En su turno de alegar, el primero en la audiencia que se sigue contra los ex funcionarios de la Subsecretario de Defensa Civil, Víctor Ola Castro, Víctor César Dagum y Roberto Durnelli por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, la fiscal sostuvo que los acusados “violentaron los deberes que tenían como funcionario públicos” y pidió dos años de prisión, desestimando la acusación de homicidio culposo.
Ola Castro, Dagum y Durnelli, son juzgados por el hecho ocurrido el 27 de octubre de 2014, cuando una cuadrilla de la Subsecretaría de Defensa Civil combatía un incendio forestal en inmediaciones del cerro “El Acheral”, en la localidad de Guachipas, donde murieron los brigadistas, Mauricio Valdez, Matías Vilte, Víctor Ferreyra y Martín Albarracín.
Aseguró que el Plan Nacional de Manejo de Fuego, dispuesto por Ley 26.815, disponía claramente las responsabilidades de los acusados, quienes estaban al frente de los tres programas que eran la autoridad de aplicación de dichas responsabilidades.
Resaltó que el reproche penal que se advierte del caso, en cuanto a la situación contractual de dos de las víctimas, no radica en el contrato en sí, sino en la forma en que se ejecutó. “El reproche está dirigido como se ejecutó esos contratos, lo que evidencia una clara omisión de dar cumplimiento a la normativa nacional”.
También indicó que la acusación penal, la de incumplimiento de deberes de funcionario público, está probada para los tres acusados, ya que los mismos habían consolidado “una práctica coordinada, una política laboral consensuada”, en la cual, si bien en los contratos mencionaron que circunstancialmente los contratados debían ayudar en tarea de combate de fuego, los acusados había hecho de esta excepción la regla.
Dijo que esta práctica irregular se mantuvo durante los 206 incendios que combatieron los trabajadores de la Subsecretaría, sin que en ningún momento, los acusados decidieran cambiar y tomar decisiones diferentes, acorde a la ley, sino que mantuvieron un sistema que no correspondía con lo exigido por las normativas nacionales.
Penas
De esta manera, y tras mencionar a numerosos testigos y otras pruebas para sostener su alegato, la fiscal penal solicitó para los tres acusados la pena de 2 años de prisión condicional por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público” y el doble de inhabilitación para la función pública.
Por otra parte, rechazó la posibilidad de condenar a los tres ex funcionarios por el delito de homicidio culposo, como lo plantearon las querellas, por entender que el “nexo causal” que exige esta acusación más grave no se pudo probar en el debate.
