A la edad de 86 años el ex juez Ricardo Lona falleció el sábado en la ciudad de Salta. Figura emblemática del engranaje del terrorismo estatal durante la última dictadura cívico militar, el ex magistrado pasó sus últimos años en prisión preventiva, dictada siempre con la modalidad domiciliaria, acusado por delitos de lesa humanidad en tres causas judiciales. A pesar de que fue condenado en septiembre de 2019, mantuvo siempre el beneficio de la prisión domiciliaria.

“Obviamente la causa que tenía él va a quedar absolutamente en nada porque el señor ya no está y no se le puede hacer el reclamo pena correspondiente. En las cusas obviamente se sobresee por la extinción de la acción penal del principal acusado”, dijo en FM Pacífico el Fiscal Federal Carlos Amat, quien llevó adelante la causa contra Lona.

En Salta, Lona se desempeñó como juez federal de primera instancia desde 1975 hasta 1993 y luego como juez de Cámara hasta 2003, año en el renunció, tras una carrera judicial de más de 35 años, después de que en el seno del Consejo de la Magistratura de la Nación se promovieran denuncias en su contra relacionadas con la causa de Palomitas, supuestas irregularidades en un trámite de adopción y su intervención como albacea testamentario en la sucesión de César León Pereyra Rozas. En septiembre de 2019, uno de los tribunales cuya creación promovió como camarista lo condenó como presunto partícipe secundario del crimen de Miguel Ragone.

“El problema que hay con juzgar personalidades del Poder Judicial no es nuevo y hay que hacer una peregrinación constante para conseguir jueces o fiscales que quieran intervenir en esos procesos. El juicio se le hizo después de mucho batallar, conseguimos elevar la causa a juicio, hacer el juicio y condenar a este señor”, sostuvo Amat.

El pasado 16 de mayo, en un fallo revocatorio de la sentencia contra Ragone, la Cámara Nacional de Casación Penal remarcó que no se pudo probar que el exmagistrado haya sido parte del acuerdo para secuestrar y desaparecer al ex gobernador de Salta en marzo de 1976.

“Acá a quienes tienen que interpelar es a los jueces, yo tengo la conciencia tranquila. Los jueces son los que tardan siglos en resolver cosas que se podrían resolver mucho más rápido. Esto es triste por la familia de las víctimas porque obvio quieren justicia. Es una barbaridad lo que ha pasado”, aseguró el fiscal.