La fiscal Poma concluyó que no existieron elementos de convicción suficientes para tener por configurados los extremos típicos de figura penal alguna. En su resolución, además de recordar los hechos investigados en torno a los mensajes intercambiados entre los imputados (el policía Walter Mamaní y el auxiliar fiscal Sergio Dantur); diferenciar la obligatoriedad de autorización judicial para una inspección ocular (medida adoptada en torno al teléfono en cuestión y que no la requiere), y la de una extracción de información de equipos telefónicos; y citar jurisprudencia al respecto, Poma recordó que el propio Dantur autorizó y consintió la inspección ocular de su teléfono desde el inicio de la investigación, sin informar que se trataba del equipo personal y no del oficial, aunque su defensa utilizara ese supuesto error como estrategia posteriormente.

Vale recordar que los hechos se centran en la remisión de dos informes firmados por la fiscal Simesen de Bielke, presentados ante el Tribunal de Impugnación en la causa penal seguida contra Dantur, por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento, en la cual habría afirmado una falsedad: que el teléfono celular que fuera entregado por el imputado e inspeccionado por personal del CIF es de propiedad del MPF, cuando era personal del auxiliar Sergio Dantur. Esa cuestión, según el Juez, era esencial para dilucidar el planteo recursivo que debía ser resuelto en esa oportunidad y que fue realizado con la intención de engañar al Tribunal.

Sin embargo, de la compulsa de la causa penal en cuestión, Poma no advirtió que la fiscal Simesen se hubiera apartado deliberadamente de los deberes a su cargo, ni que actuara de alguna manera sin objetividad o sin velar por el efectivo cumplimiento de las garantías y derechos constitucionales de los involucrados.

En cambio, señaló que en cumplimiento de la evacuación de citas ante la declaración de los imputados en la causa penal conexa (c/ Mamani, Walter y otros –personal policial-), se instruyó la realización de una inspección ocular de los teléfonos utilizados por los agentes del MPF de Apolinario Saravia (Fiscal y Auxiliar), para buscar esas conversaciones que el propio Mamaní manifestó haber tenido con Dantur, previa autorización y conformidad de ellos para esa tarea. Esta última circunstancia se destaca ya que en el fallo de Martini, se trata de relativizar ese elemento que, a criterio de Poma, es de suma relevancia.

Es que luego de exhibidos los aparatos celulares y de labrada el acta bajo firma de sus poseedores, se concretó la inspección ocular por personal policial y del CIF comisionado. Y allí surgió la conversación en cuestión, se derivó su contenido, alcances y trascendencia y fue imputado penalmente Dantur por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

Hasta ese momento, el hecho que si el teléfono era o no del MPF no era relevante ni necesario, ya que se había ordenado una inspección ocular, previa autorización del poseedor del aparato (Dantur), a pedido del otro interlocutor de las conversaciones (Mamaní), sin que existan reparos constitucionales ni legales para ello. Distinto sería si se hubiera necesitado la extracción de toda la información que contiene el teléfono, por tratarse de un dispositivo electrónico e informático. Y era tan irrelevante que ni el propietario del teléfono, -un funcionario público y abogado penalista-, ni su defensa mencionaron dato alguno sobre la propiedad y en cambio, brindaron el teléfono que usaba regularmente para su tarea como Auxiliar Fiscal.

Obviamente, recién cuando se valoró el contenido de la conversación y que de acuerdo a Simesen de Bielke, merecía el inicio de una investigación, la defensa de Dantur trató de buscar reparos formales a lo que, en definitiva, dio origen a su imputación y a partir de su propio consentimiento.

Ratificó Poma que “según la previsión procesal, la realización de una inspección ocular no demanda autorización judicial alguna”, y que “tampoco se aprecia en el caso que hubiera vulneración a los derechos constitucionales de los involucradoscuando ambos interlocutores de la conversación (Dantur y Mamaní), accedieron a que se buscara en el celular mediante la inspección ocular y con autorización expresa.

Precedentes

La fiscal Poma citó jurisprudencia al respecto y entre ella, el “Recurso de Queja presentado por el Dr. Flores, Humberto Ramón en representación de W.RS– Queja Garantías con preso” Expte. Afp 115458/14 de la Sala I del Tribunal De Impugnación”, en el que se entendió “que incluso aquella operación respecto de un teléfono celular se trata de un informe técnico, y no de una pericia ya que se limita a hacer conocer el estado de las personas, de las cosas y de los lugares mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes técnicos, etc., sin ser necesario ningún conocimiento científico de parte de quien examina el objeto como tampoco la orden judicial previa”. Y se remarca en ese fallo, que tal tarea no importa una modificación, contaminación o alteración del objeto de prueba.

Ni Dantur ni su defensa informaron sobre la propiedad del teléfono

Al revisar la investigación hasta el momento en el que la fiscal de Derechos Humanos contestara pedidos de informes al Tribunal,  la fiscal Poma no encontró referencia alguna a que el celular en cuestión fuera personal del auxiliar Dantur. Esa información sólo se sumó después de la imputación. Y la propia fiscal de Derechos Humanos se basó en ese dato para pedir una nueva medida.

Es que al tratarse de un aparato que podía contener una conversación sobre una actividad funcional entre él y un personal policial y de directivas impartidas en una causa en la que ambos intervenían en su rol de funcionarios públicos, era de suponer que el teléfono en cuestión era el provisto por el MPF.

Poma preguntó entonces “¿por qué debía partirse de la posición contraria?”. En consecuencia, no hubo en la actuación de Simesen un solo hecho que admita una intencionalidad o dolo, el cual se encuentra ausente en el caso y sin margen de duda, dijo la Fiscal Penal 2.

Es más: si Simesen debió o no extremar los recaudos para averiguar eso con premura en una investigación que era más que incipiente -basta cotejar las fechas para esa conclusión-, resulta una cuestión diferente a asumir que se trató de una afirmación falsa, a sabiendas de su falsedad, dirigida a engañar al Tribunal.

Tampoco surgió un incumplimiento de los deberes de legalidad, objetividad y buena fe por parte de la Fiscal de Derechos Humanos. Por el contrario, dijo Poma, es “notoria la realización de medidas probatorias dirigidas a acreditar las hipótesis acusatorias desarrolladas, y una intervención irrestricta de la defensa material y técnica de los imputados”. Es más, la prueba puesta en crisis provino de una evacuación de citas. Entonces, preguntó Poma: ¿de qué serviría que la Fiscal deliberadamente ocultara dicha circunstancia cuando las partes podrían haberlo señalado en cualquier momento, cuando la nulidad podría haberse dictado -hasta de oficio- en cualquier estado procesal y los magistrados tanto de garantías como de alzada serían los mismos en todo el trámite, compulsarían el expediente, el legajo de investigación y constancias de autos? La supuesta falsedad era fácilmente rebatible y demostrable de manera inmediata. Entonces ¿cuál sería la ganancia procesal o probatoria de ese supuesto ocultamiento?

En el caso existían evidentes razones para el secuestro de urgencia del teléfono en el momento mismo que se hizo saber que había un elemento que podría servir de fuente de prueba, máxime cuando lo sugería la defensa en su descargo, y dada las características de información volátil (contenido de una conversación de WhatsApp), lo que está previsto en el art. 310 del C.P.P. y, ante ello, la solicitud de mantener el estado de secuestro devenía en necesaria, y sin plazo alguno para instarla.

En su resolución, la fiscal Poma volvió a la jurisprudencia citada, que concluyó que“cuando la violación del derecho fundamental no se produce sin malicia, en una actuación de buena fe, no ha de operar la doctrina de la prueba ilícita… en los que los órganos del estado hayan actuado a través de sus funcionarios con acreditada buena fe y sin culpa ni dolo…”, (conf. Trib. Impug. Expte. 115.458/14, Sala I), como claramente se trata del caso.

La desestimación y archivo fue girada a la Fiscalía de Impugnación.