En un año en que se destaparon nuevos casos, como el de los sacerdotes José Carlos Aguilera de la Pastoral de la Universidad Católica y Fernando Páez de Tartagal, las denuncias de abusos eclesiásticos lograron avances inéditos en la Justicia por un lado y por otro sufrieron dilaciones que generaron malestar de los denunciantes.

Los allanamientos en el arzobispado de Salta por la causa Lamas o en el obispado de Orán por presunta estafa en el caso Zanchetta, mostraron una firme decisión judicial de ir hacia adelante en los casos de abusos eclesiásticos.

Aunque, por otro, algunos hechos movieron la balanza y mostraron una contracara. Uno de ellos es el estancamiento dela causa de Agustín Rosa Torino, que no logra llegar a juicio a pesar de haber más de 50 testigos a la espera.

En cambio, una de sus denunciantes, la exmonja Valeria Zarza, llegó antes que él a ser enjuiciada por un presunto abuso sexual. Su causa quedó desestimada en pleno juicio por el propio fiscal Federico Obeid, que pidió la absolución por "no haber pruebas suficientes". Zarza había señalado que la denuncia era una causa que le habían armado por haberse animado a denunciar a Rosa Torino. Mientras, la Corte debe definirse sobre la prescripción de dos casos: el de Aguilera y el de Emilio Lamas.

La causa que avanza más rápido es la del obispo Gustavo Zanchetta, aunque con dilaciones. La causa por trata contra el cura Eduardo Balbi sigue en investigación en el fuero federal.

Agustín Rosa Torino

Proceso penal: el fundador del instituto Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista fue denunciado por 2 exseminaristas y una monja. Estuvo detenido entre diciembre de 2016 y agosto de 2017. Está imputado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y por abuso sexual simple, ambos agravados por ser ministro de culto. Espera el juicio en libertad.
Dos semanas después de dictar la prescripción para el cura Aguilera, el juez de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, Adolfo Figueroa, declaró nulo el requerimiento de juicio contra Torino y argumentó: “Se desconoce con precisión en qué consistieron los hechos de los que se lo acusa, si ellos lo fueron con intenciones libidinosas”. El pedido de juicio se había realizado en base a numerosas pericias técnicas sobre teléfonos; computadoras; cámaras, inspecciones oculares; además de las pericias psicológicas y la recepción de más de 50 testimonios. La fiscal Verónica Simesen de Bielke, de la UDIS 2, y Cecilia Flores Toranzos, de la UDIS 3, insistieron ante la jueza de Garantías N°1, Ada Zunino, con el pedido de juicio.
Proceso eclesiástico: en el 2017 comenzó la etapa de instrucción a cargo del comisario pontificio Luis Stockler y luego de Martín de Elizalde. En junio del 2018 la Congregación de la Doctrina para Fe designó a Monseñor José Luis Mollaghan, Ricardo Daniel Medina y Mauricio Landra a cargo del proceso, que podría tener sentencia el año próximo. 

Emilio Lamas

Proceso penal: el sacerdote fue denunciado en el 2017 y, luego de que se hiciera público el caso, se sumó una segunda denuncia en 2018. Fue imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, ambos agravados por ser ministro de culto y por promoción a la corrupción de menores.
Presentó un pedido de prescripción que en dos instancias anteriores, por parte de la jueza Claudia Puertas y luego el juez Omar Silisque, lo rechazaron. Ahora es la Corte de Justicia la que debe definir sobre la prescripción. Según fuentes judiciales, no hay una fecha definida.
La decisión de la Corte no suspende el proceso y la fecha de juicio que se dio a conocer recientemente indicó que se haría del 7 al 22 de mayo. El sacerdote espera el juicio con prisión domiciliaria en el barrio Juan Manuel de Rosas. 
Por insistencia de la querella, este año se hizo lugar a un inédito allanamiento al arzobispado de Salta para acceder a las actas del juicio eclesiástico, en el que habrían más víctimas que en el fuero penal.
Proceso eclesiástico: el Tribunal Eclesiástico le quitó el estado clerical luego de un juicio canónico en el que se afirma que firmó una nota de autoinculpamiento. La decisión fue apelada por el religioso y que ahora debe definir la Congregación de la Doctrina para la Fe del Vaticano. 

Eduardo Balbi

Proceso penal: la primera denuncia de filiación que tenía el sacerdote y que publicó este matutino, derivó luego en denuncias de abuso en Joaquín V. González en la década del ‘80 y en el barrio Villa Primavera en los 90. En posteriores investigaciones se supo además de denuncias por una posible connivencia en los supuestos abusos del religioso de un médico del hospital local y un farmacéutico. Las denuncias anónimas señalaron que los adolescentes llegaban drogados al hospital y el entonces médico a cargo disimulaba el estado con otros diagnósticos. Por estas denuncias, se allanó el hospital de Jaoquín V. González. 
Asesorado por los abogados de la Iglesia, el arzobispo Mario Cargnello derivó el caso a la Justicia Federal por la sospecha de la existencia de una red de trata. La causa está a cargo de Eduardo Villalba, de la Fiscalía Federal N°2.
Proceso civil:  en el juicio de filiación promovida por Cristian Vizgarra, el sacerdote no se presentó hasta la tercera audiencia, en la que se le extrajeron muestras de ADN. Se aguardan los resultados. 
Proceso canónico: el cura fue suspendido en su estado clerical por el Tribunal Eclesiástico de la arquidiócesis de Salta a la que pertenece. Se derivaron las noticias y parte de las actuaciones judiciales a la Congregación de la Doctrina para la Fe, que debe decidir si se comienza la etapa de instrucción que consta de recolección de pruebas y testimonios.

Gustavo Zanchetta

Proceso Penal: el obispo abandonó la diócesis de Orán por “motivos de salud” para irse a Roma como asesor de la inmobiliaria del Vaticano. El Tribuno destapó que en realidad se había ido por denuncias de desmanejos económicos, abuso sexual a seminaristas y abuso de poder. Luego de que se hiciera público el caso, dos exseminaristas presentaron denuncias y se lo imputó por abuso sexual simple agravado por ser ministro de culto. El juez Claudio Parisi le otorgó el permiso de volver al Vaticano por haber presentado un “certificado laboral”; aunque el Vaticano aseguró que estaba separado de sus funciones. La fiscal del caso, Soledad Filtrín, solicitó que se dictara su captura internacional, ya que no respondía llamados y mensajes, medida que quedó sin efecto porque el religioso finalmente se presentó ante la Justicia y nuevamente regresó al Vaticano.
Paralelamente se cursa una investigación financiera, por la que se allanó el obispado de Orán. Se resuelven algunas cuestiones procesales apeladas, pero el juicio, aseguran, se haría en 2020.
Proceso eclesiástico: la investigación preliminar estuvo a cargo del obispo de Tucumán, Carlos Sánchez, quien ya derivó todas las actuaciones a la Congregación de la Doctrina para la Fe en Roma. Según el papa Francisco, al ver las pruebas recolectadas ordenó “él mismo” que se abriera el juicio canónico pero a cargo de otras personas por tratarse de un “compatriota”. 

José Carlos Aguilera

Proceso penal: en febrero de este año, luego de que este medio publicara la noticia de que el sacerdote enfrentaba un juicio canónico por denuncias de abuso, se le hicieron dos denuncias penales por abuso sexual. Los hechos denunciados habrían ocurrido mientras era sacerdote de la localidad de Campo Santo, en 1997. La fiscal lo imputó por abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple. Ante las denuncias penales fue detenido y un grupo de conocidos del religioso se convocó en las puertas de Ciudad Judicial para apoyarlo. Luego fue puesto en libertad bajo consigna ambulatoria. Su caso despertó polémica en el seno judicial cuando el juez Adolfo Figueroa, de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, dictó la prescripción de la causa. Mientras que otro juez de la misma sala, Omar Silisque, rechazó la prescripción para el cura Emilio Lamas. La Corte de Justicia deberá decidir sobre la prescripción del caso.
Aguilera se desempeña en la Pastoral de la Universidad Católica de Salta y es reconocido en el ambiente político.
Proceso eclesiástico: se asegura que son entre cuatro y cinco denuncias asentadas en este fuero. La primera acusación se presentó en 2016, antes de que incluso existiera el Tribunal Eclesiástico local. Fuentes eclesiásticas aseguran que la sentencia está próxima a dictarse. 

Fernando Páez

Proceso penal: luego de que se destapara el caso de Zanchetta, un exseminarista de Tartagal denunció al sacerdote de su misma comunidad por abuso sexual. El joven aseguró que el religioso actuó en complicidad con el exobispo de Orán también denunciado, Gustavo Zanchetta. El joven denunció presiones y amenazas por parte de ambos religiosos. Además, señaló, tuvo fuertes depresiones e intentos de suicidio.
Se creará para investigar este caso una unidad fiscal especializada, que está conformada por la Fiscalía Penal 1 de Tartagal y las Fiscalías Penales 1 y 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual cargo de Federico Obeid y María Cecilia Flores Toranzos respectivamente.
El caso está aún en la etapa de instrucción con la realización de diferentes pericias psicológicas y psiquiátricas.
Proceso eclesiástico: se asegura que contra Páez pesan antecedentes de suspensión por denuncias de abuso en el ambiente eclesiástico. En septiembre, el mismo joven que lo denunció penalmente lo denunció eclesiásticamente ante el obispo de Orán, Luis Scozzina. Será el mismo obispo quien realice la investigación preliminar, que derivaría en un posterior juicio que estaría a cargo de un tribunal eclesiástico. Esto, si así lo solicitara el religioso que actuará como fiscal. 
El sacerdote fue trasladado a la parroquia de la localidad de La Unión. 

La causa Lamas ya se toma como precedente

Llegará a juicio en mayo, pese a que el hecho denunciado ocurrió en 1991.

Uno de los debates jurídicos que se generaron a partir de los casos de abusos eclesiásticos es el de la prescripción de las causas iniciadas contra los sacerdotes. Actualmente la Corte de justicia debe decidir sobre este punto en dos casos de curas acusados de abuso sexual: José Carlos Aguilera y Emilio Lamas.
En Entre Ríos, la Justicia le negó la prescripción al sacerdote Justo Ilarraz luego de que se le dictara la pena de 25 años de prisión por abusos sexuales y corrupción de menores contra siete seminaristas. Los hechos habían ocurrido entre 1984 y 1993 y la defensa del sacerdote apeló ante la Corte Suprema de Justicia.
Al cura Lamas también se le negó la prescripción en dos instancias previas a la Corte. Uno de los magistrados que le negó el pedido fue Omar Silisque, de la Sala IV del Tribunal Impugnación, mientras que otro juez de la misma Sala, Adolfo Figueroa, le concedió la prescripción al sacerdote Aguilera.
En mayo del 2017, Juan Carlos García denunció al sacerdote por abuso sexual con acceso carnal. Esto, según la presentación, sucedió en el paraje El Alfarcito, de Rosario de Lerma, en agosto de 1991. El exmonaguillo también lo denunció por otro hecho ocurrido en la parroquia de Rosario de Lerma, en septiembre de ese mismo año.
“Fue muy difícil llegar a este estado y que no haya seguridad jurídica, a pesar de antecedentes nacionales que han creado doctrina. Todo el material jurídico de derecho era muy nuevo en este aspecto y hubo que hacer mucha interpretación de derechos humanos”, indicó el abogado de los denunciantes de Emilio Lamas, Luis Segovia. 
El letrado destacó que a pesar de los vaivenes por las diferentes interpretaciones, se logró que el caso sea tomado como referencia. 
Jueces penales y profesores de Tucumán tomaron la causa como ejemplo. “De esto han aprendido mucho los funcionarios judiciales, fiscalías como juzgados. Tanto es así que a Obeid (fiscal a cargo de la causa Lamas) lo pusieron como colaborador de todas las otras causas”, aseveró Segovia.
Para el letrado, el caso sienta un “precedente jurídico importante” en el debate sobre la prescripción. Los abusos sexuales, de acuerdo con las estadísticas del Poder Judicial, son los delitos que menos se denuncian. 
Segovia hizo hincapié además en que, en estos casos, los impedimentos para hacer la denuncia son mayores por tratarse de un referente espiritual.
“Es grave porque es un abuso sexual, el más gravemente tipificado y por la connotación de la persona que lo comete, con autoridad dentro de la sociedad y que hace muy difícil que se la denuncie”, aseveró.
En el caso de Juan Carlos García, además, se expuso la inacción judicial al momento de los hechos. “Hay testigos de policías que no quisieron tomar la denuncia, o como la jueza Silvia Bustos Rallé. Entonces habría una responsabilidad del Estado grave si no hubiera resolución. No es un abuso sexual como cualquiera”, concluyó el abogado.