La denuncia fue realizada por ANSES en Buenos Aires, donde revelaba que beneficiarios de comunidades aborígenes pagaban a terceros por los trámites para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia. En un trabajo coordinado por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N12, a cargo de Alejandra Mángano y la Unidad Fiscal Salta, representada por el fiscal federal, Eduardo Villalba, permitieron en abril distintos allanamientos y la posterior detención de tres personas.  

En los últimos días, y tras los resultados de las tareas, tanto en la capital salteña como en Embarcación, donde el equipo de trabajo de la fiscalía se constituyó para recibir las declaraciones testimoniales de más de 30 personas, Villalba solicitó la detención de otra dirigente del Club Central Norte de Embarcación, como así también la ampliación del objeto de investigación.

En virtud de ello, el juez federal de Garantías de Tartagal Carlos Martínez Frugoni ordenó la detención de Nancy Romero, prosecretaria del club, que se sumó a los otros acusados: el presidente de la entidad Jorge Moya, su pareja Moira Pabloff y el secretario Jesús Horacio Tarqui; se les habían imputado los delitos de estafa y fraude a la administración pública el 30 de abril pasado, al día siguiente de ser detenidos.

Los detalles de la investigación, que aún está en curso, fueron presentados por el fiscal Villalba en una segunda audiencia en torno a este caso, en la cual amplió el objeto de investigación; como así también sumó un nuevo delito, extorsión, a los cuatro acusados.

Se reparó en varias maniobras extorsivas, las cuales “rozan” el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en el cual la imposición de multas, por ejemplo, era un común denominador.

En ese sentido, Villalba explicó que los acusados habían montado un esquema de monitoreo y extorsión “aterradora”, en el cual se aplicaban multas o intereses a los beneficiarios que no cumplían con las exigencias instauradas por los imputados, que giraban no sólo respecto del dinero que debían entregar, sino con tareas específicas que debían cumplir.

Entre ellas señaló la de cortarle el pelo al comisario de la localidad, lo que explica, de alguna manera, por qué las denuncias que realizaron nunca tuvieron curso; el posteo de actividades del club, en especial nombrar a Moya, en sus cuentas personales de redes sociales; la asistencia a reuniones del club y la venta compulsiva de cartones de un bingo de esa entidad, entre otras.

La demora o incumplimiento de estas asignaciones, expresó Villalba, tenía su penalidad.

“Se aplicaban multas, algunas de $1000 pesos; el pago de intereses a los que no vendan determinada cantidad de cartones del bingo, mientras que otros castigos más duros consistían directamente en el bloqueo de la tarjeta de cobro”.

Este bloqueo de tarjeta de débito, lo cual era fácil de hacer a partir de la base de datos que los acusados habían construido, lo que “ejecutaban quizás con la complicidad del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”.

Una de esas multas, por ejemplo, “fue aplicada a la locutora de la radio, empleada por el club, quien tenía la obligación de hablar bien del club y de sus directivos, pero como su labor no era de su agrado, fue penalizada”, con lo cual se advierte la arbitrariedad con la que se manejaban los acusados.

Además el Fiscal pudo establecer que con el dinero que recaudaban de esta manera no solo se beneficiaban de manera personal sino que se comprobó el pago de sueldos a menos de 5 jugadores del club. 

“Tenemos por acreditado que parte de los fondos iban destinados a pagar a los jugadores del club, ya que se pudo comprobar que cinco jugadores perciben la remuneración a través de fondos de planes sociales, o bien, lo hacen a través de sus mujeres, con lo cual se desnaturaliza claramente el objetivo de los planes sociales” explicó.

El representante del MPF indicó que el poder extorsivo sobre los beneficiarios llevó incluso a que un presunto brazo ejecutor de los acusados, como sería el caso de Romero, haya seguido con el cobro irregular de las cuotas a los beneficiarios aún después de la detención de Moya, Pabloff y Tarqui.

Base de datos

Para el fiscal “el poder de los imputados también se ve manifestado en una gran base de datos que crearon, en la cual se encuentran todas las personas potencialmente destinatarios del plan social IFE o SSC. Esa base de datos comprendía fotocopia de DNI, fotos del documento, datos personales, las tarjetas de débitos y las claves de las mismas”.

En vista de todos estos elementos de prueba, y otros más expuestos a lo larga de una larga audiencia, el fiscal solicitó la ampliación del objeto de la investigación penal, pues las evidencias presentadas indicaron que el fraude correspondía también al cobro del Salario Social Complementario.

Asimismo, el MPF añadió a la acusación el delito de extorsión, aunque no descartó que a lo largo de la pesquisa surjan otros cargos. En vista de la prueba y acusación, el juez dio por formalizada la ampliación requerida por la fiscalía, como así también extendió la prisión domiciliaria de los acusados por dos meses más.