Nevada no ejecuta a un criminal desde hace 12 años. Scott Dozier, condenado por dos asesinatos no relacionados, romperá la interrupción de la pena capital el 11 de julio a las 20.00 horas. La inyección letal prevista ha generado polémica porque incluye cisatracurio, un paralizante muscular que podría esconder las señales de lucha y dolor de Dozier. Este medicamento se mezclará con el sedante midazolam (lo duerme) y con el opioide fentanilo (lo infarta). La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó el año pasado una demanda judicial en contra del procedimiento, lo que logró posponer la ejecución prevista para noviembre, pero el Tribunal Supremo del Estado finalmente dio el visto bueno.
Dozier, de 47 años, ha estado en el corredor de la muerte en Nevada desde que fue condenado hace 11 años por matar y descuartizar a Jeremiah Miller en Las Vegas. También fue declarado culpable de un asesinato en Arizona. El criminal no ha querido apelar contra su sentencia de muerte y ha dicho que no le importa si sufre. Aún puede cambiar de opinión, pero su abogado ha declarado que no ha mostrado interés en hacerlo. Entre los testigos de su ejecución en la prisión estatal de Ely está incluida la familia de una de las víctimas y los familiares de Dozier.
La ACLU de Nevada presentó el martes una petición de emergencia en el Tribunal de Distrito en busca de más información sobre la ejecución, incluidas las órdenes de compra de las drogas, el proceso por el cual los funcionarios llegaron a procedimientos de protocolo y el uso de una cámara de ejecución no probada (se compró hace dos años por cerca de 735.000 euros). Amy Rose, directora legal de la ACLU de Nevada, sostuvo tras escuchar el fallo: "No pueden usar drogas que usted sabe que causarán daño a alguien si se usan. Existe una posibilidad muy real de que si usan, Dozier sufrirá". Y agregó que el procedimiento sería menos humano que sacrificar a una mascota.
Rose también cuestionó en su día el uso de midazolam -introducida en 2009 para aliviar el dolor- cuando Estados como Arizona dejaron de usarlo después de una desastrosa ejecución en 2014. La agonía del asesino Joseph R. Wood III duró 100 minutos en vez de 10. Le tuvieron que administrar 13 dosis más de las dos que establece el reglamento del Estado para los fármacos letales. Sin embargo, hay varios Estados que la siguen utilizando.
El proceso de ejecución se ha vuelto aún más controvertido en EE UU desde que la industria farmacéutica dejó de facilitar algunos medicamentos para este objetivo. Eso ha obligado a algunos Estados a intentar acelerar las ejecuciones o buscar cócteles alternativos de drogas. El caso más sonado ocurrió el año pasado cuando Arkansas anunció que terminaría con la vida de ocho presos en tan solo 10 días porque iban a caducar las drogas letales. Finalmente, llevó a cabo cuatro. El debate sobre si la pena capital debiera seguir existiendo sigue vivo.
Fuente: El País
