Alberto Fernández llegó a Ciudad de México antes de asumir en Balcarce 50 y se encontró a solas con dos halcones de Donald Trump, por entonces presidente de los Estados Unidos. Mauricio Claver, actual titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Elliot Abrams, un lobista republicano con pasado opaco en Centro América, le pidieron a Alberto Fernández que Argentina no abandonara el Grupo de Lima cuando sucediera a Mauricio Macri.

“Okey”, contestó el actual Presidente. Y remató: “Pero no me pidan nada. Porque no lo voy a hacer. El Grupo de Lima es un sello de Estados Unidos, y creo que hay que hacer otra cosa con Nicolás Maduro y Venezuela”.

Durante catorce meses, La Casa Rosada y la Casa Blanca mantuvieron la ficción diplomática de actuar juntos en el Grupo de Lima, un foro regional coordinado por Washington para forzar la salida de Maduro y abrir la transición de Venezuela hacia la democracia.

En este contexto, Trump y luego Joe Biden apostaban a Juan Guaidó como líder de la oposición venezolana y garante del proceso institucional que debería terminar con el régimen populista de Maduro. En cambio, Alberto Fernández siempre descalificó a Guaidó y fue una de las razones políticas que aceleraron su renuncia como miembro pleno del Grupo de Lima.

La decisión presidencial fue cuestionada por el Departamento de Estado y fortalecen las sospechas en el Ala Oeste de la Casa Blanca: los principales asesores de Biden para América Latina opinan que Alberto Fernández sólo cumplen las órdenes de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

Y una prueba de esta opinión política sería la salida del Grupo de Lima, pese al compromiso asumido por Alberto Fernández cuando se encontró con Claver y Abrams en la Ciudad de México.

Alberto Fernández y Mauricio Claver antes de su encuentro en la Ciudad de México

La salida del Grupo de Lima fue relativizada por la diplomacia del Gobierno y aseguran en la Cancillería que Alberto Fernández diseña una salida a la crisis de Venezuela que no implique satisfacer la agenda regional de los Estados Unidos. Desde esta perspectiva, el presidente estaría conversando con la Unión Europea, Canadá y México -miembros plenos del Grupo de Contacto- para abrir una mesa de negociaciones que incluiría al dictador Maduro.

El Departamento de Estado conoce las intenciones de Alberto Fernández e interpreta que es sólo un argucia para permitir que Maduro continúe en el poder sostenido por China, Rusia, Irán y Cuba. Al principio de su mandato, Biden consideró que el jefe de Estado podía colaborar en la transición democrática en Venezuela, pero esa perspectiva geopolítica se evaporó hace unas semanas cuando Argentina dejó trascender en Washington que se retiraba del Grupo de Lima.

La distancia diplomática entre Alberto Fernández y Biden se consolidó ayer con las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner respecto a la negociación de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La Casa Blanca apoya -aún- las conversaciones entre Martín Guzmán y la socia gerente Kristalina Georgieva y se sorprendió escuchar que la vicepresidente aseguraba que no es momento de pagar la deuda contraída por Macri en 2018.

Esas declaraciones de CFK, sumadas a las opiniones de los asesores de Biden respecto al poder real en Balcarce 50, colocaron en una posición muy difícil al ministro de Economía. Dos días antes, en su cónclave con Georgieva, Guzmán había avanzado en una hoja de ruta con el FMI y había ratificado que tenía todo el apoyo político de Alberto Fernández.

Cristina hizo su propio juego y afectó la imagen institucional del titular del Palacio de Hacienda.

Kristalina Georgieva y Martín Guzmán antes de iniciar su cónclave en Washington

Georgieva y Guzmán acordaron en su reunión a solas una hoja de ruta que impactaría en la economía y en la campaña electoral que protagonizarán el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Esa era la intención de la directora gerente del FMI y el titular del Palacio de Hacienda antes del discurso de CFK en Las Flores.

Durante el cónclave de dos horas ocurrido en DC, Guzmán y Georgieva habían exhibido una nítida sintonía geopolítica y se mostraron confiados en lograr que la negociación entre Argentina y el FMI concluyera tras los comicios de medio término en octubre.

Los dos funcionarios contaban con el apoyo de Biden y su administración. Un cálculo político que Cristina se transformó en un pantano infinito.

Cuando Donald Trump ocupaba la Casa Blanca, se opuso al aumento de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional, un recurso extraordinario que sirve para aumentar las reservas de los países en desarrollo. Georgieva planteó su ampliación en una reunión del G20 en Arabia Saudita, pero Estados Unidos junto a la India descartaron esa posibilidad en un mundo inestable que entraba en pandemia.

Trump siempre rechazó la ayuda multilateral y los acuerdos de cooperación en el sistema global. Y la India no quería que Pakistan -su enemigo mortal- mejorara su sistema financiero en un momento de fuerte tensión diplomática. Conclusión: no hubo incremento de los DEG, una decisión institucional que era aguardada con mucha expectativa por Alberto Fernández y Guzmán.

El triunfo de Biden cambió la agenda mundial y abrió una ventana geopolítica vinculada a la transferencia de recursos financieros desde las naciones ricas a los países pobres y medianos. Yanet Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, estaba de acuerdo en aumentar los DEG y conversó sobre este asunto con su amiga Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

En una muestra contundente de los nuevos tiempos, Yellen y Georgieva lograron que el G7 aumentarán los Derechos Especiales de Giro (DEG) para todos los países del G20. Así fue como Argentina logró obtener 4.450 millones de dólares extras del FMI que llegarán entre julio de agosto de este año.

Alberto Fernández y Martín Guzmán durante una reunión sobre la deuda externa en la quinta de Olivos

Esos 4.450 millones de dólares en DEG son claves para la relación institucional entre la Argentina y el FMI. Guzmán y Georgieva asumen que la negociación se extenderá durante largos meses y que antes habrá un fuerte vencimiento en la deuda de capital que llega a 2.205 millones de dólares.

El ministro de Economía y la directora gerente llegaron a un acuerdo tácito que ninguno de los dos confirmará en público: Argentina podría cancelar la deuda de septiembre con una parte de los DEG que serán aportados por el FMI antes del vencimiento acordado por Mauricio Macri cuando ocupaba la Casa Rosada.

Con la posibilidad de cancelar la obligación de 2.205 millones de dólares en septiembre, Guzmán tiene la intención hilvanar una sucesión de consensos domésticos e internacionales para cerrar un programa económico que permita el acceso a un acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional.

Esos consensos locales y globales, que fueron analizados por el ministro con Georgieva, son los siguientes:

1. Consenso político con el Frente de Todos. Alberto Fernández y Guzmán no acordarán con el FMI antes de tener el aval de la coalición de gobierno.

2. Consenso político con Juntos por el Cambio para lograr que el acuerdo tenga apoyo de la oposición y las futuras medidas económicas fluyan con escasos obstáculos partidarios.

3. Consenso económico y financiero con el staff del Fondo Monetario Internacional. Ello implica que se aceptará un acuerdo de Facilidades Extendidas que partirá de un ajuste tradicional de las cuentas públicas como sucedió -por ejemplo- cuando Nicolás Dujovne era ministro de Economía.

4. Consenso político con los países más poderosos del Board del FMI. Guzmán visitará las principales capitales europeas y de Asia para tener los votos necesarios al momento de debatirse en el directorio del FMI la refinanciación de la deuda que suma 44.000 millones de dólares.

5. Consenso con los acreedores privados que cuestionan la actual situación económica de la Argentina. Guzmán cree que la cotización de los bonos y el nivel del riesgo país no reflejan su programa macro y tiene pensado una ofensiva con los acreedores para resolver este escenario de desconfianza constante.

Guzmán y su staff durante un encuentro con funcionarios del Fondo Monetario Internacional en Washington

En este contexto, adonde Guzmán librará su propia batalla personal para cerrar estos cinco consensos domésticos y globales, es una utopía creer que habrá un acuerdo en mayo con el FMI.

Por eso, el ministro y Georgieva ya decidieron que la deuda de septiembre se cancelará con una parte de los DEG que serán girados a la Argentina desde entre julio y agosto. De esta forma, Guzmán y Georgieva continuarán la negociación y Argentina no caería en default ni tendría que pedir un waver al Board del FMI.

Georgieva respalda los planes de Guzmán, y es un factor de poder importantísimo para lograr que Argentina pueda refinanciar con éxito los 44.000 millones de dólares que se adeuda por los créditos Stand-By que suscribió Macri con la entonces directora gerente Christine Lagarde.

Sin embargo, y pese al apoyo diplomático que observó en sus distintas reuniones en DC, Guzmán debió contestar -una y otra vez- sobre la querella criminal que presentó la administración peronista contra Mauricio Macri y su gabinete por presunta administración fraudulenta del crédito de 44.000 millones de dólares que concedió el Fondo en 2018.

Guzmán explicó que se trata de un asunto doméstico, que no implicará una persecución penal contra los funcionarios del FMI que avalaron el crédito stand-by -Lagarde, por caso- y que no es una argucia política para justificar un eventual default de la Argentina.

El ministro fue contundente durante sus encuentros en Washington al reiterar que Alberto Fernández está dispuesto a honrar las deudas contraídas por la Argentina con el FMI y que la querella criminal contra Macri -anunciada en la Asamblea Legislativa- es un asunto interno del país que no escalará contra los directivos y burócratas del Fondo que avalaron el stand-by de 44.000 millones de dólares.

Con todo, habrá que observar con atención como juega la administración de Biden tras la decisión de Argentina de abandonar al Grupo Lima, un resorte geopolítico diseñado en la Casa Blanca para forzar una agenda democrática en Venezuela que termine con el régimen de Nicolás Maduro.

Y cómo impactará en DC el discurso de CFK que contradice las explicaciones de Guzmán en Washington y la propia promesa de Alberto Fernández frente a David Malpass, titular del Banco Mundial. “Vamos a honrar la deuda”, dijo el presidente ante Malpass cuando ya se conocía la posición de la vicepresidente.

Estados Unidos es un jugador clave en el board del FMI, y ninguna decisión importante se toma allí al margen de la agenda de poder diseñada en Washington. La salida del Grupo Lima ordenada por Alberto Fernández conspira contra la estabilidad de los acuerdos que Guzmán ya había cerrado con Georgieva y las opiniones de Cristina agregan una intensidad política que no estaba en los cálculos de nadie.

Incluidos el Presidente y su ministro de Economía.