En la audiencia de debate seguida contra Gabriel “Chirete” Herrera, imputado por homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por el género en perjuicio de Andrea Edith Neri, el psiquiatra Walter Rodolfo Salaberry, quien examinó al imputado después del crimen perpetrado en una celda de Villa Las Rosas, señaló que no advirtió en el interno ningún sentimiento de culpa por lo que hizo.

Además descartó que el individuo haya cometido el crimen en estado de emoción violenta, con lo cual se confirma con más fuerza que actuó con premeditación y alevosía. "En este caso no se daría esa figura, porque se trató de un acto calculado", subrayó.

Salaberry, según precisó El Tribuno, contó que aquel 5 de enero de 2017, cuando el femicida fue trasladado desde la cárcel hasta la Alcaidía de Tribunales, adoptó la conducta típica del psicópata: la manipulación. "Lloraba y amenazaba con quitarse la vida, yo dispuse que se lo aislara, no porque el interno tuviera ideas fijas de quitarse la vida, sino por la amenaza de manipulación para obtener un beneficio secundario", dijo.

También se lo consultó si Herrera podría tener una personalidad psicótica. "El psicótico es alguien que está enfermo, que delira y tiene alucinaciones. El psicópata, en cambio, es una persona que tiene un juicio normal, que no tiene ninguna patología y que comete hechos violentos, como homicidios o violaciones", dijo.

En ese sentido el psiquitra fue categórico en sus expresiones al señalar que Chirete no es una persona enferma, y que tuvo plena conciencia de lo que hizo.

Debate por las visitas íntimas

En torno a las visitas de Andrea Neri a “Chirete” Herrera, se supo que a pedido de un primo de la joven, que estaba preso, en octubre de 2015 se prohibió el ingresó de la joven. Por esta situación el femicida inició una huelga y fue así que el 31 de diciembre de ese año se dejó sin efecto esa restricción. La medida fue dispuesta por el jefe de pabellón, Héctor Augusto Franco, y el subjefe del departamento de seguridad y vigilancia, Fernando Daniel Velázquez Fernández. Ambos están imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En tanto, el inspector general Vicente Marcelo Burgos, informó El Tribuno, explicó que hasta antes el 5 de enero de 2017 cualquier interno podía tener acceso a visitas íntimas, sin tomar en cuenta su conducta. “Siempre se tomó en cuenta que las visitas sirven de contención de los presos”, argumentó.

Expectativa por la sentencia

El tribunal tiene previsto terminar hoy con la recepción de pruebas testimoniales, mañana realizar la audicencia de alegatos y el viernes dar a conocer la sentencia.

Fuente: Informate Salta