El crimen de Rosa Sulca era evitable informaron los fiscales penales, Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, que ampliaron las imputaciones para otros policías y operarios del 911 por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte.

Los imputados son el operador de Demanda Ciudadana, Pablo Ezequiel Bisón Enríquez (30); el supervisor de Demanda Ciudadana, Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro (34); el despachante policial Héctor Roberto Herrera (45); el jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González (41), y el supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera (42), quienes omitieron cumplir con sus obligaciones según la fiscalía. 

El operador que atendió el llamado de Rosa Sulca no traspaso a sus compañeros la importancia de la llamada clara de emergencia; el supervisor de Demanda Ciudadana incumplió sus obligaciones a cargo al retirarse de su puesto de trabajo por un lapso de 30 minutos sin que otra persona lo reemplace.

El despachante policial fue imputado por incumplir las obligaciones a su cargo consistentes en informar al Jefe de turno y al Supervisor sobre la emergencia de la persona que exigía auxilio. El jefe de Despachos de Emergencias Policiales por omitir haber asignado otros recursos para verificar un incidente de tal magnitud.

Por último, el supervisor de Despacho que al escuchar el “pedido de auxilio” a través del audio, no cumplió con haber asignado otros recursos para verificar lo que estaba pasando, acción que está presente en el Reglamento Orgánico y Funcional de la Dirección Centro de Coordinación Operativa.