Báez está preso en el penal de Ezeiza y hace una semana fue trasladado de urgencia a la clínica Los Arcos, de Palermo, debido a una arritmia severa. Los médicos que lo observaron lo compensaron y pasó 24 horas internado. Luego regresó al penal, donde está al cuidado de los médicos del hospital penitenciario de Ezeiza.

Báez intentó obtener el arresto domiciliario sobre la base de su estado de salud, ya que además de arritmia tiene hipertensión y diabetes. Su abogado, Maximiliano Rusconi, hizo el pedido, pero el juez federal Sebastián Casanello, que lo mantiene preso, negó ese beneficio luego de los informes de los médicos. La Cámara Federal confirmó esa decisión de Casanello.

Ahora, Báez volvió a intentar otro camino para continuar en prisión preventiva, pero en su domicilio de Río Gallegos. "Está tratando de llegar a altas autoridades del Poder Ejecutivo y al fiscal para cerrar un acuerdo", dijo la fuente consultada por LA NACION.

El primer paso sería un traslado a Río Gallegos debido al grave estado de salud de su madre. Ya se está acondicionando una celda en la Unidad 15 de Río Gallegos en caso de que sea necesario llevar al detenido. La información que está ofreciendo Báez por ahora no conforma, dijeron las fuentes.

Pero ninguna de estas conversaciones está judicializada y transcurren en el submundo del caso.

La primera oportunidad que tendría Báez para dar datos es su próxima ampliación de indagatoria prevista para el 6 de junio, aunque a fin de este mes y hasta el 4 de mayo declararán sus hijos. Primero lo harán Leandro, Luciana y Melina. Los menores son los que tienen una relación más tensa con su padre y ya intentaron sin éxito una negociación con Marijuan y con autoridades del Gobierno. Al día siguiente, el 4 de mayo, declarará Martín Báez, el hijo mayor. Y su padre será el último de la lista de indagados por Casanello.

Los procedimientos establecidos para que un detenido pueda aportar información y obtener algún beneficio señalan que el acuerdo tiene que ser con la fiscalía, en este caso Guillermo Marijuan.

La norma se aplica a los "arrepentidos" que aporten datos que permitan esclarecer la maniobra o apuntar a otros implicados que estén por encima suyo en la organización. En general, el que se beneficia es "el que primero se arrepiente". En esta causa, quien ya declaró buscando obtener estos beneficios es Leonardo Fariña. El ex marido de Karina Jelinek mencionó a la ex presidenta Cristina Kirchner en esta causa. De hecho, tras su indagatoria, Fariña -que estaba detenido por evasión fiscal- obtuvo la libertad y se convirtió en un imputado protegido por funcionarios de fuerzas de seguridad. Báez aspira a un beneficio similar.

Tras la declaración de Fariña, el fiscal Marijuan amplió la acusación e imputó a Cristina Kirchner en esta causa.

Ya hubo intentos del entorno de Báez de que aporte datos y mejore su situación. Hubo un día, a fines del año pasado, en el que Lázaro Báez analizó convertirse en arrepentido. Sus hijos menores se reunieron en Tribunales con el fiscal Marijuan y un funcionario del Ministerio de Justicia. Se informaron sobre los términos de lo que señala la ley y se mostraron preocupados por su futuro judicial y el de su padre. La cuestión avanzó al punto de que se había designado a un abogado santacruceño para que intervenga en la causa.

La estrategia incluía aportar información que iba a terminar por complicar a Cristina Kirchner, pero al mismo tiempo desligar a sus hijos y eventualmente al padre de las causas judiciales que enfrentan por sus negocios con el kirchnerismo. Pero eso no ocurrió. El día de la reunión, Báez recusó a Marijuan y se rompió el principio de acuerdo.

Ahora, Báez ya pasó más de un año preso, su salud está comprometida y la causa se encamina a complicar aún más a sus hijos, que están en libertad.

La justicia suiza aportó datos sobre tres cuentas que no son manejadas por los hijos de Báez, sino por otros imputados en la causa, pero el juez Casanello espera más datos de Suiza sobre otra decena de cuentas donde los beneficiarios finales son los hijos del empresario santacruceño.

Ése es el dilema en el que se debate Báez: buscar evitar el procesamiento de sus hijos y, al mismo tiempo, garantizar su seguridad.

La Nacion