Durante la audiencia, la jueza Gabriela Romero Nayar, vocal de la Sala V del Tribunal de Juicio, hizo lugar por el término de tres años al pedido de suspensión de juicio a prueba presentado por el imputado y le ordenó cumplir una serie de obligaciones a cambio de conservar el beneficio de la probation.

Caballero llegó a la audiencia denunciado por dos hechos. En el primer caso, el imputado, que es contador público, fue acusado por la falsificación de una firma en un convenio privado. En la segunda causa (acumulada), Caballero fue denunciado por enviar un sobre de papel con medicamentos, un cargador, una bala y una nota amenazante al director de Vialidad de la Provincia.

La jueza le ordenó al acusado observar buena conducta; no usar estupefacientes ni abusar del consumo de bebidas alcohólicas; no cometer nuevo delito; comunicar cualquier cambio de domicilio dentro de los cinco días de efectuado; prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la víctima de las amenazas; donar mensualmente un paquete grande de pañales al Hospital de Niños, durante un año; pagar el mínimo de la multa establecida por el artículo 189 bis, inciso 2 del Código Penal; reparar el daño causado a las víctimas mediante el pago de 3 mil pesos a cada una, previa aceptación de las mismas, mediante depósito judicial; acreditar en un plazo de treinta días el desistimiento de las demandas por él iniciadas ante el Juzgado Civil y Comercial de Onceava Nominación; abstenerse de utilizar la documentación objeto de este proceso (convenio privado) para iniciar cualquier tipo de acción legal en el futuro; presentarse semestralmente ante la Secretaría de control de suspensión de juicio a prueba.