El fiscal Federico Obeid citó a declarar al juez del Tribunal Eclesiástico Loyola Pintos y de Sancristóval y al arzobispo Mario Cargnello para que presten declaración dentro de la causa por abuso sexual contra el excura Emilio Lamas. Sería la primera vez que las mayores autoridades de la Iglesia acuden a la Justicia por una causa penal.

Si bien al juez vicario aún no le llegó la notificación formal, la Fiscalía N´1 de la Unidad contra Delitos de la Integridad Sexual lo citó para el martes 13 a las 9. Consultado por si acudirá y si su testimonio será limitado por el secreto pontificio, Loyola aseguró que "iré al tribunal y estaré a disposición de lo que pregunten y necesiten. Lo contrario sería desacato". "Niego categóricamente haber presionado a Lamas a firmar en contra de su voluntad", apuntó.

En el caso del arzobispo Mario Cargnello, no hay fecha certera aunque sería la próxima semana. El fiscal solicitó que se lo notifique y le dio un término de 48 horas para que informe si se presentará personalmente o hará uso del artículo 327 del Código Procesal Penal que "lo releva de la obligación de comparecer". En caso de que Cargnello no haga uso del artículo y se disponga a las "normas comunes", continúa el escrito, deberá presentarse tres días posteriores de haberlo comunicado.

El artículo al que refiere Obeid es el que dota de ciertos "tratamientos especiales" para diferentes autoridades, entre las que figuran el presidente de la Nación, funcionarios públicos y los "altos dignatarios de la Iglesia". "Según la importancia que se atribuya a su testimonio y el lugar en que se encuentren, estas personas declararán en su residencia oficial, o por medio de escrito, en el cual expresarán que declaran bajo juramento. Los testigos enumerados podrán renunciar a este tratamiento especial", destaca la norma.

El Tribuno intentó comunicarse con Cargnello para saber cuál será la actitud que tomará ante el nuevo requerimiento de la Justicia. Desde las oficinas del Arzobispado derivaron la solicitud al juez Loyola, quien no tuvo respuestas certeras sobre su par, aunque destacó: "Supongo que hará lo mismo que yo".

El anterior pedido que recibió Cargnello de parte de la fiscalía derivó en un pedido de allanamiento. Le habían solicitado las actas del juicio eclesiástico. Mediante un escrito respondió que las actas estaban en poder de la Doctrina para la Congregación de la Fe, en Roma. Además, la máxima autoridad eclesial de la provincia recordó que "el marco regulatorio que nos involucra es el Acuerdo firmado y en vigencia entre la Santa Sede y la Argentina". Haciendo alusión al Concordato firmado en 1966. Ante la negativa, el fiscal entendió, al igual que uno de los autores del Concordato, Jorge Vanossi, que el acuerdo no era para delitos penales y pidió a la jueza Claudia Puertas allanar el Arzobispado. La jueza, amparándose en el acuerdo, negó el pedido.

Entre las citaciones a diferentes testigos que libró el fiscal, también le solicitó a la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Rosario de Lerma que "hagan entrega voluntaria de los libros de registros" sobre los diferentes sacramentos celebrados, además de los "lugares de visita de los párrocos", durante los años 1990 y 1993.

En la lista de testimonios que se recibirán la próxima semana figura Jesús Quintana, sacerdote del barrio Autódromo. Fue llamado a pedido de la defensa de Lamas. Quintana también tuvo denuncias por abusos en el 2002.