La Corte Suprema de Justicia decidió que el juez Germán Castelli continúe en su cargo en el Tribunal Oral Federal 7 porteño (TOF7) hasta tanto se dicte una sentencia definitiva, en una resolución dada a conocer hoy, tras haber aceptado el per saltum pedido por el magistrado el 29 de septiembre último.

“Se hace lugar al recurso extraordinario por salto de instancia, se revoca la sentencia recurrida, y se ordena la suspensión de los efectos de la resolución 183/2020 (del Consejo de la Magistratura) hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa”, definieron cuatro de los cinco jueces del máximo tribunal.

La sentencia fue firmada electrónicamente luego de la acordada habitual de los jueves por Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, en tanto el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia.

Castelli pidió a la Corte un salto por instancia para que el máximo tribunal declarara inválida la medida del Consejo de la Magistratura que pidió la revisión de su traslado, junto a los de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.

Pero, a diferencia de la decisión que tomó respecto a los casos de los jueces Bertuzzi y Bruglia, el máximo tribunal postergó su resolución sobre la situación de Castelli y el planteo deberá volver al juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal que conduce Macarena Marra Giménez, que había rechazado la medida cautelar en primera instancia para que el juez regresara al TOF7.

Así, la jueza Marra Giménez será quien adopte una decisión sobre el fondo del amparo que aún no había sido resuelto.

Castelli no fue ascendido con su traslado, como sucedió en el caso de los magistrados Bertuzzi y Bruglia -pasaron de jueces a camaristas-, sino que pasó de una jurisdicción a otra (desde el juzgado federal del partido de San Martín a un tribunal oral federal nacional).

Si bien la Corte no resolvió hoy el pedido de Castelli para que declaren válido su traslado, al anular la resolución del Consejo, el juez queda habilitado para regresar automáticamente al TOF hasta que se expida el tribunal de primera instancia.

Castelli fue quien más cerradamente se opuso a la suspensión de su traslado y alertó sobre una “maniobra política” para alejarlo de las causas por corrupción que recayeron en su juzgado y denunció que se afectaban sus garantías como juez de la Nación al violar el principio de “inamovilidad” de los magistrados.

La jueza Highton de Nolasco, en su propio voto, remarcó los argumentos de Castelli cuando en su presentación ante la Corte señaló que la revisión del Consejo “es nula de nulidad absoluta, por cuanto pretende modificar de manera arbitraria una situación jurídica consolidada, pues su traslado fue dispuesto mediante un acto administrativo que se encuentra firme”.

También señala la única mujer de la más alta instancia judicial del país que Castelli recordó en su presentación que la legalidad del procedimiento llevado a cabo para su traspaso fue respaldada por las acordadas 4/2018 y 7/2018 de la misma Corte.

En tanto, el voto en disidencia de Rosenkrantz también remite a su voto en minoría en el fallo de Bertuzzi y Bruglia, en en el que el presidente del tribunal supremo señaló que “el único órgano constitucional investido de la potestad de revisar la validez de traslados es el Poder Judicial de la Nación y, en última instancia, esta Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El propio Rosenkrantz impulsó los recursos presentados por los jueces cuando el 22 de septiembre convocó a sus pares a a un “acuerdo extraordinario” para analizar sus presentaciones y, luego, en las sucesivas instancias del expediente, apoyó las pretensiones de los magistrados cuestionados.

Este fallo se suma al del martes, en el que la Corte resolvió que tanto Bruglia como Bertuzzi pueden quedar como magistrados de la Sala I de la Cámara Federal porteña hasta tanto se elijan sus reemplazos por el trámite constitucional y encomendó al Consejo que se aboque a esa tarea.

El máximo tribunal entendió con su resolución que existe un "único" procedimiento para designar jueces que consiste en la selección de una terna de aspirantes por parte del Consejo de la Magistratura, la elección de un candidato o candidata por el Ejecutivo y el acuerdo del Senado para su designación, un proceso que en los casos de los dos magistrados no se cumplió.