La justicia británica decidió este lunes no extraditar al fundador de WikiLeaks, el polémico Julian Assange, a Estados Unidos, que lo reclama para juzgarlo por espionaje y podría condenarlo a hasta 175 años de prisión.

El australiano, de 49 años, conoció la decisión de la jueza Vanessa Baraitser, en un caso que sus defensores denuncian como clave para la libertad de prensa.

Al pronunciar su dictamen en la corte penal londinense de Old Bailey, la jueza consideró “demostrado” que el australiano de 49 años presenta riesgo de suicidio y podría quitarse la vida si es procesado en EEUU, donde probablemente sería retenido en condiciones de confinamiento.

La decisión de la jueza podrá ser recurrida por ambas partes, lo que podría prolongar la larga saga judicial que rodea a Assange desde 2010, poco después de que su web WikiLeaks publicase cientos de miles de documentos militares y diplomáticos confidenciales que pusieron a Estados Unidos en más de un aprieto. Entre ellos figuraba un vídeo en que se veía como helicópteros de combate estadounidense disparaban contra civiles en Irak en 2007, matando a una docena de personas en Bagdad, incluidos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters.

Estados Unidos tiene ahora un plazo de 14 días para recurrir esta decisión, y su representante legal confirmó que lo hará. Por su parte, la defensa de Assange pedirá libertad bajo fianza.

Assange fue arrestado en abril de 2019 (Reuters)

Antes de pronunciarse, la justicia inglesa examinó detenidamente la solicitud estadounidense para asegurarse de que no sea desproporcionada o incompatible con los derechos humanos.

Las vistas celebradas en septiembre, tras meses de retraso debido a la pandemia de coronavirus, estuvieron marcadas por las protestas a las puertas del tribunal, donde partidarios del australiano como la diseñadora británica Vivienne Westwood enarbolaron pancartas que decían “¡Encarcelen a los criminales de guerra, liberen a Julian Assange!”.

Afirmando temer que Assange, cuya salud física y mental pareció muy debilitada, se quitase la vida, su compañera sentimental, Stella Moris, había entregado en septiembre a la oficina del primer ministro británico, Boris Johnson, una petición con 800.000 firmas contra su extradición.

Una manifestante pro Assange frente al tribunal de Londres. (REUTERS/Henry Nicholls)

Recluido en una prisión londinense de alta seguridad desde su detención en abril de 2019 en la embajada de Ecuador, donde vivió refugiado siete años, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel si la justicia estadounidense lo declarase culpable de espionaje.

Washington le reprocha haber puesto en peligro la vida de sus informantes con la publicación de los documentos secretos sobre las acciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán, que revelaron actos de tortura, muertes de civiles y otros abusos.

Pero para su comité de apoyo, son “cargos con motivación política” que “representan un ataque sin precedentes a la libertad de prensa”.

La defensa del australiano, coordinada a nivel internacional por el ex juez español Baltasar Garzón, denunció en el pasado que el presidente estadounidense Donald Trump quería hacer con él un castigo “ejemplar” en su “guerra contra los periodistas de investigación” y Assange no tendría un juicio justo en Estados Unidos.