Revirtieron la situación penal de los cinco trabajadores “golondrinas” que llegaron a Salta como repatriados, dos de ellos de forma irregular al no estar dentro del listado oficial de pasajeros, siendo uno de estos el portador del 4° caso de coronavirus que se registró en la provincia semanas atrás.
La Unidad Fiscal de Salta representada por Francisco Snopek, lleva adelante la impugnación de una resolución, la cual redujo la calificación penal de los cinco imputados, por violaciones a las medidas sanitarias por el COVID-19. La decisión judicial impugnada fue adoptada por el juez federal de Garantías 1, Julio Bavio, quien admitió parcialmente la acusación.
La fiscalía, al realizar la acusación, lo hizo en el marco del artículo 205 del Código Penal, que se aplica para las infracciones a las medidas sanitarias preventivas, y también por “propagación de una enfermedad peligrosa”, calificación que se impuso de igual modo a los dos choferes y el dueño de la empresa, quienes viajaban junto a los salteños.
La imputación fue aceptada en primer lugar por Bavio pero, en la audiencia de clausura, consideró que no existía el concurso real sino ideal y redujo la calificación penal a solo el delito de infracción de las medidas sanitarias. Así, la expectativa penal cayó de una posible condena máxima de 15 años de prisión a 2, lo que sería incluso de cumplimiento condicional.
Así, se dispuso entregar el colectivo secuestrado a su propietario, en calidad de depositario judicial, con lo cual desechó el pedido formal de la fiscalía de que sea decomisado. Cabe señalar que, sobre el dueño del micro y los choferes, Snopek había sostenido que violaron las medidas “anti epidémicas adoptadas por las autoridades nacionales en el marco de la emergencia sanitaria” por la pandemia.
