El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, refutó al titular del Ministerio de Justicia de Nación, Germán Garavano, y dijo que “técnicamente” es correcto el reclamo de la Provincia de Salta por la manutención de presos por microtráfico de drogas. El Ejecutivo adhirió en 2014 a la ley de desfederalización y desde entonces se acumula una deuda que hoy supera los $ 500 millones.

La ley nacional vigente, la número 26052, establece en su artículo 5º: “A los efectos de la presente ley, establécele un sistema de transferencias proporcionales, a las jurisdicciones (provinciales o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que adhieran, y que así lo requieran de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la presente ley”.

López Arias recordó que la adhesión a esa normativa habilitó el proceso de transferencia de recursos por ese concepto, que Nación no cumple con Salta. La Legislatura provincial aprobó la ley 7782 en 2013, herramienta que le permitió a la Provincia a adherir a la desfederalización a partir de enero de 2014.

El ministro Garavano dijo que el tema debe ser discutido en el Congreso, olvidando que hay una ley nacional en vigencia, aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. “Este reclamo no es una cuestión política ni tiene relación con la coparticipación de recursos que le corresponde a la Provincia. Se trata de un acuerdo establecido entre Nación y Provincia, acuerdo que no se está cumpliendo por parte del gobierno central”, indicó el ministro López Arias.