El imputado llegó a juicio, entre otros hechos, por ingresar a la casa de una vecina y sustraerle dinero en efectivo y objetos de valor, según relató la denunciante. El hecho ocurrió en la localidad de General Güemes.

El juez Marcelo Rubio, vocal de la Sala V del Tribunal de Juicio, unificó la pena dictada a Agustín Bizgarra con otra anterior en la condena única de tres años de prisión condicional. El imputado continuará en libertad y deberá cumplir una serie de reglas de conducta durante tres años: fijar domicilio e informar cualquier cambio al tribunal en el plazo de 48 horas; someterse al Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados; abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar del consumo de bebidas alcohólicas; adoptar oficio acorde a sus capacidades; prohibición a la denunciante y a los lugares donde ella lleve a cabo sus actividades diarias en un radio de 200 metros; prohibición de ejercer actos de violencia física o psíquica en contra de la damnificada.

En el mismo fallo resultó condenado Francisco Andrés Zelaya (21) a la pena de un año de prisión condicional por el delito de hurto calificado con escalamiento. En su caso, el juez estableció las siguientes condiciones por el lapso de dos años: fijar domicilio e informar cualquier cambio al tribunal en el plazo de 48 horas; someterse al Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados; abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar del consumo de bebidas alcohólicas; adoptar oficio acorde a sus capacidades.

Finalmente, Santos José Salva (32) y Viviana Maribel Bizgarra (32) resultaron condenados a la pena de tres meses de prisión condicional por los delitos de agresión con arma impropia y resistencia a la autoridad.

En el caso de Salva, la pena fue unificada con una condena dictada anteriormente por la Sala IV en la pena única de dos años y tres meses de prisión condicional. Para conservar la prisión en suspenso, Santos Salva y Viviana Bizgarra también deberán cumplir obligaciones: fijar domicilio e informar cualquier cambio al tribunal en el plazo de 48 horas; someterse al Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados; abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar del consumo de bebidas alcohólicas; adoptar oficio acorde a sus capacidades.