afines, y no fue así. Por ahora, seguirá con un modelo híbrido que combinará un poco de homeschooling y un poco de lo que le ofrezca la escuela, esperando que el Estado por fin le autorice la vacante que le corresponde.

Una problemática que se repite

El de A.T. no es un caso aislado. Pese a que la ley los ampara, en casi todo el país se vulnera el derecho a la educación de los niños con altas capacidades intelectuales. Tres organizaciones de padres -Santa Cruz Altas Capacidades, APACBA y La Plata AC- además de los casos en Santa Cruz, notificaron barreras en la provincia de Buenos Aires.

“Los chicos están en un limbo de ‘no pertenencia’ al sistema educativo de la provincia de Buenos Aires y Santa Cruz, en donde fueron abandonados a sus suertes”, afirmaron en un comunicado.

Los padres se quejan de la burocracia de los ministerios: reuniones que solo son para patear el tema a otro, familias obligadas a viajar cientos de kilómetros a buscar autoridades, mails pendientes y llamados sin contestar.

“Hoy alumnos y familias se encuentran ante la angustia de ver sus derechos vulnerados, ante la no respuesta de quienes tienen que tomar las responsabilidades desde los roles que ocupan. Hoy tenemos alumnos desescolarizados para preservarlos de los vaivenes e incoherencia con la que sus casos están siendo atendidos (o no atendidos). Hoy a los chicos no los defiende nadie”, sentenciaron.