El fiscal ante la Corte Nº 1 Eduardo Sylvester formuló una acusación contra el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, y pidió que se inicie un jury de enjuiciamiento por mal desempeño, debido a una serie de irregularidades detectadas. Además, solicitó que se inicie el proceso a fin de que sea removido del cargo que ostenta y se lo inhabilite para ocupar cargos públicos.

Esta acusación se basó en seis hechos vinculados con mal desempeño por demoras en casos de abusos sexuales, de violencia de género, irregularidades en el manejo de dinero secuestrado, órdenes en causas de otras provincias y coacción a gendarmes e inoperancia e ineficacia procesal en un robo con armas.

“Acá se trata de un juicio político en el que lo que se juzga es la idoneidad del funcionario para seguir ejerciendo el cargo de fiscal. En un examen general en el marco de la causa del mal desempeño, lo que en definitiva está mostrando es que él ya no tiene idoneidad para ser funcionario público, por lo que se le pide al jurado de enjuiciamiento en el marco de la ley de jury que se lo destituya”, explicó el fiscal Eduardo Sylvester en Radio Pacífico.

De los casos por los que se lo acusa dos corresponden a denuncias por abuso sexual a menores de edad. Uno es de una menor de 15 años con retraso madurativo que realizó la denuncia en el 2017 y el fiscal no hizo nada hasta el 2019, aún teniendo en cuenta la gravedad del hecho. En el otro caso, los padres de una menor realizaron una denuncia por abuso contra el profesor de su hija, una vez más Cazón no hizo nada durante un año.

Por otro lado, se detectaron una serie de irregularidades en el manejo del dinero que se secuestra por drogas, el cual el fiscal debe depositar en una cuenta bancaria, pero se descubrió que dos veces no lo hizo. Además, hubo situaciones en las que se detectaron a personas con pedido de captura en la frontera y Cazón ordenó la libertad, en causas que no eran de su competencia.

Finalmente, lo más reciente, fue que una víctima de violencia de género denunció que “la llamó al celular de su padre un número que desconocía, le dijo que era el Fiscal y le dio a entender que, si ella le daba plata o tenía sexo con él, el imputado iba a seguir preso”. Ante esto, Cazón pidió derecho a réplica en el canal de televisión VIDEOTAR, donde se desató en vivo una fuerte discusión con la periodista a la que llamó dos veces “abortera”. La periodista lo denunció por violencia y la Jueza de Violencia de Género de Tartagal le ordenó que se capacite en el tema.

“Ahora toma intervención el jurado de enjuiciamiento que está integrado por 9 jueces, 2 representantes del senado, 2 representantes de diputados, 2 abogados de la matrícula, 2 jueces y el Fiscal de Estado. La ley prevé dos consecuencias, la remoción y la inhabilitación, que es lo que nosotros estamos solicitando. Estamos proponiendo que se cite a testigos, funcionarios judiciales de Tartagal para que puedan convalidar la situación”, explicó Sylvester.