Un allanamiento ordenado por la Justicia Federal que se cumplió ayer a la mañana en la Clínica del Neurodiagnóstico (Jujuy 144) destapó un nuevo escándalo de fraude millonario en el que están denunciados funcionarios auditores del PAMI y los responsables del centro médico salteño, Emilio Benítez y Daniel Tolaba.
En este caso la malversación a la obra social de los jubilados que se denuncia tiene tres ejes y con consecuencias que habrían derivado en atenciones deficientes a pacientes e incluso en víctimas fatales.
Por un lado, la investigación que lleva adelante el juez federal Nº 1, Julio Leonardo Bavio, junto al fiscal federal Nº 2, Eduardo Villalba, trata de establecer la veracidad de una supuesta sobrefacturación por internaciones. Según la denuncia que inició la causa, presentada por una extrabajadora jerárquica de la clínica, se habrían aumentado de manera apócrifa la cantidad de días en que los pacientes permanecían en la unidad de terapia intensiva (UTI) al fin de incrementar la facturación.
De acuerdo a los expedientes del caso, a los que pudo acceder El Tribuno, se denunció que de manera sistemática se habrían falsificado datos de internados, para sumar entre tres y cuatro días el tiempo que estaban en la UTI, cuando en realidad ya habían sido trasladados a una área con menor complejidad.
La otra línea investigativa tiene que ver con la supuesta adulteración de las facturaciones por medicamentos a la obra social. Se acusa a los responsables de la Clínica del Neurodiagnóstico de comprar solo el 40% de la provisión necesaria de remedios, pero se habría facturado al PAMI como si se hubiera administrado el 100% de los insumos a los afiliados atendidos. Se sostiene, además, que el establecimiento no tendría la farmacia habilitada, por lo que no podría adquirir psicofármacos y que éstos serían obtenidos, según la denuncia, de manera ilegal e incluso supuestamente robados al hospital San Bernardo.
El tercer frente de la causa es que la clínica no cumpliría con los requisitos de higiene y seguridad del Programa de Fiscalización y Control de Calidad de los Servicios de Salud (Proficcssa) para poder funcionar.
Esto es de una gravedad superlativa ya que en esa falta se pone en juego la vida de los pacientes que pueden contraer alguna infección intrahospitalaria. Por normativa, el PAMI no puede trabajar con un centro médico no habilitado por las autoridades sanitarias. Más aún, la clínica no tendría que funcionar sin esa certificación.
El Ministerio de Salud de la Provincia está al tanto de esa falta, al igual que el PAMI y la Municipalidad capitalina. Los dos últimos organismos ya notificaron a la clínica para que se ponga en regla, aunque no hubo avances al respecto.
Otro escándalo para la obra social
En la causa de los bioquímicos, el PAMI también quedó en el ojo de la tormenta.
La denominada causa de los bioquímicos, que se conoció también tras un allanamiento judicial realizado en laboratorios y consultorios salteños en marzo de 2017, puso a la luz un modus operandi para defraudar los fondos del PAMI a través de facturaciones truchas como las que se repiten en el último caso de la Clínica del Neurodiagnóstico.
Un año después que se iniciara la investigación sobre tres bioquímicos y un médico por defraudación a la obra social de los jubilados, en marzo pasado, el juez federal subrogante Wenceslao Cardozo procesó a los cuatro profesionales de la salud.
De acuerdo a la imputación, los bioquímicos con la complicidad del médico habrían emitido órdenes de análisis de laboratorios falsas. Incluso se detectó un estudio con el nombre de un afiliado fallecido. El monto de la supuesta estafa supera los $3 millones.
Si bien en ese caso fue el PAMI el que se presentó como querellante, el escándalo estalló por una auditoría que realizó la Asociación de Bioquímicos de Salta en la que surgieron innumerables anomalías en las órdenes médicas y análisis de laboratorio. La obra social reaccionó y dispuso una investigación interna, aunque luego no se supo si es que se descubrió a algún auditor que pueda haber hecho la vista gorda ante la defraudación millonaria en los programas que se deben pagar con fondos del sistema previsional.
Una situación similar se presenta con la investigación de la Clínica del Neurodiagnóstico, en la que llama la atención que se puedan vulnerar tan fácilmente los controles de las facturaciones. Acá también la causa se arma tras una denuncia privada y es el PAMI el que luego reacciona.
Según pudo averiguar El Tribuno, en la obra social de los jubilados se abrió un proceso administrativo para dilucidar las posibles responsabilidades en las laxas auditorias.
