Una causa por estafa causó revuelo en Salta una vez que intervino el estudio de abogados del Dr. Fernando Burlando. La avícola La Florinda S.A. acusa a María Álvarez por una supuesta estafa con cifras descomunales. La acusada se dedicaba a la compraventa de cereales y se relacionó comercialmente con la empresa avícola con sede en El Carril. En ese punto se dijo que la joven se ganó la confianza de la familia propietaria de la avícola y que además se relacionó sentimentalmente con el hijo del dueño. Con ese argumento y otros la mujer fue denunciada por un enorme faltante de dinero. Sin embargo, tanto la acusada como su defensor aseguran que habrá un giro impensado en el sonado caso.

Días atrás se informaba que el equipo de Burlando había logrado que se levantara el pedido de captura contra Álvarez, quien no se encontraba en su casa cuando fueron a hacer el allanamiento. Pero ahora se pudo saber que la jueza interina de Garantías de Quinta Nominación, María Edith Rodríguez, otorgó la prisión domiciliaria a la mujer y a un hombre llamado Gustavo Rodríguez.

“Es una sorpresa bastante desagradable, muy arbitraria, muy ilegal y seguramente inconstitucional la medida, además nos parece absurda, ilegitima y desproporcionada. No tengo palabras realmente, es impresentable”, dijo el Dr. Javier Baños, abogado que forma parte del equipo de Fernando Burlando, en Radio Pacífico.

El letrado aseguró que van a apelar a la resolución que les parece “irracional” ya que se cambió la resolución 3 veces en menos de 72 horas y lo único que cambió desde que se levantó la orden de captura hasta que se vuelve a dictar la restricción de libertad es que sus clientes se negaron a declarar.

“No se ha dejado norma por vulnerar. La negativa a declarar de un imputado no puede ser usada como una presunción en contra del imputado, esto es una derecho que está en la Constitución Nacional y en todos los tratados internacionales de derechos humanos”, sostuvo Baños.

El abogado además dijo que desde el estudio están barajando la posibilidad de pedir un juicio político al magistrado que ordenó esto. “En el caso del fiscal, si es que lo hizo con dolo, es claramente un abuso de autoridad. No se descarta para nada el pedido de juicio político a los magistrados, esto parece el mundo al revés. Realmente creo que resoluciones como estas hacen mucho daño a la seguridad jurídica y a la república”, manifestó.