El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este martes la ley que lo deja blindado de por vida, al reforzar su inmunidad y permitirle ser senador vitalicio cuando deje el Poder Ejecutivo.

Bajo el nuevo marco legal, los ex mandatarios solo podrán ser privados de inmunidad en caso de ser acusados de alta traición u otro delito grave después de que los cargos enviados por dos tercios de ambas cámaras sean confirmados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. También quedan garantizadas todas sus posesiones, incluidas residencias, despachos, vehículos de transporte, documentos que le pertenecen y correos.

Actualmente, el privilegio se podía perder en caso de apertura por el Comité de Instrucción de Rusia de un proceso penal por un delito grave cometido durante el ejercicio de su mandato, con el visto bueno de ambas cámaras del Parlamento.

Ahora, los presidentes que dejen el cargo, incluso si renuncian, podrán convertirse en senadores vitalicios con solo enviar una solicitud al Consejo de la Federación. De esta forma, también se verá beneficiado Dmitri Medvédev, quien ejerció la jefatura del Estado entre 2008 y 2012.

(Reuters)

Las innovaciones que refuerzan las garantías para los expresidentes se inscriben en el marco de las enmiendas constitucionales aprobadas en referéndum en julio pasado a propuesta del presidente Vladímir Putin. Una de las modificaciones constitucionales, propuesta a última hora y que para los detractores de Putin fue el principal objetivo de la reforma, permite al jefe del Kremlin, que llegó al poder en 2000, presentarse a la reelección en dos ocasiones más, en 2024 y 2030. Así, si gana las futuras elecciones, recién abandonaría el poder en 2034, cuando tendría 84 años.

Uno de los autores de la ley, el jefe del comité de Legislación y Orden Estatal de la Duma, Pável Krasheninnikov, aseguró que las enmiendas responden a la necesidad de reforzar la estabilidad social y excluir cualquier intento de revancha contra los antiguos jefes del Estado.

Las cláusulas de dicha ley serán incluidas en la nueva Constitución -artículos 92,1 y 93- aprobada en referéndum el pasado 1 de julio, cuando las normas relativas a la inmunidad de los antiguos jefes de Estado figuraban, hasta ahora, en una ley federal que incumbía tanto al presidente como a su familia.