La mayoría del Supremo Tribunal Federal (STF) se inclina por rechazar el recurso de habeas corpus preventivo que había pedido el expresidente para poder apelar en libertad ante las instancias superiores, indicó La Nación.
Aunque todavía falta que voten seis de los once jueces de la Corte, cuatro de los cinco votos emitidos ya (Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luis Roberto Barroso y Rosa Weber) lo hicieron a favor de mantener la jurisprudencia actual -establecida en 2016- por la cual una persona condenada en segunda instancia debe empezar a cumplir su pena de reclusión.
En el caso de Lula, serán 12 años y un mes de prisión en cuanto se de la orden de detención. Se daba por descontado el apoyo a esta postura del juez Luiz Fux y de la presidenta de la Corte, Carmen Lucía Antunes Rocha, quienes ya habían revelado su intención de negar el habeas corpus al exmandatario. La gran incógnita del día era cómo votaría Weber, quien finalmente se expresó en contra de conceder el recurso y definió así una mayoría.
"Los tribunales deben uniformizar sus jurisprudencias y mantenerlas estables, íntegras y coherentes. No hubo, al menos hasta el momento, una revisión. Mi voto es en el sentido de denegar el recurso", dijo el magistrado Edson Fachin al iniciar la sesión, marcada por una tensión in crescendo en los últimos días, con manifestaciones y choques entre simpatizantes del máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT) y sus opositores.
Por la noche, luego del voto de Rosa Weber, los opositores a Lula festejaron con gritos de júbilo como si se tratara de un gol en un partido de fútbol, mientras que los militantes petistas en Brasilia se sumieron en la decepción.
Por temor al enfrentamiento de manifestantes a favor y en contra de Lula, el centro de Brasilia, donde se encuentra la sede del STF, amaneció hoy con las calles cortadas y una fuerte presencia policial. El perímetro de la Corte también había sido vallado para evitar disturbios.
La semana pasada, dos buses de la caravana de Lula por el estado de Paraná fueron atacados con balas por desconocidos, y aunque el atentado no dejó heridos, generó temores sobre lo que pudiese ocurrir tras la decisión del STF, ante el eventual arresto del expresidente, y en la próxima campaña electoral. Dos meses atrás, la presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, había advertido que "para agarrar a Lula deberán agarrar antes a mucha gente; más que eso, van a tener que matar a gente". Y el líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), João Pedro Stédile, prometió un "abril rojo" -en alusión al color del PT- con movilizaciones callejeras, llamados a la desobediencia civil, bloqueos de rutas e invasiones de edificios públicos.
Ahora, una vez que se terminen de definir algunos detalles administrativos del proceso, que pueden demorar algunos días, la orden de detención de Lula deberá ser firmada por el juez federal de primera instancia Sergio Moro, en Curitiba. Fue Moro quien en julio de 2017, en el marco de la Operación Lava Jato, halló culpable a Lula de corrupción y lavado de dinero por haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en Guarujá como soborno en especie a cambio de garantizarle a la empresa jugosos contratos con la estatal Petrobras durante su gobierno (2003-2010). El exmandatario apeló el fallo, pero el 24 de enero, un Tribunal Regional Federal en Porto Alegre ratificó la sentencia y extendió la pena original de nueve años y medio de prisión a 12 años y un mes. Fue entonces que los abogados de Lula interpusieron ante el STF el habeas corpus preventivo.
La inclinación de la Corte por negar ese beneficio es considerada una victoria de las investigaciones anticorrupción de la Lava Jato. Los fiscales que participan de la operación, así como el propio Moro, habían resaltado que permitir que un condenado en segundo grado quedara libre mientras apela a las instancias superiores hubiese abierto la puerta para la impunidad de los poderosos ya que con la demora de los procesos judiciales muchos crímenes terminan por prescribir.
La decisión del STF pone en aprietos al PT, que ha insistido en que el partido presentará a Lula como candidato para las elecciones de octubre esté libre o preso; en libertad al menos podrá hacer campaña y buscar más respaldo popular, ahora esa opción se evapora. Según las encuestas, Lula tiene alrededor del 37% de las preferencias de voto, muy por delante de cualquiera de sus rivales.
De todas maneras, la legislación electoral -a través de la llamada Ley de Ficha Limpia- no permite que una persona condenada en segunda instancia sea candidata a un cargo electivo e inhabilitaría su registro. El PT ha indicado que podría pedir al Tribunal Superior Electoral (TSE) que haga una excepción y acepte su candidatura "sub judice", es decir, mientras se resuelven las apelaciones a la condena en la justicia criminal. Es poco probable que el TSE acepte esa condición, pero sólo habrá una definición en agosto, cuando los partidos deben registrar sus candidatos. Hasta entonces, los petistas considerarán otras candidaturas alternativas: las que se barajan son las del exalcalde de la ciudad de San Pablo Fernando Haddad, y la del exgobernador del estado de Bahía Jaques Wagner.
Fuente: Informate Salta
