En el marco de la causa por la muerte de Diego Armando Maradona, la Fiscalía a cargo de la investigación pidió al juez que lleva el expediente que acelere el sorteo del tribunal oral que juzgará a los ocho profesionales de la salud imputados por “homicidio simple con dolo eventual”.

El pedido estuvo a cargo de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes hicieron su presentación formal durante el mediodía del miércoles ante el juez de Garantías 5 sanisidrense, Diego Efraín Martínez.

En su escrito, solicitaron al magistrado que se eleve “al Tribunal Oral en lo Criminal Departamental que por sorteo resulte” la causa que se inició para investigar el fallecimiento de Diego Armando Maradona, de acuerdo con la información a la que pudo acceder Télam.

De esta manera, los funcionarios esperan que se acelere la definición del tribunal que enjuiciará al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

Todos estos profesionales tuvieron algún grado de participación en la supuesta “internación domiciliaria” realizada en la casa de Tigre, donde el astro murió.

La Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro confirmó en abril de este año la realización del juicio oral contra los acusados luego de que las defensas de los acusados haya apelado la elevación realizada por la Fiscalía. En consecuencia, no quedó pendiente ninguna apelación, por lo que solo resta definir el tribunal que los juzgará.

En esa oportunidad, los camaristas Carlos Fabián Blanco, Gustavo Adrián Herbel y Ernesto García Maañón alegaron que “la acusación pública efectuó una completa descripción del Hecho 1 (el homicidio con dolo eventual de Maradona), enumerando las acciones u omisiones que consideraron reprochables a cada uno de los imputados y que, a su entender, habrían incidido en el fatal desenlace endilgado”.

“La Fiscalía inicia su imputación indicando quienes se encontraban a cargo de la atención del paciente, ubicando en tiempo y lugar la situación apuntada, para luego referirse específicamente a cómo fue el desempeño de cada uno de ellos, según los roles asumidos, estableciendo de qué modo sus inconductas determinaron la muerte de Maradona”, sostuvo el juez Herbel.

Los camaristas también avalaron la Junta Médica que complicó a los ocho imputados y rechazó los sobreseimientos y el cambio de calificación que habían solicitado varias de las defensas, entre ellas las de Luque y Cosachov, por la figura del “homicidio culposo” (con una pena menor de 1 a 5 años de cárcel).

En la elevación a juicio presentada en abril de 2022, los fiscales plantearon la existencia de “cúmulo de conductas penalmente relevantes” que “condujeron” a Maradona a su “triste fallecimiento”, puesto que, según la hipótesis que manejan, el equipo médico fue “deficiente”, “temerario” e “indiferente” al saber que el ídolo podía morirse y no hacer nada para evitarlo. Este planteo fue validado por el juez Herbel en su decisión de Cámara.

La autopsia realizada sobre el cuerpo de Diego estableció que la causa de la muerte fue un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada” y reveló que el astro además presentaba un corazón con “miocardiopatía dilatada”.

“La prueba conducía, inicialmente, a mostrar la responsabilidad de los doctores Luque y Cosachov, con injerencia directa en el resultado de su muerte, permitieron dar andamiaje a otras pruebas. Eso condujo a detectar la responsabilidad de Díaz como integrante del cuerpo médico tratante, de los responsables de las empresas que coordinaron la fallida internación domiciliaria (Forlini y Perroni), de los enfermos presentes en el momento más crítico (Almirón y Madrid) y del médico clínico designado para esa temeraria internación domiciliaria (Di Spagna)”, escribieron los investigadores.

Una vez que se defina el tribunal, se espera que el proceso comience el año próximo. Así, todos los acusados podrían llegar a recibir una pena de entre 8 a 25 años de cárcel, que variará según el grado de responsabilidad que se resuelva tuvo cada uno de los imputados.