En medio de las protestas sociales contra el gobierno de Emmanuel Macron, el Parlamento francés aprobó en las últimas horas un proyecto de ley que permitirá a la policía, entre el período 2023-2027, acceder a distancia a las cámaras, micrófonos y GPS de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de aquellas personas que están bajo investigación de delitos castigados con al menos cinco años de cárcel.

La medida, que forma parte de un artículo que contiene varias otras disposiciones, fue votada por la Asamblea Nacional en el marco de un proyecto de ley más amplio para reformar la justicia. De esta manera, esta Ley de Justicia se suma a una serie de medidas que viene implementando el Gobierno francés para ampliar la autoridad policial a través de la tecnología.

Con 80 votos a favor y 24 en contra, el artículo 3 del proyecto de ley obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional, gracias al respaldo de los diputados de la bancada presidencial (Los Republicanos y Renaissance -partido de Macron-) y el centroizquierdista Partido Socialista. Los bloques que conforman la Nueva Unión Popular Ecologista y Social (Nupes), liderada por el comunista Jean-Luc Melénchon, rechazaron la medida, al igual que la derecha encabezada por Marine Le Pen. Sin embargo, varios senadores del partido de Le Pen y otros de bloques centristas anunciaron que darían su voto a favor de la ley luego de la semana de protestas y violencia que vivió París y otras ciudades del país. Esta iniciativa fue clave para que la legislación, que estaba trabada en el Congreso, avanzara hasta su aprobación.

Ahora sólo queda esperar a que el Presidente de la República promulgue la ley en los próximos 156 días. Durante ese periodo, los parlamentarios que se oponen aún tienen la posibilidad de recurrir al Consejo Constitucional.

El Senado, que aprobó la ley hace un mes, intentó restringir la medida a aquellos crímenes y delitos castigados con diez años de cárcel. Sin embargo, la Asamblea volvió a la versión impulsada por el Gobierno y, de esta manera, quedó establecido que aplicará a aquellos que están señalados por delitos penados con al menos cinco años de prisión.

Camilo Gutiérrez, jefe de laboratorio de ESET Latinoamérica, compañía global de soluciones de software de seguridad, explicó a Infobae cuestiones técnicas sobre esta nueva disposición de la ley francesa.

Según afirmó, para que las autoridades policiales puedan activar la cámara y el micrófono de un dispositivo móvil, “el usuario tendría que instalar una aplicación y darle permisos a esa aplicación para poder tener control de cámara o micrófono”. “En principio, el usuario debería aceptar instalar algo en su dispositivo porque no hay otra forma de que puedan tener acceso a cámara y micrófono”, detalló.

Es decir, las autoridades previamente tendrán que tener una autorización del usuario, lo cual es poco probable. Por eso, Gutiérrez sostuvo que en tal caso el Congreso debería aprobar una ley o decreto “que dé esa orden a los operadores” de los teléfonos móviles.

Con relación a la geolocalización de los dispositivos comentó que es más sencillo el procedimiento para las autoridades policiales: “Para eso ya no se necesita tener el acceso a través de una aplicación porque lo pueden hacer a través de los operadores de celular, porque cada usuario tiene un dispositivo móvil, y este dispositivo móvil tiene un identificador que suele ser el email y a partir de ahí se puede monitorear en qué antenas estuvo conectado o a qué antenas está conectado, cómo se fue moviendo… Ahí sí puede hacer ese seguimiento sin tener el control como tal del dispositivo”.

La primera parte de la legislación autoriza la geolocalización para seguir en tiempo real los movimientos de las personas investigadas. La segunda parte, en tanto, habilita a las autoridades policiales a captar a distancia el sonido y las imágenes de las personas buscadas por casos de terrorismo y delincuencia organizada. Es decir, los agentes podrán utilizar el micrófono para grabar comunicaciones de voz, y la cámara para analizar secuencias de video.

El ministro de Justicia Eric Dupond-Moretti, ferviente impulsor de esta ley, indicó que esta medida sólo afectará a unas pocas “decenas de casos al año”.

Durante el debate celebrado el miércoles para dar luz verde a la ley, los políticos franceses añadieron una enmienda que exige la aprobación de un juez para cualquier vigilancia que se realice en el marco de esta nueva normativa. Además, el texto establece que el acceso a las cámaras y micrófonos durante la investigación en curso tendrá una vigencia de seis meses.

Los grupos parlamentarios de izquierda criticaron con contundencia el proyecto. El bloque de Francia Insumisa (LFI) argumentó que se debe a “una deriva autoritaria” y expuso en el debate las críticas de diferentes abogados y organizaciones no gubernamentales que alegan que la ley “atenta contra la vida privada” de las personas.

Frente a estas críticas, los parlamentarios oficialistas remarcaron las “garantías” que prevé la legislación. En este sentido, explicaron que la captura del sospechoso estaría reservada “a los casos más graves” y que tendría una autorización de 15 días. Este lapso de tiempo, no obstante, podría ser renovado una vez por un juez de libertades y detenciones, y hasta dos meses renovables por un juez de instrucción hasta alcanzar una duración máxima de seis meses.

Eric Dupond-Moretti comparó esta práctica con la “vieja técnica” de colocar micrófonos o cámaras a sospechosos. Argumentó, además, que la activación a distancia de dispositivos conectados ya es utilizada por los “servicios de inteligencia”, sin la autorización de un juez. Y, subrayó, en estos casos será indispensable esa autorización.

“Estamos lejos del totalitarismo de ‘1984′”, la novela de George Orwell sobre una sociedad bajo vigilancia total, dijo el ministro de Justicia. Y agregó: “La ley salvará la vida de muchas personas”.

Otra limitación que tendrá la normativa está relacionada a las profesiones. Hay ciertas actividades sensibles que no podrán ser objeto de estas vigilancias: entre ellos se destacan los médicos, periodistas, abogados, jueces y diputados. Sobre esta cuestión, la bancada de LFI presentó una enmienda para eliminar a los agentes judiciales de la lista de profesiones “protegidas”, argumentando que no había ninguna razón válida para protegerlos a ellos y no al resto de la población.

El mes pasado, el grupo de defensa francés La Quadrature du Net emitió un comunicado para rechazar la iniciativa del Gobierno: “Ante el lugar cada vez más importante que ocupan las herramientas digitales en nuestras vidas, aceptar el principio mismo de que se transformen en auxiliares de policía sin que seamos conscientes de ello plantea un grave problema en nuestras sociedades”.

La Quadrature du Net citó en su descargo “el derecho a la seguridad, el derecho a la vida privada y a la correspondencia privada” y “el derecho a entrar y salir libremente”.