El próximo 15 de octubre se iniciará el juicio por la muerte de cuatro brigadistas ocurrido el 27 del mismo mes pero del año 2014. Serán juzgados Víctor Jesús de Ola Castro, Roberto Durnelli y Víctor César Dagum, que fueron imputados del delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público.

Las audiencias se extenderán hasta el 31 de octubre en el Salón de Grandes Juicio de la Ciudad Judicial, estará a cargo del juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, en representación del Ministerio Público Fiscal estará la fiscal Mónica Poma, mientras que defenderán a Ola Castro, los abogados, Domingo Vargas y Mario López Escotorín, mientras que los acusados Roberto Durnelli y Víctor Dagun serán defendidos por Ricardo Poclava.

Fernando Teseyra, Marcelo Arancibia, y Carlos Humberto Saravia oficiarán de querellantes y actoría civil.

El 27 de octubre de 2014, los brigadistas se habían constituido en el cerro conocido como "El Acheral", en Guachipas, donde tenían que apagar un incendio, que se había iniciado casi cinco días antes, sin que se pudiera controlar. Al día siguiente encontraron en la zona los cuerpos incinerados, que pertenecían a los brigadistas Mauricio Valdéz, Víctor Humberto Ferreyra, Martín Albarracín y Matías Daniel Vilte.

La acusación penal, fue elevada por las fiscales, Gabriela Romero Nayar y Mónica Poma, en contra de quienes ocupaban, en aquellos años, los cargos de subsecretario,Ola Castro y los jefes de los Programas de Brigada Forestal y de Defensa de Ambiente, Durnelli y Dagúm.

La causa penal, había sido cerrada en una primera etapa por parte de quien hizo la primera investigación Gabriel Portal y que luego tras nueva documentación remitida por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, entre ella la declaración de Alfredo Aparicio, un ex brigadista, la fiscalía reabrió el caso.

Portal se apartó de la causa y fue cuando el entonces procurador, Pablo López Viñals, designó a Romero Nayar, fiscal penal 1, y Poma, de Delitos Económicos Complejos, al frente de la investigación.

Las fiscales señalaron que como resultado de las distintas diligencias realizadas se logró incorporar a la causa suficiente constancia y documentación relacionada a la situación laboral, funciones y atribuciones de las personas fallecidas.

Las imputaciones a los tres ex funcionarios, se desprende del hecho de que los mismos eran los responsables de la asignación de funciones y afectaciones del personal, entre ellos Valdéz y Vilte, quienes "se encontraban afectados de manera casi permanente a la Brigada de Lucha contra los Incendios Forestales, incumpliéndose así con lo prescripto en el Convenio firmado por la Provincia en el marco del Plan nacional de Manejo del Fuego".

Esta hipótesis criminal no es sólo fundamentada por la documental reunida, sino por las declaraciones de los compañeros de tarea de Vilte y Valdéz, a quienes señalaron como los más "novatos", pero que "ya habían participado de varios incendios en el pasado, pero que laboralmente tenían otra condición".