Monseñor José Luis Mollaghan de 73 años es el juez delegado del tribunal ad hoc que se constituyó para el proceso canónico abierto contra el cura Agustín Rosa Torino. Es el responsable de dictar sentencia en una de las causas más escandalosas. El caso tomó relevancia internacional al involucrar incluso al mismísimo Chapo Guzmán. 
Las denuncias contra Rosa Torino son por desmanejos de fondos en el instituto religioso que fundó, además de abuso sexual a seminaristas y una monja. Mientras el proceso penal intenta llegar a juicio, el canónico, asegura Mollaghan, avanza y este año podría tener sentencia.
El religioso fue arzobispo de Rosario desde el 2006, cargo que ocupó hasta el 2014 cuando el Vaticano encaró una investigación por presuntas irregularidades en manejos de fondos y “denuncias de maltratos” en su diócesis. Luego fue designado por el papa Francisco como miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que en aquel momento se estaba conformando. Si bien en un principio se barajó la posibilidad que fuera trasladado a Roma, Mollaghan permaneció en Argentina como miembro del colegio para el examen de recursos en materia de delitos graves que examina las apelaciones de eclesiásticos, acusados o condenados por “delicta graviora” (delitos más graves). 
Se asegura que Mollaghan representa a una facción conservadora de la iglesia, por lo que se opuso en el 2005 a la designación de Jorge Bergoglio como presidente de la Conferencia Episcopal. Las versiones de la mala relación con el papa Francisco fueron desmentidas por el religioso que fue compañero del jefe de la Iglesia Católica durante siete años en la curia bonaerense. 
Cuenta con una vasta experiencia en la iglesia ya que ocupó altos cargos. Fue secretario de la Conferencia Episcopal Argentina durante dos períodos, secretario de la Comisión Episcopal para la Universidad Católica Argentina, presidente del Consejo Jurídico de la Conferencia Episcopal Argentina y delegado ante el Consejo Episcopal Latinoamericano. Al ser el delegado en Argentina del organismo que se encarga de todas las acusaciones contra los integrantes de la iglesia a nivel mundial, en un contexto en el que las causas por pedofilia desbordan a la institución; lo hace uno de los religiosos con más conocimiento en la problemática. 
Ante las críticas arrojadas hacia la Iglesia por los lentos tiempos con los que se maneja con las denuncias de abuso, advierte que se debe a que se avanza a paso firme, en consonancia con lo que pide el Papa, y para garantizar que la víctima acceda a la verdad y la justicia.

¿En qué estado está la causa de Rosa Torino?
Se creó un tribunal ad hoc. La causa se inició hace 2 años, en el 2017 coincidentemente con la causa penal. Desde Salta se recibieron las denuncias y se elevaron los informes a la Santa Sede, fueron a la Congregación para la Doctrina de la Fe. El proceso canónico puede ser de dos maneras, puede ser judicial que se hace a través de un tribunal con jueces, o puede ser administrativo que son delegados para el proceso con sus asesores. Este es un proceso penal administrativo, correspondiente con el artículo 1720 del Código Canónico. Esta causa tiene varios ítems, el más importante es el referido a los abusos. Se tomaron pericias, testimonios, declaraciones de sacerdotes, ahora estamos similar a un juicio, nada más que es administrativo canónico. El proceso está encaminado. El defensor de Rosas en este proceso es el padre Luis González Guerrico. Cuando se comienza el proceso se va procediendo de acuerdo a los ítems que manda el derecho canónico. El comienzo del proceso después de la investigación previa es del 8 de junio del 2018, cuando se conforma quienes serán los integrantes del proceso de acuerdo a lo que dictó la Congregación para la Doctrina de la Fe. Antes, en el 2017 se hizo la investigación previa que la inició el monseñor (Luis) Stöckler y la terminó (Martín) De Elizalde como comisario apostólico 

¿Quienes son los delegados que juzgan a Rosa Torino además de usted?
Junto con el monseñor Ricardo Daniel Medina, que es el vicario de Justicia del Arzobispado de Buenos Aires y decano de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA), y Mauricio Landra, quien ha sido decano y profesor de Derecho Canónico de la UCA.

¿Cuándo habría sentencia?
Yo soy juez delegado en este caso, yo dictaría el decreto final. Al final del proceso el abogado defensor hace lo que se llama un alegato, terminado el alegato, los asesores dan su posición sobre el alegato y sobre las actas, más un encuentro para sopesar las pruebas que se llama así en el canon. Y finalmente el delgado, en base a lo que dicen los asesores, al alegato y a las pruebas que constan en las actas, da el decreto final. Se eleva todo con el decreto final a la Santa Sede para que ella decida. Esta es la primera parte, esto se envía a Roma que puede confirmar o mandar a enmendar. Ahí el abogado defensor tiene 60 días para apelar. Esto es lo que queda por delante. Yo espero que en el 2020 tengamos una respuesta. Siempre hay una mirada muy peculiar y atenta a la justicia que es canónica, pero coincide en muchos aspectos con la justicia civil. 

Se suele criticar la lentitud de los procesos canónicos
El proceso lleva bastante tiempo porque hay que tomar toda la documentación y estudiarla para llevar adelante todo lo que exige el derecho canónico. También hay exhortos a otras diócesis en las que ha tenido injerencia el instituto para que nos de elementos. Se continúa trabajando porque en Roma no hay vacaciones ni ferias. No es fácil recoger los elementos, las pruebas, los testimonios, sobre todo cuando hay que recurrir a otros países o como ahora en las épocas de fiestas que las personas han viajado. Finalmente, hay que ir paso a paso a medida que van surgiendo las pericias, los testimonios. Acá no nos vamos tanto a las instituciones que tuvo el instituto en diferentes lugares, sino a las personas que estaban en esos lugares. Lo que nos interesa es llegar a la verdad en estos procesos y para eso hay que tener todos los elementos. Se hizo un proceso que evidentemente requiere tiempo, el que no está en esto no comprende. Si a veces los procesos civiles tardan 10 años... Aquí estamos procediendo del modo más riguroso para llegar a la verdad, que es lo que pide el Papa, llegar de la manera más clara y determinante para que las presuntas víctimas tengan su reparación y la justicia. 

¿Por qué este caso se reservó para la Congregación para la Doctrina de la Fe y no a un tribunal ordinario?
El caso está reservado para la Doctrina, sino iría a los tribunales ordinarios de las diócesis. El instituto es de la Congregación para la vida consagrada, pero depende de la Congregación porque hay delitos reservados, sacramentorum tutela. La Congregación en algunos casos envía que se haga el juicio o proceso en las diócesis respectivas, a otros los toma y los autoriza a través de sus delegados, como en este caso para que se haga conforme al artículo 1.720 del código canónico. Según la materia, las circunstancias, las personas, etcétera. El código de derecho canónico da todas las normas, pero hay delitos que se reservan a la Congregación para la Doctrina de la Fe por decisión del Papa. Benedicto XVI hizo reformas, lo relativo a la edad, la prescripción, algunos delitos eran hasta los 16 años, ahora es a los 18, la prescripción se llevó a los 20 años, todo para favorecer que las víctimas accedan a la Justicia. Lo que siempre me gusta destacar es que acá lo importante es conocer, llegar a la justicia, llegar a conocer la verdad, y escuchar a quienes presuntamente han sufrido o son víctimas de tal manera que las preguntas y lo que se dice sea para llegar a la verdad de las cosas. Son puntos importantes porque uno podría estar revictimizando, repreguntando de nuevo, pero es justamente para llegar a la verdad de una situación en la que hubo dos personas, el que comete el delito y el que lo sufre.