A criterio de Burgos, la cúpula del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) debería estás compuesto por un fiscal, la defensa pública y la defensa privada, como así también que este organismo integre el Colegio de Gobierno del Ministerio Público y salga de la órbita del Procurador General de la Provincia.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Provincia comenzó días atrás con el tratamiento de la ley de reforma del CIF, la que propone que la dirección de este cuerpo de investigación forense quede en manos de un fiscal penal, según el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, el que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

Al referirse al tema, Burgos insistió en que es necesario aprovechar la oportunidad histórica de fortalecer el sistema. “Este sería un camino adecuado para darle lugar a las medidas de prueba con la participación de todas las partes del proceso”, afirmó.

“Estamos frente a una oportunidad histórica de darle credibilidad al sistema a partir de la inclusión de un órgano colegiado. Es decir, que la dirección no solo va a estar a cargo de un fiscal sino también la defensa pública y la privada, a través de los abogados litigantes”, explicó.

Para Burgos, con esto se le daría el impulso que merece el CIF, un organismo encargado de llevar adelante las pericias oficiales en una investigación penal, pero hay que tener en cuenta que “en la mayoría de los casos, es muy difícil el control de las pericias por las otras partes en el proceso”.

Indicó que esa es una tarea “muy costosa, por lo que éste sería un camino adecuado para darle prioridad también a las medidas de pruebas que puedan realizarse fácil, rápido y con control de todas las partes”.

En cuanto al órgano colegiado que propone, sostuvo que el mismo podría pasar por el control del Consejo de la Magistratura. Eso quedará sujeto a la decisión legislativa, pero la idea es fortalecer ese organismo de investigación forense con todo un órgano colegiado”.

Dudas por el proyecto de Cornejo

Por otra parte, señaló un planteo confuso en el proyecto de reforma del CIF, pues “no está claro el requisito establecido por el artículo 154 de la constitución provincial, ya que si se trata de juez de cámara, la exigencia es de 30 años de edad y 10 años de ejercicio, mientras que para ser juez de primera instancia, ese margen baja, tanto en la edad como en el ejercicio. Ese aspecto no está claro”.

Por último, insistió que “el órgano colegiado debería integrar el Colegio Público de Gobierno del Ministerio Público y no depender exclusivamente de la Procuración General”, con lo cual rechazó la posibilidad de que el CIF siga bajo el control del procurador.