La jueza María Servini ordenó este miércoles la captura internacional de Fabián Rodríguez Simón a los fines de tomarle declaración indagatoria. También dispuso la inhibición general de todos sus bienes. La decisión de la jueza es consecuencia directa de la movida que hizo “Pepín”, señalado como operador judicial del ex presidente Mauricio Macri, cuando anunció que pedía asilo político en Uruguay.

Según la resolución a la que accedió Infobae, la jueza decidió “declarar rebelde” a Rodríguez Simón y ordenar su captura nacional e internacional. Así dispuso oficiar al Ministerio de Seguridad de la Nación para que por su intermedio se notifique a las fuerzas de seguridad la medida y oficiar al Jefe del Departamento de INTERPOL de la Policía Federal Argentina. Se resolvió librar exhorto internacional en los términos de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal a efectos de solicitarle a las autoridades que correspondan de la República Oriental del Uruguay que, de manera muy urgente, se proceda a la localización de Fabián Jorge Rodríguez Simón y se prohíba su salida de ese país”.

Aunque el operador judicial de Macri todavía está en Uruguay, trascendió que realizó consultas con abogados para conocer los beneficios de adherirse a la ley del arrepentido, por lo que no se descartaba que si regresa a Buenos Aires puede declararse “imputado colaborador”.

La orden de la jueza incluyó también un congelamiento sobre sus cuentas bancarias y una inhibición de sus bienes. También se dispuso el levantamiento del secreto bancario y se dispuso que el Director General de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación que “arbitre los medios necesarios para notificar las medidas cautelares aquí dispuestas a todos los registros asentados en el territorio nacional e identifique los bienes que posea Rodríguez Simón”. Se instó al al Presidente del Banco Central de la República Argentina Miguel Pesce que “arbitre los medios necesarios para que con carácter muy urgente libre una circular ‘d’ a todas las entidades financieras del territorio nacional”.

“Rodríguez Simón recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, lo cual reitero fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021″, sostuvo la jueza en su resolución. “Los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público – aún no determinada fehacientemente – no puede ser entendida como suficiente para estos fines. Entonces, su planteo es absolutamente improcedente, y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación, en un caso en el que, luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina ‘persecución política’”

El fallo fue comunicado al ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá para que notifique a las autoridades del Parlamento del Mercosur: Pepín es diputado del Parlasur. Un detalle: la Corte resolvió en 2016 que los legisladores del Parlasur no tienen fueros, en una campaña que promovió Cambiemos. Ante eso, el ex funcionario fue hoy a una dependencia judicial uruguaya para notificar que tiene en curso un pedido de asilo político en curso.

Rodriguez Simón se fue de la Argentina el 8 de diciembre del 2020. Está siendo investigado por la jueza Servini y el fiscal Guillermo Marijuan por una denuncia que promovió el empresario Fabián De Sousa cuando aún estaba detenido. Allí De Sousa acusó al ex presidente Mauricio Macri de encabezar una asociación ilícita que decidió desapoderarlo de sus bienes y, ante su resistencia, actuó en connivencia con la justicia para meterlo preso. El fiscal Marijuan dio curso a la investigación y ordenó recolectar testimonios y pruebas. También se dispusieron cruces telefónicos.

Fue en marzo cuando apenas llegaron los cruces telefónicos de Pepín que la jueza Servini ordenó citarlo a indagatoria, el mismo día en que Macri reaparecía con el lanzamiento de su libro “Primer Tiempo”. En esos cruces telefónicos aparecen 10.738 llamadas durante tres años y medio -entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019- con un grupo de “interlocutores comunes y frecuentes”. Además de distintos funcionarios del Gobierno Nacional, figuraba 59 comunicaciones con el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, a quien él propuso para llegar al máximo tribunal y con el que mantenía una amistad previa -el juez fue al casamiento de la hija de Rodríguez Simón-.

El análisis de las comunicaciones incluían una segunda parte con más involucrados de la causa, entre ellos el propio Macri. Fue una discusión compleja entre las partes hasta que la Cámara Federal entendió que se podía estudiar los telefónicos del ex presidente y otros en ciertas fechas claves que sostiene la denuncia. La defensa de Macri y otros impugnaron esa decisión pero la semana pasada la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el último planteo para cuestionar esa prueba.

En ese contexto, y con la indagatoria postergada para el 17 de junio (inicialmente era el 26 de mayo), Rodríguez Simón hizo pública una carta en donde aseguraba que solo buscaban meterlo preso apenas se presentara en indagatoria y por eso decidía no volver a la Argentina.

La decisión de Pepín generó indignación en el oficialismo. Hasta Cristina Kirchner salió a repudiarlo, recordando todas las veces que ellas y otros de sus ex funcionarios desfilaron por Comodoro Py en los años del macrismo. La figura de Héctor Timerman, ex canciller y enfermo de cáncer, que volvió al país para declarar ante el juez Claudio Bonadio en la causa del Memorándum y se le ordenó su detención domiciliario, estuvo presente en esas recriminaciones.

Pero las voces oficialistas no fueron las únicas que cuestionaron a Rodríguez Simón. El ex candidato de Macri en las elecciones pasadas, el ex senador Miguel Pichetto y actual integrante de la Auditoría General de la Nación, cuestionó abiertamente a Rodríguez Simón.

En ese contexto, la jueza Servini resolvió ordenar la detención de Rodríguez Simón. Hizo un repaso de la denuncia en su contra, su citación a indagatoria y la orden de prohibirle la salida del país a raíz de una solicitud de la querella en manos del abogado Carlos Beraldi.

“Los hechos que aquí se investigaban eran de grave trascendencia institucional, puesto que se denunciaron diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos que involucraban a diversos organismos de la estructura del Gobierno e incluso al entonces Presidente de la Nación, en desmedro de un grupo empresario y los titulares de esas empresas. En ese marco, se habría logrado establecer que Fabián Jorge Rodríguez Simón, diciéndose representante del entonces Presidente, Ing. Mauricio Macri, habría participado de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestaba las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos”, sostuvo Servini.

“Se le hizo saber a la defensa de Rodríguez Simón que debía extremar los recaudos para asegurar que su asistido, el día fijado para que prestase declaración indagatoria se encuentre en el territorio nacional, como así también informar el lugar actual residencia en la República Oriental del Uruguay y la labor que estaba desarrollando”, afirmó Servini.

Su defensa informó que Rodríguez Simón vive en la calle Ituzaingó 1377, Piso 4 de la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, que se dedicaba a asesorar inversores argentinos allí radicados, como así también a uruguayos y europeos, sobre oportunidades, condiciones, y marcos jurídicos para realizar y estructurar negocios en la Argentina, y también trabajaba en el desarrollo de un proyecto comercial, junto a otros inversores en Maldonado, y de un emprendimiento inmobiliario turístico en el departamento de Rocha.

Pero luego de que se le cambiara la fecha de indagatoria para el 17 de junio, su defensa anunció oficialmente ayer (antes lo hizo ante la prensa) que Rodríguez Simón le había comunicado que se había acogido al régimen de Asilo como Refugiado Político en los términos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

A criterio de Servini, hay elementos suficientes para ordenar su detención. No solo porque viajó a Uruguay en diciembre el 2020 “sin haber dado aviso de dicha circunstancia al Juzgado, como sí lo había hecho anteriormente” sino porque “recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, lo cual reitero fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021, a través de la presentación que anteriormente se referenciara”.

A esto, la jueza resaltó que “Fabián Rodríguez Simón tiene herramientas procesales en el país (de diverso tipo) para articular estos planteos dentro del ámbito del proceso penal, es decir, del Poder Judicial de la Nación, poder autónomo del poder político respecto del que presenta o plantea sus sospechas (Art. 1 de la Constitución Nacional)”

“Debo hacer notar en este caso no resulta parte ningún miembro del Poder Ejecutivo Nacional. Así, entiendo que están dadas las condiciones para decretar su rebeldía y ordenar su inmediata captura nacional e internacional; eventual y oportunamente se solicitará la correspondiente cooperación judicial internacional”, añadió.