Ayer en un fuerte operativo encabezado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, acompañado por Policía de la Provincia, de Seguridad Aeroportuaria y de la Federal, que se realizó en 18 propiedades a nombre del intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, familiares y allegados, dejó como resultado el secuestro de vehículos importados, dinero en efectivo, entre euros, pesos y dólares entre los que sumaban $200 millones, diversa documentación, y un arma con municiones.

La orden de allanamiento había sido solicitada por la Unidad Fiscal integrada por la fiscala de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, y el fiscal penal de Tartagal, Pablo Cabot, y que fue autorizada por el juez de Garantías 1 de Tartagal, Nelson Aramayo, tras una denuncia web por supuesto enriquecimiento ilícito contra el intendente de esa ciudad.

“El procedimiento se llevó a cabo con total tranquilidad, pero teníamos prevista la posibilidad de que no sea de esa forma y eso explica la participación de un número importante de las fuerzas de seguridad. El allanamiento no es el final ni el principio, es un acto importante para poder dar certezas a nuestras sospechas y seguir investigando para llevar la causa a juicio”, comentó en Radio Pacífico la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio.

Las imputaciones son por 9 hechos a 12 personas, variando en relación a la participación de cada uno, pero todos están acusados por el delito de asociación ilícita, que tiene de 3 a 10 años de prisión. En la denuncia presentada el 2 de septiembre, se informaba que Méndez y sus familiares habían comprado este año dos vehículos importados BMW de alta gama y una camioneta Ford F-150 Raptor por un valor aproximado de $56.835.000. Según se especificaba en el escrito, el jefe comunal y sus allegados no podían justificar cómo habían adquirido esos vehículos ya que “los haberes que percibe como intendente ascienden a la suma de $50.000 aproximadamente”.

Acerca de si hay alguna acusación por narcotráfico o contrabando, Salinas aseguró que la fiscalía provincial “no tiene competencia para investigar ni proceder ante una de esas situaciones. Por supuesto que si se refleja algo en la investigación vamos a dar intervención a la Justicia Federal”.

Sobre la posibilidad de que sean detenidos dijo que no es necesario debido a que estuvieron a derecho cuando se los citó para informarles sobre sus imputaciones. “No hay ningún motivo para solicitar la detención. Nosotros necesitábamos secuestrar estos bienes y encontrar el dinero relacionado con el enriquecimiento ilícito. Esto es un trabajo que realizaron las contadoras, precio al allanamiento, donde toda la información contable de él no existe ninguna posibilidad de que pueda acceder a ese patrimonio”, manifestó la fiscal.