El femicidio de Andrea Neri a manos de Gabriel “Chirete” Herrera no fue uno más por varios motivos: fue el segundo que cometió y ambos dentro de la cárcel –algo inédito en el país-, lo que obligó al Estado a realizar una profunda reforma del régimen de visitas íntimas dentro del Servicio Penitenciario.    

El 5 de enero de 2017, Andrea Edith Neri de 18 años fue junto con su bebé de dos meses a visitar a Herrera, con quien mantenía una relación sentimental, a la cárcel de Villa Las Rosas. Luego de 30 minutos juntos en la “visita íntima”, el interno salió de la celda con el niño en brazos gritando que la había matado, mientras la víctima yacía en el piso con heridas punzantes a la altura del cuello.

El crimen conmocionó Salta aún más cuando se supo que Herrera se encontraba privado de su libertad por una condena a prisión perpetua dictada por la Cámara Tercera en lo Criminal, del 22 de septiembre de 2006, por ser autor del delito de homicidio calificado por el vínculo y por la alevosía en perjuicio de otra mujer que era su pareja, Verónica Soledad Castro.

Lo inédito del caso despertó la atención más allá de las fronteras de la provincia y puso la mirada sobre el funcionamiento interno del Servicio Penitenciario de Salta y las responsabilidades de los agentes y autoridades del Penal.

Por ello, en el juicio que ya comenzó en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial no solo está el acusado Herrera por homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por el género sino también Juan Carlos Gutiérrez, Fernando Daniel Velázquez Fernández, José Luis Ávalos y Héctor Augusto Franco por incumplimiento de deberes de funcionario público y Nelson Alexander Cardozo por abandono de persona seguido de muerte.

Es que al momento del hecho, Gutiérrez se desempeñaba como director de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas. Ávalos cumplía funciones como jefe del Departamento de Tratamiento y Vigilancia. Franco se desempeñaba como jefe de Pabellón. Velázquez tenía el cargo de subjefe de Departamento. Por su parte, Cardozo se desempeñaba como celador del Pabellón donde sucedió el hecho y tenía la obligación de custodiar y resguardar la integridad física de los internos y sus visitas. Además, habría sido alertado sobre la agresión que Neri estaba sufriendo.

El caso obligó a profundas reformas

Con los cuestionamientos sobre las autoridades y las políticas mismas, el Gobierno reemplazó funcionarios y Ramiro Lucena asumió como subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios de Salta, con la misión de hacer los cambios necesarios para garantizar la seguridad de internos y visitantes.

En diálogo con LA GACETA, el funcionario explicó cuáles fueron los aspectos esenciales de los cambios que impulsó: “se modificaron los protocolos de actuación a nivel seguridad, todas las medidas están apuntadas a la seguridad y a la prevención en lugares tan complejos como las cárceles”, destacó.

Las modificaciones realizadas

No más visitas íntimas

Se prohibieron las visitan íntimas para aquellos internos que tienen un perfil criminológico de extrema violencia, femicidas o que tienen causas de violencia de género.

Sin niños

Se prohibió al ingreso, a ese tipo de visitas, de los menores.

Mejores lugares

Se mejoraron los espacios donde se producen las visitas íntimas y donde se espera, reemplazando los toldos que armaban los internos por medias sombras que permiten que el personal pueda tener control total de la situación y que el sistema de monitoreo alcance.

Para las visitas

Se entregan botones antipánico para tener alertas sobre posibles conflictos o si se produce alguna situación de violencia o intento de ataque. Se recibe en la central de monitoreo, se activa la respuesta operativa, se corta la visita y se atiende a la mujer.

Visitas informatizadas

Antes el sistema era manual, ahora cuando ingresan, previamente son recibidas en la oficina de atención al ciudadano, completan requisitos para acceder a la tarjeta magnética que es personal y con foto para elevar el nivel de seguridad y llevar un mejor registro.

Más botones

A futuro piensan en colocar, en los espacios físicos donde se producen las visitas, pulsadores para reforzar los botones antipánico, así la visita puede tener también otro botón que esté ubicado dentro del lugar.

Lucena agregó que también está prevista la actuación posterior con la víctima para que reciba asistencia médica y contención psicológica, además se mejoraron los sistemas de monitoreo.

“Los lugares de visitas íntimas son extremadamente complicados de trabajar y controlar porque solo hay dos personas, manteniendo relaciones sexuales y los internos mantienen mucha tensión con el personal de guardia porque no quieren que estén cerca, sienten que violan su intimidad, pero la seguridad la tenemos que imponer igual”, consideró el subsecretario.

Aclaró que en cada cárcel o centro de detención se aplica un protocolo de seguridad diferente, adaptado a sus necesidades y características, a sus recursos y limitaciones, lo que estandariza cómo debe proceder cada uno.

Los primeros cambios, como las suspensiones provisorias de visitas íntimas molestaron a los internos: “Todos los cambios de seguridad primero generan rechazo y cuestionamientos pero después, cuando los internos entienden que son para la seguridad de su familia y de quienes vienen a visitarlos, lo entienden y lo asimilan”, explicó Lucena quien no dudó en afirmar que ahora “se respira otro aire” dentro de Villa Las Rosas.

La seguridad de la mujer por encima de necesidad fisiológica del hombre

Todas las medidas de seguridad en relación a las visitas íntimas dentro de la cárcel deben garantizar la seguridad de las mujeres. Sobre el nuevo protocolo de seguridad que se está implementando en el Penal de Villa Las Rosas, la presidenta del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, Laura Postiglione, dijo a LA GACETA que el organismo provincial no fue consultado al respecto. 

“Por los medios nos enteramos que ahora van a entregar botones antipánico a las mujeres antes de entrar a la visita íntima. No creemos que esa sea la solución porque el botón lo que hace es avisar cuando la mujer ya está en riesgo y lo que hay que hacer es un trabajo previo de prevención”, remarcó. 

Por otro lado, Postiglione opinó que los jueces de ejecución "tienen que garantizar la seguridad de la mujer por encima de la necesidad fisiológica de los reclusos de tener visitas íntimas". "Ellos tienen la responsabilidad de evaluar todos los riesgos posibles, es decir, si el hombre está preso por femicidio o violencia. También ver el consumo de sustancias, que es un potencial peligro”, consideró y en este sentido también destacó que otro factor importante es el seguimiento psicológico y psiquiátrico de los reclusos.

Una visita trágica

Andrea Neri todavía iba al secundario cuando comenzó su relación Chirete Herrrera dentro del penal de Villa Las Rosas. Lo conoció en la cárcel cuando ella y su madre visitaban a un familiar que estaba detenido. Herrera ya cumplía una condena por el femicidio de su pareja, Verónica Castro, en 2006, también dentro de la cárcel pero de Metán. 

Su entorno le había advertido que el noviazgo no tendría futuro, seguramente sin imaginar el trágico desenlace, pero ella decía estar muy enamorada.

La joven quedó embarazada al poco tiempo y cuando nació su bebé lo llevaba periódicamente a la cárcel para que Chirete lo viera. En una de esas visitas encontró la muerte en manos del hombre que amaba.

“La maté”, dijo el femicida cuando salió de la celda donde se había encontrado con su novia. Llevaba a su pequeño hijo en los brazos, se lo entregó a los guardiacárceles y salió caminando del pabellón. Minutos antes le había dado 34 estocadas en el cuello con una gubia, herramienta que se utiliza en carpintería.

A los pocos días declaró que la mató por celos y que estaba arrepentido. Luego fue trasladado a la cárcel de Orán, donde apenas llegó se autolesionó y terminó internado. Hoy, a un año y dos meses del crimen que conmocionó al país y que reveló las falencias dentro del Servicio Peniternciario local, el doble femicida será juzgado. 

El tribunal colegiado estará integrado por los jueces Guillermo Pereyra (presidente), José Luis Riera y Mónica Mukdsi (vocales). La audiencia se desarrollará los días 19, 20, 21, 22 y 23 de marzo, y el 3, 4 y 5 de abril y serán transmitidas vía on line a través del sitio del Poder Judicial de Salta.

Fuente: La Gaceta