La audiencia de imputación se celebró este miércoles en forma remota debido a que Prado se encuentra en la capital provincial. Por esa vía, el exjefe comunal se presentó con abogado particular y se abstuvo de declarar. Sobre ello, se dejó constancia en un acta que firmó el fiscal Cazón.
El fiscal penal inició de oficio la investigación penal, a partir de las declaraciones públicas del comisionado interventor del Departamento Ejecutivo del Municipio de Aguaray, Adrián Ariel Zigarán, referidas al déficit y endeudamiento generado en ese ámbito por el exintendente Jorge Enrique Prado.
Para ello, tuvo en cuenta distintas publicaciones hechas en medios de comunicación, entre las que se precisa que a través de un informe dado a conocer por el interventor del municipio de Aguaray, Adrián Zigarán, el exjefe comunal, Jorge Enrique Prado “recibió en diciembre de 2019 un municipio totalmente saneado y con depósitos bancarios en las cuentas del municipio que alcanzaban los 7.900.000. Diez meses más tarde y al ser intervenido, el déficit es de 19 millones de pesos sin que aún se haya determinado los compromisos que dejó mediante la emisión de cheques diferidos que tendrán vencimiento en los próximos meses”.
Y agregan las publicaciones que motivaron la actuación noticia criminis del fiscal, que “por el momento solo se tiene certezas de que el exintendente de Aguaray se fue dejando una deuda de unos 5 millones de pesos con los 300 planilleros y que corresponden a los meses de agosto y setiembre, a los que se suma ya el mes de noviembre con lo que el municipio deberá conseguir en forma más que urgente unos 7 millones y medio de pesos”.
Zigarán también reveló sobre gastos de combustible que “no se puede gastar más de $240.000 pesos por mes; pero la gestión anterior nos arroja que en 10 meses gastaron 4 millones de pesos en combustibles. Pero eso corresponde solo al pago con cheques y todavía no sabemos si no se han hecho transferencia bancarias por ese mismo concepto”. Prado también habría dejado deudas salariales con personal de planta permanente; personas contratadas y concejales del municipio.
Entre algunos datos contemplados en la investigación, consta que “más de la mitad de la deuda tiene carácter de delicada y urgente”, compuesta por: un descubierto bancario (cubierto con adelanto de coparticipación); plan Aguaray Trabaja (debería cancelarse con urgencia, el mes de agosto se pagó en octubre); retroactivos de sueldos no pagados de febrero a abril; saldos impagos por sueldos de septiembre; remuneraciones adeudadas a concejales (en algunos casos de marzo); retenciones laborales de ATE, UPCE y SOEM y proveedores de bienes y servicios esenciales sin órdenes de pago, con cheques emitidos y rechazados por valores entregados con pocas probabilidades de pagos en el corto plazo, entre otras irregularidades.
