El martes 28 de abril, en horas de la madrugada, los policías Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra llegaron hasta la vivienda de Rosa del Milagro Sulca, en Villa Mitre. Jamás imaginaron que en esa casa, donde llamaron a la puerta sin obtener respuestas, se produciría -o se estaba produciendo- un despiadado y atroz crimen contra una maestra de 48 años. Al cabo de algunas horas fueron imputados y detenidos. Tras más de dos semanas de prisión fueron liberados ayer.
En la misma jornada del femicidio, desde el Ministerio Público Fiscal ordenaron que una Unidad Fiscal, integrada por Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, investigara el accionar de los uniformados. Fueron detenidos acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, ambos en calidad de autores. Si bien siguen sospechados, ayer desde el Juzgado de Garantías Primera Nominación, a cargo de Ada Zunino, ordenaron su libertad.
“Al doctor Abel Cornejo evidentemente le molestó que se desnuden irregularidades, lo que hacen mal sus fiscales. Se llevaron a cabo actuaciones que no fueron correctas y tenemos a gente honesta, policías con experiencia, detenidos”, había manifestado el legislador Gustavo Orozco.
El femicidio de Rosa Sulca generó reacciones dispares. Desde diferentes frentes salieron a defender el accionar de los efectivos de la zona este, por una parte; mientras otros exigían el castigo de los uniformados por presumir que no actuaron como debían, ambos habían sido imputados y privados de su libertad. Distintos actores salieron a escena, desde el procurador de la provincia, Abel Cornejo, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, y el diputado Gustavo Orozco, y los vecinos de esa zona y los salteños en general, quienes se expresaron en las redes sociales, periódicos y micrófonos sobre el brutal asesinato de la maestra Rosa Sulca, la misma que minutos antes de su muerte clamó por su vida tras llamar al 911 sin obtener respuesta.
Al tiempo que los efectivos de la cuarta eran liberados, tres policías del 911 y dos civiles del área de Denuncia Ciudadana fueron imputados y deberían declarar entre hoy y mañana ante los fiscales de la Unidad Especial. Una fuente cercana a la investigación le dijo a El Tribuno que, de acuerdo a lo manifestado por testigos que declararon ayer, la fiscal Simesen de Bielke solicitó a la jueza Ada Zunino la liberación de Sanhueso y Vizgarra.
El interrogante que surge casi por decantación es: ¿Por qué actuaron con tanta celeridad privando de la libertad a los efectivos de la 4ta.? ¿Por qué los nuevos sospechosos fueron imputados sin ser detenidos? ¿Los fiscales decidieron las detenciones de los policías sin tener elementos suficientes?
Hasta el momento hay dos detenidos, una menor de 17 años, quien le habría sacado el teléfono a Sulca cuando la mujer pedía auxilio a los gritos, y un joven de 20 años, ambos acusados de ser coautores del femicidio de la maestra, quien antes de recibir 17 puñaladas fue salvajemente golpeada. ¿El móvil del crimen? Hasta el momento se habla de un crimen en situación de robo, sin embargo los investigadores no descartan ninguna hipótesis.
En medio de la tirantez entre los distintos organismos y actores, hay un mensaje que es clave. Esa madrugada Vizgarra y Sanhueso fueron informados sobre que había “problemas familiares” en la casa de Rosa Sulca, en ese sentido los efectivos habrían “naturalizado” la situación y al no tener respuestas a sus llamados regresaron a la dependencia.
Voy a insistir con el sobreseimiento”
Desde un primer momento el doctor Nicolás Vedia, defensor técnico de Antonio Sanhueso, sostuvo que su defendido -y por ende el otro policía- no debió haber recibido dicha imputación y solicitó no solo su libertad sino también su sobreseimiento en la causa. “No corresponden los delitos que se le imputan, porque no es aplicable por las circunstancias de los hechos, lo que llamamos la parte fáctica. Puede ser cualquier otra infracción pero no los delitos que le imputaron”, le dijo a El Tribuno.
“En ambos delitos -incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte- se necesita del dolo y ninguno existe. Ellos cumplieron con el protocolo y con la normativa procesal penal de la provincia. No registraron delito y por ende no actuaron porque no había elemento alguno desde el momento en que ellos pudieron verificar”, dijo Vedia, y agregó: “Voy a insistir con el pedido de sobreseimiento y el cambio de calificación legal”.
Una unidad para investigar “dichos”
En medio del fuego cruzado, el diputado provincial Gustavo Orozco, expolicía y quien preside la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, se expresó sobre el caso Sulca. A raíz de sus declaraciones, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso la creación de la Cuarta Unidad Fiscal de Colaboración, conformada por los fiscales Mónica Poma, Elisa Pérez y Leandro Flores.
“El legislador de Rosario de la Frontera, Orozco, realizó declaraciones vinculadas al caso Rosa Sulca, en las que consideró que los policías imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte ‘cumplieron correctamente con el protocolo’ y repudió el accionar de los fiscales”, expresaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Desde el MPF señalaron que “el diputado acusó a uno de los fiscales, sin nombrarlo, de ‘fugar’ el audio del llamado al 911 en el momento en el que Rosa Sulca pide ayuda al Sistema de Emergencias, y anticipó que pedirá la intervención de la comisión de Juicio Político”.
