Desde el 13 de noviembre de 2017, cuando la investigación se inició a partir de una presentación del ex director regional de la AFIP, Guillermo Oro, posteriormente removido del cargo, ya transcurrió más de un año y medio, sin embargo, hasta el momento aún hay desconcierto respecto al rumbo de la causa.

Asimismo, se desconoce aún cuánto más hay por detrás de las maniobras que salieron a luz por el caso Huergo, y otras operaciones que podrían haberse cometido, pero que siguen en la penumbra debido a una disputa surgida que, llamativamente, surgió desde el mismo seno de la justicia, en este caso federal.

Más allá de los personajes implicados, la mayoría de ellos empresarios, contadores, ex funcionarios y prestanombres, como así también los montos millonarios de este fraude, la atención de la causa se centró en las últimas semanas en torno a la disputa judicial del caso.
 

Esta pelea, casualmente, se desató el 24 de mayo pasado, cuando el juez federal 1, Julio Bavio, decidió avanzar con la causa casi a espalda de la fiscalía, pues lo hizo a sabiendas de que el titular de la acusación, en este caso el fiscal, Ricardo Toranzos, estaba ausente con aviso.

Bavio, al margen de la detención de la principal figura del caso, el empresario, Matías Huergo, y la imputación al resto de los cómplices, resolvió dividir la investigación. Se quedó con lo referente a la evasión tributaria, lo más leve, por cierto; y lo más pesado y trascendente, como es la determinación de los actos de corrupción por parte de los acusados, lo remitió a la justicia provincial.

Con ello, el magistrado le puso techo y limitó la cantidad de imputados, entre ellos algunos actuales funcionarios que podrían abrir aún más el arco de acusados. Esta jugada, porque así se la considera, tendría un objetivo de neto corte político, lo que rápidamente fue advertido por la fiscalía que, en seguida, saltó y apeló lo resuelto por el magistrado, quien, por otro lado, tiene competencia electoral, algo que no se puede evitar al analizar la causa y sus resoluciones.

La inmediata apelación de la fiscalía, ratificada luego en la audiencia que se llevó a cabo en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, generó la primera deliberación de un tribunal de alzada respecto a si el juez, Bavio hizo bien al dividir la causa penal.

El resultado de esta discusión se dio a conocer el 14 de junio pasado, cuando los jueces, Renato Rabbi Baldi, Ernesto Sola y Guillermo Elías, decidieron darle la razón a Bavio y mantuvieron su criterio respecto a la división de la causa, con lo cual todo lo relativo a la evasión fiscal quedó en la justicia federal y lo vinculado a la persecución penal bajó a la justicia provincial.

Posible recurso

Se especula que pronto, cuando se cumplan los plazos del fallo de la Cámara, la fiscalía ante ese tribunal de alzada, insista en que la justicia federal también se quede con la investigación de los posibles delitos penales surgidos de las maniobras en la concesión de obras eléctricas, tanto en el ámbito del gobierno de la provincia y el municipio de la capital.

Las expectativas de un nuevo planteo en este sentido surgen de la vehemencia demostrada por el fiscal, Eduardo Villalba, al sostener sus argumentos respecto a que los hechos que se investigan son de carácter inescindible, un término que, a propósito, ha cobrado gran auge. Se trata de un adjetivo que se utiliza para describir aquello que no es susceptible de fragmentación, o sea, no se puede cortar o dividir.

En el ámbito jurídico, y en este caso, la discusión está centrada en las posturas de las partes en litigio. Por un lado, el juez mantiene el criterio de que las maniobras son escindibles, o sea, se pueden dividir y en ello basa su decisión de abocarse solamente a investigar lo relacionado a la evasión fiscal, la que es de competencia federal. De esta manera, los delitos penales quedan bajo la órbita de la justicia provincial.

Para los fiscales, Toranzos y Villalba, en tanto, los hechos son inescindibles, no se los puede dividir, pues se trata de un todo. Sostienen que el delito de defraudación por administración fraudulenta tiene en miras la totalidad de la gestión involucrada en el manejo del patrimonio, por lo que no se puede dividir los hechos, y mucho menos las pruebas que se obtengan al respecto.

Esta postura ya tuvo su primera derrota a manos de la Cámara, sin embargo, esta sería solo una batalla y no la guerra, pues con una nueva presentación, en este caso, ante la Cámara Nacional de Casación Penal, los fiscales esperan no sólo ponerse a la par sino imponer su criterio.

En tanto, la causa podría caer en un impasse que, al fin y al cabo, sacará a los protagonistas del asedio mediático y, con ello, habrá un respiro a cierto intereses electorales que podrían verse perjudicados si este caso sigue en la palestra.

La espera por un nuevo fallo al respecto podría parar la causa, en caso que se lo haga con efectos suspensivo, lo que paralizar todo hasta obtener una nueva resolución. El beneficio de ello sería hacía otros posibles imputados que, hasta el momento, salieron favorecidos con el fallo del juez Bavio.